noviembre 3, 2026

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Impugnan registro de 16 prencandidatas de Morena en SLP

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Ante el TEPJF fue presentada una queja por la ampliación de la convocatoria y el aplazamiento de la decisión de quien representará al partido en la gubernatura.

Por: Redacción

Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue impugnada la convocatoria interna de Morena, esto luego de que la Comisión Nacional de Elecciones del partido decidiera ampliar el registro de interesadas y se inscribieran 16 perfiles más el pasado lunes, los cuales se unen a los tres ya registrados anteriormente.

El principal causante de dicha queja fue la reapertura de inscripciones a la precandidatura por la gubernatura en SLP, así como el haber postergado la fecha para develar el nombre de quien sería la abanderada del partido.

Cabe recordar que entre las interesadas por contender, se encuentran

: Mónica Liliana Rangel Martínez, ex secretaria de salud del estado, Paloma Rachel Aguilar Correa, ex funcionaria del SAT, así como Luz María Lastras Martínez, directora del Registro Civil, Teresa Carrizales Hernández y Angélica Mendoza Camacho, diputada local, también María Josefina Banda Zermeño, Adriana Domínguez Castillo, Margarita Domínguez López, Norma Valles, Pilar Valdez Martínez, Blanca Rosa López Gallegos, Maricela Oliva Espinosa, Yeraldi Rodríguez Alonso, Blanca Leticia Rocha Velázquez, Alejandra Adams Gallegos y Juanita Salazar Chávez.

Lee también: Impugnación contra proceso de elección de candidata de Morena avanza

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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP

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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna

Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)

Por: Ana G Silva

Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.

Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.

Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.

Más caro por solicitud en otros estados

La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.

En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.

Lo que el censo no mide

El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.

A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.

Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.

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Congreso del Estado

Aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre; mínimo es de 15 días

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El adelanto del aguinaldo para El Buen Fin depende de las condiciones de cada empresa, detalló el diputado César Arturo Lara

Por: Redacción

El sector productivo de San Luis Potosí cuenta con condiciones para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, consideró el diputado César Arturo Lara Rocha, quien estimó que la mayoría de las empresas se encuentran preparadas para cubrir estas obligaciones laborales.

El legislador señaló que las empresas formales suelen anticipar sus presupuestos desde meses antes para garantizar el pago a sus trabajadores, por lo que previó que el cierre de año transcurra sin mayores inconvenientes en esta materia.

Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el monto mínimo para las personas trabajadoras sujetas a esta legislación equivale a 15 días de salario. La prestación puede ser mayor cuando así lo est ablezcan los contratos o las condiciones laborales.

Lara Rocha llamó a los empleadores a cumplir con esta obligación dentro del plazo legal y garantizar que sus trabajadores reciban el pago correspondiente.

Sobre la posibilidad de adelantar el aguinaldo para que las personas puedan aprovechar las promociones de El Buen Fin, indicó que depende de las condiciones de cada empresa. Añadió que no todos los trabajadores tienen acceso a este beneficio, particularmente cuando no existen contratos colectivos que contemplen acuerdos de esa naturaleza.

El diputado también señaló que el pago de esta prestación contribuye a incrementar la circulación de recursos y dinamizar la actividad económica durante la temporada de fin de año.

Aunque el legislador previó un cierre sin contratiempos, su pronóstico corresponde a una estimación sobre el comportamiento del sector productivo y no a un balance de cumplimiento de las empresas.

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Ciudad

Villa de Pozos aprueba reglamento para prevenir el maltrato animal

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El documento establece obligaciones sobre alimentación, salud, protección, descanso y resguardo

Por: Redacción

El Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó por mayoría de votos el Reglamento para la Protección y Bienestar de los Animales, con el que se establecerán obligaciones para las personas responsables de animales y mecanismos para prevenir el maltrato y fomentar la tenencia responsable.

La aprobación se realizó durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal. De acuerdo con la presidenta concejal, Paty Aradillas Aradillas

, el documento fue elaborado con la participación de las comisiones de Gobernación y de Ecología y Bienestar Animal.

Entre sus disposiciones, el reglamento establece lineamientos relacionados con la alimentación, salud, protección, descanso y resguardo de los animales, además de señalar la necesidad de que cuenten con espacios adecuados para su bienestar.

Aradillas señaló que uno de los objetivos es promover una cultura de respeto y cuidado animal desde una perspectiva de salud pública, así como generar conciencia sobre las responsabilidades que implica tener animales y evitar prácticas que pongan en riesgo su integridad.

El documento también contempla la integración de un comité con participación ciudadana, que contribuirá a vigilar la aplicación y funcionamiento del reglamento.

Con esta aprobación, Villa de Pozos contará con un instrumento normativo municipal específico en materia de protección animal. Sin embargo, el boletín no detalla las sanciones previstas para quienes incumplan sus disposiciones, las autoridades responsables de aplicarlas ni la fecha en que entrará en vigor.

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Opinión

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