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¿Hay posibilidad de legalizar la eutanasia en SLP y México?
#CultoPúblico, ¿usted conoce las diferencias entre eutanasia, suicidio asistido y la Ley de Voluntad Anticipada? Aquí se lo explicamos y abrimos la conversación sobre este polémico tema que parece ser apoyado por la 4T
Por: Ana G Silva y Karina González
La eutanasia de acuerdo con la Real Academia Española es “la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”, pero también es definida como “la muerte sin sufrimiento físico”, pero, también, es posiblemente la discusión más ríspida, pero no sonora, en un mundo que avanza a otorgar libertad de decisión plena a su población, incluso por delante de la legalización del aborto, la maternidad subrograda o los matrimonios igualitarios. Solo en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y Nueva Zelanda este procedimiento es legal.
En México esta práctica es ilegal, aunque se cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, la cual consiste en permitir a los pacientes de enfermedades terminales tomar la decisión de ser sometidos o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida. Esta legislación también está vigente en San Luis Potosí.
La diferencia entre la eutanasia y la Ley de Voluntad Anticipada consiste en que la primera considera como un derecho humano la decisión de tener una muerte digna, mientras que la segunda solo considera la suspensión de procedimientos médicos.
Amparo Espinosa Rugarcía, directora de la organización nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), dijo a La Orquesta que la eutanasia es un tema complejo, incluso en Países Bajos, lugar en dónde más a avanzado es muy debatido: “Lo que puedo decir es que pediría que lean mucho qué es y qué no la eutanasia, otra posibilidad es el suicidio asistido. La eutanasia es cuando el médico te aplica el medicamento y el suicidio asistido es cuando te lo deja y tú lo aplicas, en Suiza está permitido el suicidio asistido, pero no la eutanasia”.
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, desde julio de 2009, en San Luis Potosí existe la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal, que establece que “bajo el principio de la dignidad de todo ser humano, regula el derecho de las personas a ejercer su libertad y autonomía, en cuanto a decidir someterse a tratamiento o procedimiento médico al momento de encontrarse en fase terminal”. Para rechazar el tratamiento se debe concretar el documento “Premortem” establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley. No obstante, esta ley cuenta con varios impedimentos, uno de ellos es que los médicos pueden oponerse a dicha acción, por lo que es obligación de la Secretaría de Salud vigilar que en las instituciones exista personal dispuesto a cumplir con la voluntad señalada en términos de Ley. Además es estrictamente necesario tener una enfermedad terminal para acceder a ello.
Ningún legislador o legisladora en la historia del Congreso del Estado ha siquiera propuesto alguna iniciativa en favor de la eutanasia; sin embargo, en la Ciudad de México Nazario Norberto Sánchez y Ricardo Fuentes Gómez, diputados locales de Morena, presentaron una iniciativa en el mes de septiembre de este año para que en la Constitución local, la eutanasia se considere como garantía de una muerte digna.
En julio de 2018, la senadora Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyaría la aprobación de la eutanasia en todo México; pues actualmente en el país se puede sancionar penalmente a aquellos que ayuden a morir a una persona.
Amparo Espinosa dijo que el tema de la eutanasia ha avanzado en México en el sentido que hay más conciencia de la muerte, pues de acuerdo a una encuesta a nivel nacional realizada hace 5 años en su página, el 75% de la población estaría a favor de legalizarla; además de que se han hecho algunas modificaciones en la Constitución, incluyendo frases como “derecho a una muerte digna y autonomía del paciente”.
“Que tengas una mayoría a favor de la eutanasia a que ocurra pasará tiempo, porque tiene que conseguirse el impulso desde el Congreso, pero en el sentido de la conciencia de la población y de que cada vez hay más debates alrededor del tema es un avance, ya se habla de la eutanasia como una posibilidad cuando antes no se podía ni mencionar, aquí el tema no es que tan rápido se apruebe sino que tan rápido se aprueba bien, porque se tiene que hacer con el cuidado como merece el tema”.
La presidenta de DMD indicó que el proceso de aprobación de la eutanasia se podría acelerar en una circunstancia como la ocurrida con la despenalización del aborto, en la que la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un caso específico, lo que generó una jurisprudencia que obliga a los congresos estatales a homologar sus leyes locales.
“Hay una serie de requisitos, es un proceso largo, porque hay factores como una persona con enfermedad terminal con dolor, que tengan cierta edad, con qué enfermedad. Solo mira en Colombia cuando se aprobó que a una mujer se le autorizó y a la mera hora se canceló, es un tema complicado”.
Amparo destacó que muchas personas se han acercado a su asociación para buscar ayuda en este tema: “en la Constitucion de la Ciudad de México se incorporó el tema del derecho a una mierte digna, mucha gente lo equiparó con que estaba legalizando la eutanasia, cuando son diferentes, una muerte digna puede ser cualquier cosa y las personas nos buscaron para tener esa posibilidad”.
QUÉ OCURRE EN SLP
Este medio cuestionó a los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso de San Luis Potosí si están dentro de la agenda el análisis para discutir o en su caso aprobar o no la eutanasia, no obstante, todo indica que ni siquiera cuentan aún con un posicionamiento concreto.
“Es uno de los temas importantes que está en la agenda, de hecho el próximo fin de semana estaremos abordando temas delicados como este”, adelantó el diputado Eloy Franklin Sarabia, quien forma parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y agregó que llevar el tema al Pleno implicaría atravesar por un amplio análisis con la ciudadanía para conocer su opinión sobre el tema.
