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¿Hay posibilidad de legalizar la eutanasia en SLP y México?
#CultoPúblico, ¿usted conoce las diferencias entre eutanasia, suicidio asistido y la Ley de Voluntad Anticipada? Aquí se lo explicamos y abrimos la conversación sobre este polémico tema que parece ser apoyado por la 4T
Por: Ana G Silva y Karina González
La eutanasia de acuerdo con la Real Academia Española es “la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”, pero también es definida como “la muerte sin sufrimiento físico”, pero, también, es posiblemente la discusión más ríspida, pero no sonora, en un mundo que avanza a otorgar libertad de decisión plena a su población, incluso por delante de la legalización del aborto, la maternidad subrograda o los matrimonios igualitarios. Solo en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y Nueva Zelanda este procedimiento es legal.
En México esta práctica es ilegal, aunque se cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, la cual consiste en permitir a los pacientes de enfermedades terminales tomar la decisión de ser sometidos o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida. Esta legislación también está vigente en San Luis Potosí.
La diferencia entre la eutanasia y la Ley de Voluntad Anticipada consiste en que la primera considera como un derecho humano la decisión de tener una muerte digna, mientras que la segunda solo considera la suspensión de procedimientos médicos.
Amparo Espinosa Rugarcía, directora de la organización nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), dijo a La Orquesta que la eutanasia es un tema complejo, incluso en Países Bajos, lugar en dónde más a avanzado es muy debatido: “Lo que puedo decir es que pediría que lean mucho qué es y qué no la eutanasia, otra posibilidad es el suicidio asistido. La eutanasia es cuando el médico te aplica el medicamento y el suicidio asistido es cuando te lo deja y tú lo aplicas, en Suiza está permitido el suicidio asistido, pero no la eutanasia”.
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, desde julio de 2009, en San Luis Potosí existe la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal, que establece que “bajo el principio de la dignidad de todo ser humano, regula el derecho de las personas a ejercer su libertad y autonomía, en cuanto a decidir someterse a tratamiento o procedimiento médico al momento de encontrarse en fase terminal”. Para rechazar el tratamiento se debe concretar el documento “Premortem” establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley. No obstante, esta ley cuenta con varios impedimentos, uno de ellos es que los médicos pueden oponerse a dicha acción, por lo que es obligación de la Secretaría de Salud vigilar que en las instituciones exista personal dispuesto a cumplir con la voluntad señalada en términos de Ley. Además es estrictamente necesario tener una enfermedad terminal para acceder a ello.
Ningún legislador o legisladora en la historia del Congreso del Estado ha siquiera propuesto alguna iniciativa en favor de la eutanasia; sin embargo, en la Ciudad de México Nazario Norberto Sánchez y Ricardo Fuentes Gómez, diputados locales de Morena, presentaron una iniciativa en el mes de septiembre de este año para que en la Constitución local, la eutanasia se considere como garantía de una muerte digna.
En julio de 2018, la senadora Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyaría la aprobación de la eutanasia en todo México; pues actualmente en el país se puede sancionar penalmente a aquellos que ayuden a morir a una persona.
Amparo Espinosa dijo que el tema de la eutanasia ha avanzado en México en el sentido que hay más conciencia de la muerte, pues de acuerdo a una encuesta a nivel nacional realizada hace 5 años en su página, el 75% de la población estaría a favor de legalizarla; además de que se han hecho algunas modificaciones en la Constitución, incluyendo frases como “derecho a una muerte digna y autonomía del paciente”.
“Que tengas una mayoría a favor de la eutanasia a que ocurra pasará tiempo, porque tiene que conseguirse el impulso desde el Congreso, pero en el sentido de la conciencia de la población y de que cada vez hay más debates alrededor del tema es un avance, ya se habla de la eutanasia como una posibilidad cuando antes no se podía ni mencionar, aquí el tema no es que tan rápido se apruebe sino que tan rápido se aprueba bien, porque se tiene que hacer con el cuidado como merece el tema”.
La presidenta de DMD indicó que el proceso de aprobación de la eutanasia se podría acelerar en una circunstancia como la ocurrida con la despenalización del aborto, en la que la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un caso específico, lo que generó una jurisprudencia que obliga a los congresos estatales a homologar sus leyes locales.
“Hay una serie de requisitos, es un proceso largo, porque hay factores como una persona con enfermedad terminal con dolor, que tengan cierta edad, con qué enfermedad. Solo mira en Colombia cuando se aprobó que a una mujer se le autorizó y a la mera hora se canceló, es un tema complicado”.
