Once empresas ofrecerán vacantes con prestaciones y opciones de mejores ingresos durante la séptima Jornada de Reclutamiento, este 8 de septiembre

Por: Redacción

El Gobierno del Estado acercará nuevas oportunidades laborales a mujeres potosinas mediante la séptima Jornada de Reclutamiento, que se realizará este 8 de septiembre con la participación de 11 empresas que ofrecerán vacantes, prestaciones y opciones para acceder a mejores ingresos.

La actividad es organizada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), y se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en el patio central de Semujeres.

El encuentro tendrá lugar en Jardín Colón número 23, en el barrio de San Miguelito, donde las mujeres interesadas podrán conocer las vacantes disponibles y establecer contacto directo con las empresas participantes.

La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, señaló que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantienen acciones para vincular a las buscadoras de empleo con empresas que ofrecen alternativas laborales formales.

De acuerdo con la dependencia, estas jornadas buscan acercar opciones de contratación y generar condiciones que contribuyan a mejorar los ingresos, la autonomía económica y el bienestar de las familias potosinas.

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La reforma amplía las medidas de protección y establece que las órdenes deberán revisarse de manera individual mientras persista el riesgo para las víctimas

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y evitar prácticas de revictimización durante los procesos de denuncia, atención, investigación y juzgamiento.

Las modificaciones buscan armonizar la legislación estatal con el marco jurídico federal y ampliar los conceptos relacionados con los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

Uno de los principales cambios consiste en incorporar el concepto de revictimización, entendido como aquellas acciones u omisiones, intencionales o no, que reproducen, agravan o prolongan el daño sufrido por una persona víctima de un delito, violación a los derechos humanos o situación de violencia.

El Congreso señaló que estas prácticas pueden presentarse durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión de los casos, particularmente cuando intervienen autoridades, instituciones, medios de comunicación o el entorno social.

La reforma contempla como posibles actos de revictimización los tratos indignos, la culpabilización de las víctimas, interrogatorios innecesarios, la exigencia de relatar repetidamente hechos traumáticos, la exposición pública de su identidad, retrasos injustificados y negligencia institucional, además de estereotipos de género y actos de discriminación.

También se incorpora el concepto de violencia simbólica, como una forma de discriminación estructural que se reproduce mediante prácticas, mensajes, valores, símbolos y representaciones que refuerzan estereotipos de género y relaciones desiguales de poder.

Las modificaciones establecen además nuevas disposiciones para fortalecer las órdenes de protección en casos de delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas deberán mantenerse vigentes durante el tiempo necesario para garantizar la reparación del daño o mientras persista la situación de riesgo.

De esta manera, las órdenes de protección no deberán levantarse automáticamente por el paso del tiempo, sino que tendrán que revisarse de manera individual, privilegiando la máxima protección de los derechos de las víctimas.

La reforma también establece condiciones de accesibilidad en los refugios destinados a mujeres víctimas de violencia, que deberán contar con personal traductor o intérprete de lengua materna o de Lengua de Señas Mexicana.

En caso de que los refugios no cuenten directamente con personal especializado, podrán solicitar apoyo a las instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar que ninguna mujer enfrente barreras de comunicación para acceder a servicios de protección y atención.

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El SECESP revisará durante los próximos 30 días hábiles la documentación para determinar cuáles cumplen con el ingreso mínimo de 14 mil pesos mensuales

Por: Redacción

Al cierre del plazo establecido para acreditar el salario mínimo de las corporaciones municipales, 24 ayuntamientos entregaron información al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) para demostrar que sus policías reciben al menos 14 mil pesos netos mensuales.

El primer corte, realizado al 1 de septiembre de 2026, señala que la documentación presentada contiene elementos preliminares para acreditar el ingreso establecido. Sin embargo, el cumplimiento todavía deberá ser validado por el SECESP mediante una revisión técnico-jurídica.

Los municipios que entregaron documentación son Aquismón, Axtla de Terrazas, Cedral, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, Santa María del Río, Santo Domingo, Tamasopo, Tanlajás, Villa de Pozos, Villa Hidalgo, Xilitla, Zaragoza, Cerritos y Rayón.

Por su parte, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez ya acreditan el sueldo establecido conforme al decreto

A partir del cierre del plazo, el SECESP contará con 30 días hábiles para revisar la documentación presentada y emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de cada ayuntamiento.

Una vez concluida la revisión, el organismo deberá informar los resultados al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), que determinará lo conducente respecto de aquellos municipios que no logren acreditar el cumplimiento del salario establecido.

La revisión permitirá determinar si la documentación presentada por los ayuntamientos corresponde efectivamente con el ingreso neto mínimo requerido para sus elementos de seguridad pública.

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