El legislador señaló que la eutanasia implica distintos conceptos que se tendría que definir y la Legislatura debería definir tiene intención de abordar el tema, indicó que son distintos conceptos los que habría que conocer como la eutanasia y la muerte asistida, sin embargo reconoció que son temas “polémicos, fuertes, delicados y muy ambiguos”, donde los diputados tendrán que dar certeza a la población:
“Lo principal es escuchar la opinión de la gente, estas comisiones se caracterizan por eso, por escuchar a todos los ciudadanos y los distintos organismos y colectivos”, afirmó Eloy Franklin.
Gabriela Martínez Larraga, diputada del Partido Redes Sociales Progresistas y presidenta de la mencionada comisión, reconoció que no es un tema que esté en la agenda de la comisión, aunque sí uno que se ha escuchado en otros estados de la República.
“No es un tema que este ahorita arriba en la agenda, pero si hay una solicitud de algún ciudadano o colectivo lo atenderemos, pero ahorita no es un reclamo ciudadano”, dijo la diputada, quien agregó que la responsabilidad de la Legislatura es escuchar a todos, en cuanto se presente. “Es un tema que debe revisarse desde varios puntos de vista. Soy muy sincera, ahorita no es un reclamo de la sociedad”, finalizó.
LA EUTANASIA EN EL MUNDO
Los Países Bajos fueron la primera nación en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido que ha sido una práctica tolerada desde 1985; sin embargo, fue una ley completa hasta 2002. Un mes después, Bélgica siguió el camino, aunque no fue hasta 2014 que el Senado belga extendió la ley de eutanasia a los niños con enfermedades terminales. Luxemburgo aprobó la eutanasia en 2009 y Canadá en 2016.
Para Latinoamérica, el único país que despenaliza la eutanasia es Colombia desde 2015; en este tema recientemente suspendió de último momento la eutanasia que debía recibir Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años con una enfermedad degenerativa que tenía planeado morir el pasado 10 de octubre, aunque su enfermedad no fuera terminal.
Los países más recientes en legalizarla son España y Nueva Zelanda: el país europeo tuvo su primer paciente en recibir la eutanasia en marzo de este año, llamado Javier Serrano, de 58 años, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA); por su parte en Nueva Zelanda la eutanasia comenzó a ser legal el 7 de noviembre pasado.
Como se mencionó anteriormente, en Suiza el suicidio asistido está legalizado y no se requiere la intervención médica para llevarlo a cabo, pues de ser así se contempla un castigo a menos de que sea por razones “altruistas”.
Finalmente, hay países donde la eutanasia sigue siendo ilegal aunque es permitida en algunos de sus estados como en Australia y Estados Unidos.
En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026
Por: Ana G Silva
El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.
El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.
En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.
Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.
Una tercera parte del gasto ya está comprometida
Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.
Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.
El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.
A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.
También se necesita dinero para seguir pagando la deuda
El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.
La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.
La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.
¿Y qué significa para San Luis Potosí?
El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.
La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.
El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.
En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.
La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.
La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.
Menos margen para inversión
El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.
A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.
La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.
De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.
El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.
En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.
Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.
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Gallardo pidió al alcalde de Soledad fijar postura y salir de Interapas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fijar una postura y sacar al municipio del convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) de una vez.
El mandatario dijo que es urgente que el municipio deje de depender de Interapas para el gasto del agua y comience a operar su propio organismo.
Argumentó que los pozos de Soledad de Graciano Sánchez tienen agua suficiente, pero que el servicio falla por bombas en mal estado y problemas de rebombeo bajo la operación actual de Interapas, al que calificó de organismo inoperante.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Pascual Martínez Sánchez, ya confirmó que dará viabilidad técnica para que Soledad de Graciano Sánchez tenga su propio organismo operador, separado de Interapas, luego de reconocer que el decreto de creación de este último “se quedó corto”.
Las mismas deficiencias, según la CEA, alcanzan también a Villa de Pozos y al resto de la zona metropolitana.
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Ignacio Segura, dirigente estatal del Partido Verde, adelantó que la alianza de 2027 excluirá la candidatura al gobierno del estado
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sentará a negociar alianzas para la elección de 2027 a partir del 15 de noviembre, informó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del partido en San Luis Potosí.
La coalición sería parcial. “Es decir, en todo sí, menos en la gubernatura”, explicó Segura. Agregó que la definición en cada municipio dependerá de qué partido lo gobierna actualmente.
En algunos estados, dijo, alguno de los partidos de la coalición ya definió a sus coordinadores. En la capital potosina, el PAN también avanza en su propio proceso interno. El Verde, en cambio, espera el calendario que fijen el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral estatal. El proceso federal ya inició, pero aún no se define la fecha para el registro de precandidaturas.
El anuncio de alianzas llegará después de la asamblea nacional del Verde, programada para el 23 de septiembre, cuando el partido se siente con el resto de la coalición a negociar el acuerdo en San Luis Potosí.
Segura pidió que se reconozca el lugar del Verde en esa negociación. “Hemos sido aliados respetuosos y le hemos arrojado diputaciones locales y federales a la coalición”, dijo, y pidió equidad “para que las cosas puedan salir bien también en la elección”.
Las candidaturas locales del Verde se definirán mediante encuesta, con tres casas encuestadoras nacionales, señaló Segura. Las candidaturas federales corresponden a la dirigencia nacional del partido.
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