El senador potosino destacó la medida para combatir delitos graves y proteger a la población de México

Por: Roberto Mendoza

Con 94 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, el Senado aprobó la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Durante la votación la bancada del PAN rompió su cohesion y voto dividida por primera vez en lo que va de la legislatura.

La medida, derivada de una iniciativa presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año, elimina el narcomenudeo y la defraudación fiscal como delitos que ameritan esta medida, pero mantiene la extorsión, el contrabando y el uso de facturas falsas. Asimismo, incorpora actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo.

En entrevista exclusiva para La Orquesta, el senador potosino Gilberto Hernández explicó los alcances de esta reforma y su impacto en la seguridad de los ciudadanos: “Lo que estamos buscando es proteger del delito a la población. Con esta ley resguardamos la tranquilidad de los comerciantes, sobre todo los pequeños, y del pueblo en general, particularmente frente a extorsionadores, un delito que ha crecido en todo el país. Lo que la gente quiere es sentirse segura, y nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de defenderlos.

El objetivo es resolver situaciones críticas, como cuando hay víctimas de delitos graves como el secuestro o la extorsión. Estas personas suelen ser amenazadas, y con esta medida, las estamos protegi endo de posibles represalias. Queremos quitarles esa presión para que no vivan con temor.

Actualmente hay muchas personas sometidas al terror del cobro de piso, como los limoneros en Michoacán, un caso muy representativo. Esta ampliación de la prisión preventiva ayuda, en cierta medida, a resolver ese problema.

Además, es necesario combatir a quienes se han hecho millonarios de la noche a la mañana con facturación apócrifa. Este delito debe ser investigado a fondo, especialmente cuando estos individuos se benefician de favores políticos. Sin embargo, es importante aclarar que esta medida no va dirigida a quienes pagan sus impuestos correctamente.

No se trata de instaurar un terrorismo fiscal, sino de perseguir a quienes han construido grandes fortunas mediante el fraude fiscal y el abuso de las leyes.

En San Luis Potosí y en todo el país, esta reforma ayudará a enfrentar a quienes fabrican facturas falsas, extorsionan o secuestran, y que en muchos casos se enriquecen ilícitamente en poco tiempo. Se trata de garantizar que estos delitos sean perseguidos y castigados como corresponde”.

El dictamen aprobado establece que los jueces deberán ordenar la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión, contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, como su expedición, compra o enajenación. También se incluyen operaciones inexistentes o simuladas en los términos establecidos por la ley. La norma precisa que su interpretación debe ceñirse estrictamente al texto, es decir, tomarse de manera literal, prohibiendo cualquier modificación, suspensión o interpretación.