Amparo destacó que muchas personas se han acercado a su asociación para buscar ayuda en este tema: “en la Constitucion de la Ciudad de México se incorporó el tema del derecho a una mierte digna, mucha gente lo equiparó con que estaba legalizando la eutanasia, cuando son diferentes, una muerte digna puede ser cualquier cosa y las personas nos buscaron para tener esa posibilidad”.
QUÉ OCURRE EN SLP
Este medio cuestionó a los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso de San Luis Potosí si están dentro de la agenda el análisis para discutir o en su caso aprobar o no la eutanasia, no obstante, todo indica que ni siquiera cuentan aún con un posicionamiento concreto.
“Es uno de los temas importantes que está en la agenda, de hecho el próximo fin de semana estaremos abordando temas delicados como este”, adelantó el diputado Eloy Franklin Sarabia, quien forma parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y agregó que llevar el tema al Pleno implicaría atravesar por un amplio análisis con la ciudadanía para conocer su opinión sobre el tema.
El legislador señaló que la eutanasia implica distintos conceptos que se tendría que definir y la Legislatura debería definir tiene intención de abordar el tema, indicó que son distintos conceptos los que habría que conocer como la eutanasia y la muerte asistida, sin embargo reconoció que son temas “polémicos, fuertes, delicados y muy ambiguos”, donde los diputados tendrán que dar certeza a la población:
“Lo principal es escuchar la opinión de la gente, estas comisiones se caracterizan por eso, por escuchar a todos los ciudadanos y los distintos organismos y colectivos”, afirmó Eloy Franklin.
Gabriela Martínez Larraga, diputada del Partido Redes Sociales Progresistas y presidenta de la mencionada comisión, reconoció que no es un tema que esté en la agenda de la comisión, aunque sí uno que se ha escuchado en otros estados de la República.
“No es un tema que este ahorita arriba en la agenda, pero si hay una solicitud de algún ciudadano o colectivo lo atenderemos, pero ahorita no es un reclamo ciudadano”, dijo la diputada, quien agregó que la responsabilidad de la Legislatura es escuchar a todos, en cuanto se presente. “Es un tema que debe revisarse desde varios puntos de vista. Soy muy sincera, ahorita no es un reclamo de la sociedad”, finalizó.
LA EUTANASIA EN EL MUNDO
Los Países Bajos fueron la primera nación en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido que ha sido una práctica tolerada desde 1985; sin embargo, fue una ley completa hasta 2002. Un mes después, Bélgica siguió el camino, aunque no fue hasta 2014 que el Senado belga extendió la ley de eutanasia a los niños con enfermedades terminales. Luxemburgo aprobó la eutanasia en 2009 y Canadá en 2016.
Para Latinoamérica, el único país que despenaliza la eutanasia es Colombia desde 2015; en este tema recientemente suspendió de último momento la eutanasia que debía recibir Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años con una enfermedad degenerativa que tenía planeado morir el pasado 10 de octubre, aunque su enfermedad no fuera terminal.
Los países más recientes en legalizarla son España y Nueva Zelanda: el país europeo tuvo su primer paciente en recibir la eutanasia en marzo de este año, llamado Javier Serrano, de 58 años, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA); por su parte en Nueva Zelanda la eutanasia comenzó a ser legal el 7 de noviembre pasado.
Como se mencionó anteriormente, en Suiza el suicidio asistido está legalizado y no se requiere la intervención médica para llevarlo a cabo, pues de ser así se contempla un castigo a menos de que sea por razones “altruistas”.
Finalmente, hay países donde la eutanasia sigue siendo ilegal aunque es permitida en algunos de sus estados como en Australia y Estados Unidos.
#4 Tiempos
Sobre la oficina de la abogada de la UASLP: La réplica desperdiciada
El pasado 22 de agosto, quien esto escribe publicó una columna de opinión titulada “La abogada y el diablo”, en la que hice un recuento de las continuas, constantes y costosas derrotas jurídicas que ha venido acumulando la oficina de la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En el texto, también fui revelando las curiosas casualidades entre los actos jurídicos fallidos de la UASLP, representada por la licenciada Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y las revelaciones de los medios propiedad del empresario Miguel Maya Romero, a quien me refiero cariñosamente en varias ocasiones con varios sinónimos y parafraseados de su apodo: “el diablo”.
Si alguien se perdió la columna de opinión a la que me refiero, les comparto el enlace para que tengamos, tengan todos mis lectores y Culto Público, el mismo contexto.
🔗 https://laorquesta.mx/la-abogada-y-el-diablo-apuntes-de-jorge-saldana/
Producto de esa publicación, la oficina jurídica y su titular usó el derecho de réplica que nos concede a todos la Constitución y sus leyes reglamentarias, por considerar que la publicación –como se asentó por oficio– incurre en “inconsistencias derivadas de información incorrecta e imprecisa”.
