Estado
Inician campañas para elección del Poder Judicial
La ciudadanía podrá votar por jueces y magistrados por primera vez donde 201 aspirantes compiten por 87 cargos en todo el estado
Por: Redacción
Este martes 29 de abril, han iniciado formalmente las campañas para la elección judicial en la cual se pondrá en votación popular quienes ocuparan los cargos dentro de dicho poder.
En total hay 201 aspirantes buscando quince puestos magistrales en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 69 cargos de juezas y jueces de Primera Instancia.
En datos oficiales de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón electoral actualmente consta de 2 millones 218 mil ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar.
Las campañas de este proceso atípico tendrá un periodo activo de 30 días que comprenderán del 29 de abril al 28 de mayo y que concluirán un día antes del día de la elección.
Los organismos electorales marcaron los límites de gastos de campaña en 258 mil 518.70 pesos mexicanos a todos los que aspiren los cargos de elección y para los jueces de Primera Instancia se fijó un máximo de 146 mil 119.32 pesos.
Solamente tienen permitido promover sus perfiles a través de internet y la plataforma oficial “Conóceles” que fue habilitada este martes y cuya función principal es que la ciudadanía consulte la trayectoria de cada perfil.
La elección tiene contemplados a 13 distritos y uno de ellos con sub distritos a lo largo de todo el estado y en cada uno, se han asignado entre 12 y 13 cargos de jueces de carácter laboral, civil, penal, familiar y mercantil basándose en criterios de paridad de género.
Sobre los cargos en elección, el Supremo Tribunal de Justicia contará con 15 magistraturas que deberán revisar además de resolver inconformidades en segunda instancia en temas penales, civiles familiares y mercantiles.
En otra instancia, los 69 juzgados de Primera Instancia se distribuyen de la siguiente manera: 12 en materia familiar, 7 en civil, 2 dentro de la parte de oralidad mercantil, 2 en oralidad civil y familiar y 4 encargados en los temas mercantiles tradicionales.
También se contará con 9 juzgados mixtos cuyo trabajo es atender asuntos civiles, familiares, mercantiles y penales tradicionales.
Además existirán 23 cargos penales destinados a los tribunales de oralidad los encargados de juzgar todo lo relacionado con robo, homicidio, violación y fraude.
Habrá 4 cargos para tribunales laborales, 1 para penal tradicional, y 3 para juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, encargados de dar seguimiento a las sentencias dictadas.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial hay tres puestos de magistrados en disputa que será el órgano encargado de las investigaciones y sanciones de las conductas irregulares de quienes se encarguen de juzgar permitiendo mantener la eficacia del Poder Judicial.
Cabe agregar que es la primera elección de esta clase y la primera donde la población podrá participar dentro de los procesos del Poder Judicial.
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El diputado aseguró que la normativa está perfectamente tipificada, y ya le corresponde a las autoridades de justicia determinar los casos en que sea violada
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano fue cuestionado con respecto de la apodada “Ley Serrano”, después de que en los últimos días, se realizaran varios arrestos por el presunto uso indebido de contenido realizado con inteligencia artificial (IA).
El legislador aseguró que la normativa está perfectamente tipificada para que las autoridades de justicia (no el Congreso) determinen si se realiza una violación legal mediante el uso de estas herramientas.
Explicó que abarca cuando se pone una voz distinta en un video a la del material de origen, se generan imágenes alteradas o construidas enteramente con IA con el objetivo de crear incertidumbre o una falsa idea en la sociedad.
Recalcó que será cuestión de la procuraduría determinar si se hace una mala utilización de la inteligencia artificial o no, contando con los elementos necesarios para poder llegar a una resolución.
Dentro de la ley, se establece el término de “alarma social
Afirmó desconocer los pormenores de los casos recientes que involucraron el arresto de algunas personas, remarcando que ese es un proceso que le corresponde a los entes judiciales.
Señaló que el objetivo de la iniciativa era proteger la seguridad pública y la integridad de los potosinos, aunque subrayó que se hizo respetando la libertad de expresión.
Asimismo, destacó que no fue una propuesta que únicamente fuera autorizada por él, sino que se fue a la votación correspondiente, donde fue aprobada por la mayoría del Congreso del Estado.
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Piden a estudiantes y familias denunciar formalmente los casos, el director dijo que la institución solo puede aplicar sanciones administrativas
Por: Redacción
Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach), aseguró que durante la actual administración se han separado de sus cargos a 16 docentes y trabajadores administrativos por conductas indebidas, principalmente relacionadas con hostigamiento y acoso sexual.
El funcionario afirmó que el subsistema implementó una política de “cero tolerancia” ante este tipo de casos y sostuvo que actualmente buscan fomentar entre estudiantes y padres de familia una mayor cultura de la denuncia.
Centeno Trejo explicó que, aunque algunas recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos continúan abiertas por los procesos en curso, todas han sido atendidas por la institución.
“Somos la institución que más docentes y administrativos hemos separado”, declaró al señalar que las sanciones aplicadas corresponden principalmente a casos de hostigamiento y acoso sexual detectados dentro de los planteles.
El director del Cobach reconoció que en administraciones anteriores pudo existir mayor permisividad frente a este tipo de conductas, pero sostuvo que actualmente la postura institucional es distinta y busca actuar de manera inmediata cuando existen señalamientos.
Asimismo, indicó que el Colegio de Bachilleres únicamente puede aplicar sanciones administrativas o ceses laborales, mientras que las investigaciones penales deben ser impulsadas por las familias ante las autoridades correspondientes, debido a que en muchos casos las víctimas son menores de edad.
“Impulsamos a las alumnas, alumnos y padres de familia a que continúen con las denuncias”, expresó.
Finalmente, reiteró que el objetivo es garantizar espacios escolares más seguros y prevenir cualquier conducta que vulnere la integridad de las y los estudiantes dentro de los planteles educativos.
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Existen varias propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios, incluida la formalizada por Morena
Por: Redacción
En el contexto del debate nacional sobre la verificación de la probidad de candidaturas, el diputado Héctor Serrano Cortés en San Luis Potosí señaló que diversas iniciativas locales siguen una línea similar a la planteada a nivel federal, aunque deberán analizarse dentro de los tiempos legales establecidos.
Explicó que actualmente existen varias propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios, incluida una iniciativa formalizada por Morena, además de una previamente promovida por el CEPAC y aprobada desde noviembre. Indicó que el dictamen ya votado en comisiones se enfoca en atender el veto del gobernador y aspectos de temporalidad relacionados con la igualdad sustantiva.
El legislador precisó que las iniciativas en discusión buscan aplicarse en una legislación que entre en vigor en 2027.
En ese marco, subrayó que una de las principales preocupaciones es la posible infiltración del crimen organizado en espacios políticos
Aclaró que el planteamiento sobre la probidad no está relacionado con señalamientos en medios o plataformas digitales, sino con un tema de institucionalidad. En ese sentido, sostuvo que el Estado mexicano cuenta con las herramientas necesarias para realizar revisiones, aunque existe desconfianza por tratarse de instituciones vinculadas al poder.
Finalmente, afirmó que su postura es distinta, al considerar que las instituciones son resultado de procesos históricos y deben ser fortalecidas para garantizar procesos electorales más confiables.
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