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¿Hay posibilidad de legalizar la eutanasia en SLP y México?
#CultoPúblico, ¿usted conoce las diferencias entre eutanasia, suicidio asistido y la Ley de Voluntad Anticipada? Aquí se lo explicamos y abrimos la conversación sobre este polémico tema que parece ser apoyado por la 4T
Por: Ana G Silva y Karina González
La eutanasia de acuerdo con la Real Academia Española es “la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”, pero también es definida como “la muerte sin sufrimiento físico”, pero, también, es posiblemente la discusión más ríspida, pero no sonora, en un mundo que avanza a otorgar libertad de decisión plena a su población, incluso por delante de la legalización del aborto, la maternidad subrograda o los matrimonios igualitarios. Solo en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y Nueva Zelanda este procedimiento es legal.
En México esta práctica es ilegal, aunque se cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, la cual consiste en permitir a los pacientes de enfermedades terminales tomar la decisión de ser sometidos o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida. Esta legislación también está vigente en San Luis Potosí.
La diferencia entre la eutanasia y la Ley de Voluntad Anticipada consiste en que la primera considera como un derecho humano la decisión de tener una muerte digna, mientras que la segunda solo considera la suspensión de procedimientos médicos.
Amparo Espinosa Rugarcía, directora de la organización nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), dijo a La Orquesta que la eutanasia es un tema complejo, incluso en Países Bajos, lugar en dónde más a avanzado es muy debatido: “Lo que puedo decir es que pediría que lean mucho qué es y qué no la eutanasia, otra posibilidad es el suicidio asistido. La eutanasia es cuando el médico te aplica el medicamento y el suicidio asistido es cuando te lo deja y tú lo aplicas, en Suiza está permitido el suicidio asistido, pero no la eutanasia”.
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, desde julio de 2009, en San Luis Potosí existe la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal, que establece que “bajo el principio de la dignidad de todo ser humano, regula el derecho de las personas a ejercer su libertad y autonomía, en cuanto a decidir someterse a tratamiento o procedimiento médico al momento de encontrarse en fase terminal”. Para rechazar el tratamiento se debe concretar el documento “Premortem” establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley. No obstante, esta ley cuenta con varios impedimentos, uno de ellos es que los médicos pueden oponerse a dicha acción, por lo que es obligación de la Secretaría de Salud vigilar que en las instituciones exista personal dispuesto a cumplir con la voluntad señalada en términos de Ley. Además es estrictamente necesario tener una enfermedad terminal para acceder a ello.
Ningún legislador o legisladora en la historia del Congreso del Estado ha siquiera propuesto alguna iniciativa en favor de la eutanasia; sin embargo, en la Ciudad de México Nazario Norberto Sánchez y Ricardo Fuentes Gómez, diputados locales de Morena, presentaron una iniciativa en el mes de septiembre de este año para que en la Constitución local, la eutanasia se considere como garantía de una muerte digna.
En julio de 2018, la senadora Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyaría la aprobación de la eutanasia en todo México; pues actualmente en el país se puede sancionar penalmente a aquellos que ayuden a morir a una persona.
Amparo Espinosa dijo que el tema de la eutanasia ha avanzado en México en el sentido que hay más conciencia de la muerte, pues de acuerdo a una encuesta a nivel nacional realizada hace 5 años en su página, el 75% de la población estaría a favor de legalizarla; además de que se han hecho algunas modificaciones en la Constitución, incluyendo frases como “derecho a una muerte digna y autonomía del paciente”.
“Que tengas una mayoría a favor de la eutanasia a que ocurra pasará tiempo, porque tiene que conseguirse el impulso desde el Congreso, pero en el sentido de la conciencia de la población y de que cada vez hay más debates alrededor del tema es un avance, ya se habla de la eutanasia como una posibilidad cuando antes no se podía ni mencionar, aquí el tema no es que tan rápido se apruebe sino que tan rápido se aprueba bien, porque se tiene que hacer con el cuidado como merece el tema”.
La presidenta de DMD indicó que el proceso de aprobación de la eutanasia se podría acelerar en una circunstancia como la ocurrida con la despenalización del aborto, en la que la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un caso específico, lo que generó una jurisprudencia que obliga a los congresos estatales a homologar sus leyes locales.
“Hay una serie de requisitos, es un proceso largo, porque hay factores como una persona con enfermedad terminal con dolor, que tengan cierta edad, con qué enfermedad. Solo mira en Colombia cuando se aprobó que a una mujer se le autorizó y a la mera hora se canceló, es un tema complicado”.