El texto que mandó la titular de la oficina jurídica universitaria a este medio (mismo que también adjunto) no solo es triste, disperso y contradictorio, sino que deja claro, punto por punto, que a quien defiende su titular, Urenda Navarro, no es a la Universidad Autónoma… sino a sí misma.
En cuatro cuartillas repletas de errores ortográficos, de sintaxis y gramaticales, que se podrían esperar de cualquiera, pero no de una doctora en Derecho (tengo la duda: ¿sí tiene el grado? Porque eso nunca ha quedado claro) y titular de la representación legal de la centenaria institución académica.
Pero eso es lo de menos, creo que nadie espera que la autora de la réplica (con acento, licenciada) sea también experta en redacción y sintaxis. Lo que sí se espera por parte de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general es que la titular del área sea, por lo menos, conocedora y entendida en temas legales. No obstante, uno a uno de los asuntos legales que enlisté en mi columna original se han confirmado como errores, omisiones y derrotas, legales o de facto, que se apuntan a su gestión, mismas que, inexplicablemente, no los combate en su airada respuesta y en su lugar se exhibe y expone al rector Alejandro Zermeño Guerra.
En el primer punto de las aclaraciones, la oficina de la abogada intenta precisar que, respecto al contrato de arrendamiento (“contrato” va en minúscula porque no es nombre propio) de los terrenos propiedad de la universidad con la empresa VEM, que no fue Urenda Navarro quien elaboró el documento, sino su antecesor, Joel González de Anda, y advierte que en la columna de opinión no se partió de la verificación de las fuentes a las que se alude.
Si fuera acuciosa su oficina y su titular en leer mi columna en cuestión, en ningún fragmento se afirma que fue ella la que redactó el documento, lo que se cuestiona es la razón por la cual, después de un año de estar al frente de la responsabilidad jurídica, no advirtió de los detalles del poroso (y lo reitero: poroso y abusivo) contrato que les generó un problema jurídico mayúsculo en el que aún están inmersos como institución.
Y lo más grave: con la redacción de su réplica, deja ver explícitamente que ni ella, ni el rector Zermeño conocían siquiera los detalles del contrato elaborado por su antecesor, y que de manera reactiva, tuvieron que buscar el contrato para apenas conocer sus cláusulas.
¿Es así como la titular de la oficina de la abogada general defiende a la Universidad y a su jefe que lleva el mando de la misma?
El texto –insisto– evidentemente redactado para la propia defensa de quien lo firma, Urenda Navarro Sánchez, pone de manifiesto la irresponsabilidad con la que tanto ella como su jefe dejaron pasar en absoluto descuido un asunto tan delicado.
En el segundo punto del reclamo, se argumenta que en mi columna afirmé que la vía por la que se debió presentar un recurso contra la empresa VEM era la vía penal, lo que es totalmente falso y se contradice al citar mi texto de opinión, que deja claro que en la redacción nunca se sugirió una u otra vía, lo que se escribió fue una aclaración, entre paréntesis, para dejar claro que no es lo mismo una denuncia y una demanda. Nada más.
En el mismo punto, la oficina de la abogada explica la razón por la que la demanda mercantil contra la empresa fue presentada hasta el mes de junio y no en enero, esgrimiendo que su equipo tuvo que trazar la ruta más adecuada y que se abocaron a dar cumplimiento al contrato y reunir los elementos necesarios para después tomar una decisión.
Sin embargo, la explicación apura una pregunta: ¿Por qué en la primera parte del texto se asegura, y hace hincapié, en que la vía correcta de proceder era la de imponer una demanda mercantil, pero en la segunda parte de su argumento concede que su oficina tardó cuatro meses en llegar a esa conclusión?
¿Estaba segura o no la oficina jurídica universitaria en el cómo proceder?
Porque lo que declara la firmante en su atento oficio es que para decidir entre interponer o no una demanda, se tardaron cuatro meses. Que es justamente lo que le hago ver y le cuestiono en mi texto, al que por lo menos en este punto, y tras su respuesta, se me otorga la razón cuando hago ver su evidente tardanza.
El tercer punto aclaratorio de la abogada general de la UASLP es una joya:
Luego de citar mi texto (siempre en negrillas, detalle que agradezco) en la parte en la que infiero que el convenio en cuestión fue filtrado a los medios del empresario Maya Romero, la abogada general responde y ahora yo la cito:
“…al momento en que se puso en conocimiento al titular de la rectoría (con minúscula porque se refiere al cargo) del contenido del contrato de arrendamiento, también se le informó que mi antecesor en el cargo había ordenado no subir el instrumento jurídico a las obligaciones de transparencia en las que se dan cuenta los convenios y contratos que suscribe la institución…”
En pocas palabras, lo que dice el oficio es que por más de un año, como lo admiten explícitamente, tanto la oficina de la abogada general como el doctor Alejandro Zermeño fueron omisos en cumplir una obligación de transparencia, y hasta ese momento, (en el que se filtra a los medios propiedad de Maya Romero) se giró la instrucción de atender la normativa.
A continuación, la titular y solicitante de la réplica, niega que el documento se haya “filtrado” a los medios, y asegura que se giró una instrucción para que se subiera a la plataforma de transparencia, además de que –plasma en su texto y confirma con su anexo 4– que la Universidad recibió y atendió una solicitud de transparencia el 20 de noviembre por parte de un periodista para obtener el documento.
Esto es evidentemente contradictorio y falaz, pues antes de ese 20 de noviembre, el portal Astrolabio ya tenía en su poder el documento, mismo que recibió en un sobre cerrado, tal como lo confirmó a este reportero, cara a cara, el empresario Maya Romero.
Por lo demás, los anexos que acompañan al oficio de réplica, fechados el 20 de noviembre y recibidos por la oficina de la abogada general el día 25 del mismo mes, pudieron ser confeccionados y sellados cualquier día, es la oficina a cargo de Urenda Navarro la que tiene la papelería y los sellos para poder hacerlos.
No hay evidencia real de una solicitud de transparencia registrada por una plataforma, y sí la palabra del empresario de medios, al que podemos, si la oficina de la solicitante de la réplica está de acuerdo, invitar para que nos confirme la versión, tanto a la abogada universitaria como a este reportero.
En todo caso, ¿no es demasiada casualidad que el mismo día que usted, por instrucciones de la máxima autoridad, instruyó subir a las plataformas de transparencia la documentación, haya sido presentada una solicitud de transparencia expresa sobre el documento?
Sobre la presencia de “una tercera persona” en la reunión entre la titular de la oficina de la abogada general y el rector, se solicitaría que sea mencionado su nombre, para que así tenga capacidad de defenderse ante la inferencia de la oficina jurídica universitaria de ser el autor de la filtración.
El reportero no tiene ni tuvo por qué saber quién o quiénes se presentan a las reuniones en las que, de manera privada, la Universidad Autónoma y sus funcionarios toman decisiones.
La mención de ese tercer personaje misterioso, suena más a un truco velado para proteger, una vez más, a la abogada general Urenda Navarro, y no a la Universidad Autónoma.
Sobre el cuarto punto de la réplica, hay poco que decir, pues solo confirma que la controversia constitucional interpuesta por la Universidad a la que representa, fue efectivamente desechada por ser “no-to-ria-mente improcedente.”
En el resto del texto de ese punto, solo se resume que, en anteriores ocasiones, también ha fracasado en sus intentosporque la corte considere a la UASLP como un ente autónomo con capacidad jurídica para presentar ese tipo de controversias.
En referencia a que no hace falta tener el número de expediente para conocer el documento de la controversia constitucional, tiene la oficina de la abogada general toda la razón, y fue erróneo por parte del autor, quien esto escribe, inferir que de alguna manera la oficina reclamante facilitó a un medio en particular el camino para encontrar el documento en los archivos públicos de la SCJN.
Sin embargo, yo le solicitaría a la oficina que comanda, Urenda Navarro Sánchez, que se diera a conocer, no solamente a este medio, sino a la sociedad en general, el comunicado, boletín, entrevista o aviso público en el que se haya informado a la comunidad y a los potosinos que la Universidad interpuso esta herramienta jurídica.
Y de no existir un comunicado público, se me ayude a explicar cómo fue que el medio de comunicación que lo publicó tuvo la capacidad de adivinar a ciegas que la oficina de la abogada general de la UASLP había promovido dicha controversia.
Las dos solicitudes que rematan el oficio de la oficina de la abogada general han sido resueltas:
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Se resolvió y se publicó íntegra la solicitud de réplica de la abogada de la UASLP y sus anexos el pasado 5 de septiembre en la página, redes sociales y listas de difusión en el mismo espacio y características en que fue publicada la columna que originó el debate.
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Se publicó la réplica íntegra con inserción pagada.
Para finalizar, respecto al anexo 1 en que la abogada universitaria Urenda Navarro Sánchez comprueba que la columna fue impulsada con una pauta en redes sociales por 800 pesos, se puntualiza que la abogada debió ser más exhaustiva en su búsqueda, pues no solo esa columna fue impulsada económicamente en redes sociales.
Todos los días, a conveniencia estratégica del medio, se impulsan y segmentan artículos, videos, columnas y noticias. Todos los días y sobre diversos temas.
Dicho lo anterior, le informo a usted, licenciada Urenda Navarro, y a la oficina a su cargo, que la réplica que usted nos envió no solamente fue pautada por los 800 pesos que nos solicita, sino que se invirtió el doble de recursos.
La razón para hacer esto no responde ni a la generosidad del director y propietario del medio –su servidor– ni a una presuntuosa holgura económica, sino a la necesidad del medio que dirijo para que la comunidad universitaria tenga más posibilidades de darse cuenta en qué términos y en qué formas responde y redacta su oficina, o usted, algo tan valioso como una réplica mediática.
Para que los universitarios y la comunidad en general tengan más elementos para explicarse el por qué la oficina de la abogada general pierde, una y otra vez, casi todos sus asuntos legales, y para que los universitarios sepan que no tienen una defensora de la institución, sino una abogada que antepone sus intereses personales a los valores que representan el logotipo del águila universitaria.
Si así como responde la oficina jurídica un derecho de réplica, atiende los asuntos de mayor relevancia para la institución, es fácil descubrir el por qué se arrastran y acumulan los fracasos.
Y para concluir a todo esto, quien esto escribe deja una aclaración y una pregunta:
El texto se encuentra dentro de los géneros periodísticos de opinión. ¿Qué hace la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debatiendo en medios la opinión, subjetiva, de un aprendiz de reportero?
¿No tiene otros temas que atender de mayor relevancia?
Cinco-cero.
Jorge Saldaña
Aquí el enlace a la réplica íntegra y sus respectivos documentos:
Ciudad
¿Quién es el favorito a la alcaldía por SLP de acuerdo con Rubrum?
Gabino Morales (Morena) y Rubén Guajardo (PAN) lideran las preferencias internas de sus respectivos partidos. El PVEM mantiene competitividad con Juan Carlos Valladares.
Por: Redacción
La casa encuestadora Rubrum dio a conocer los resultados de su más reciente sondeo sobre la intención de voto y preferencias hacia precandidatos para la elección a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí en 2027.
De acuerdo con el estudio, realizado el 15 de septiembre mediante 600 entrevistas telefónicas automáticas y aleatorias en el municipio capital, si la elección se celebrara hoy, Morena obtendría el 31% de las preferencias, seguido muy de cerca por el PAN con 25.0%, mientras que el tercer lugar sería ocupado por el Partido Verde con el 19.1% de la intención del voto.
Otros partidos muestran las siguientes intenciones de voto: PRI con 8.5%, Movimiento Ciudadano con 4.0% y un 12.4% de los encuestados se declaró indeciso.
El sondeo también indagó en las figuras con mayor tracción dentro de sus propios partidos:
En Morena, Gabino Morales lidera con el 54.4% de las preferencias frente a Cuauhtli Fernando Badillo, quien obtuvo 45.6%.
En el PAN, la pugna interna es más ajustada. Rubén Guajardo encabeza con 37.2%, seguido por Verónica Rodríguez con 33.1% y David Azuara con 29.7%.
En el PVEM, Juan Carlos Valladares es el favorito para la candidatura, al alcanzar un 60.2% de apoyo, contra un 39.8% de Sonia Mendoza.
Mientras que en el PRI solo un 26.1% quiere que Sara Rocha sea la representante, pues un 73.9% optaría por otro perfil.
También lee: Gallardo destapa a Valladares y Sonia Mendoza para la alcaldía capitalina
Destacadas
Sedarh presume control exitoso de plagas en SLP
Jorge Luis Díaz comentó que las acciones inmediatas permitieron erradicar langosta y chapulín, que sí afectaron a otros estados
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), aseguró que en lo que va del año el estado ha logrado evitar afectaciones graves por plagas como la langosta y el chapulín, gracias a las acciones de prevención y control implementadas por la dependencia.
Díaz Salinas destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras entidades del país, en San Luis Potosí se actuó de manera inmediata y se consiguió erradicar la presencia de estas plagas antes de que ocasionaran daños a las cosechas.
“Con el tema de las plagas vamos muy bien, no nos ha afectado nada en San Luis Potosí. Tanto la langosta como el chapulín pegaron en otros estados, pero aquí las pudimos erradicar rápidamente y no nos han causado daños”, señaló.
El funcionario subrayó que el estado mantiene un monitoreo constante para garantizar la protección de los cultivos y la seguridad alimentaria de la población.
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