Amparo destacó que muchas personas se han acercado a su asociación para buscar ayuda en este tema: “en la Constitucion de la Ciudad de México se incorporó el tema del derecho a una mierte digna, mucha gente lo equiparó con que estaba legalizando la eutanasia, cuando son diferentes, una muerte digna puede ser cualquier cosa y las personas nos buscaron para tener esa posibilidad”.
QUÉ OCURRE EN SLP
Este medio cuestionó a los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso de San Luis Potosí si están dentro de la agenda el análisis para discutir o en su caso aprobar o no la eutanasia, no obstante, todo indica que ni siquiera cuentan aún con un posicionamiento concreto.
“Es uno de los temas importantes que está en la agenda, de hecho el próximo fin de semana estaremos abordando temas delicados como este”, adelantó el diputado Eloy Franklin Sarabia, quien forma parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y agregó que llevar el tema al Pleno implicaría atravesar por un amplio análisis con la ciudadanía para conocer su opinión sobre el tema.
El legislador señaló que la eutanasia implica distintos conceptos que se tendría que definir y la Legislatura debería definir tiene intención de abordar el tema, indicó que son distintos conceptos los que habría que conocer como la eutanasia y la muerte asistida, sin embargo reconoció que son temas “polémicos, fuertes, delicados y muy ambiguos”, donde los diputados tendrán que dar certeza a la población:
“Lo principal es escuchar la opinión de la gente, estas comisiones se caracterizan por eso, por escuchar a todos los ciudadanos y los distintos organismos y colectivos”, afirmó Eloy Franklin.
Gabriela Martínez Larraga, diputada del Partido Redes Sociales Progresistas y presidenta de la mencionada comisión, reconoció que no es un tema que esté en la agenda de la comisión, aunque sí uno que se ha escuchado en otros estados de la República.
“No es un tema que este ahorita arriba en la agenda, pero si hay una solicitud de algún ciudadano o colectivo lo atenderemos, pero ahorita no es un reclamo ciudadano”, dijo la diputada, quien agregó que la responsabilidad de la Legislatura es escuchar a todos, en cuanto se presente. “Es un tema que debe revisarse desde varios puntos de vista. Soy muy sincera, ahorita no es un reclamo de la sociedad”, finalizó.
LA EUTANASIA EN EL MUNDO
Los Países Bajos fueron la primera nación en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido que ha sido una práctica tolerada desde 1985; sin embargo, fue una ley completa hasta 2002. Un mes después, Bélgica siguió el camino, aunque no fue hasta 2014 que el Senado belga extendió la ley de eutanasia a los niños con enfermedades terminales. Luxemburgo aprobó la eutanasia en 2009 y Canadá en 2016.
Para Latinoamérica, el único país que despenaliza la eutanasia es Colombia desde 2015; en este tema recientemente suspendió de último momento la eutanasia que debía recibir Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años con una enfermedad degenerativa que tenía planeado morir el pasado 10 de octubre, aunque su enfermedad no fuera terminal.
Los países más recientes en legalizarla son España y Nueva Zelanda: el país europeo tuvo su primer paciente en recibir la eutanasia en marzo de este año, llamado Javier Serrano, de 58 años, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA); por su parte en Nueva Zelanda la eutanasia comenzó a ser legal el 7 de noviembre pasado.
Como se mencionó anteriormente, en Suiza el suicidio asistido está legalizado y no se requiere la intervención médica para llevarlo a cabo, pues de ser así se contempla un castigo a menos de que sea por razones “altruistas”.
Finalmente, hay países donde la eutanasia sigue siendo ilegal aunque es permitida en algunos de sus estados como en Australia y Estados Unidos.
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SLP encabeza afectación por incendios forestales en 2026
Un incendio en Santo Domingo concentró más del 70% del daño total, con más de 15 mil hectáreas consumidas
Por: Redacción
San Luis Potosí se mantiene como la entidad más afectada por incendios forestales a nivel nacional en lo que va de 2026, al registrar más de 21 mil 731 hectáreas dañadas y un total de 64 siniestros, informó el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el estado, Teodoro Morales Organista.
El funcionario explicó que, aunque la cifra de incendios representa aproximadamente la mitad de los registrados durante todo 2025, la superficie afectada coloca a la entidad en el primer lugar nacional.
Detalló que la mayor parte de las áreas dañadas corresponde a matorrales y pastizales, lo que, si bien representa un impacto ambiental, reduce el riesgo en comparación con zonas boscosas.
Morales Organista señaló que un solo incendio, ocurrido en el municipio de Santo Domingo, ha sido determinante en la estadística estatal, ya que consumió alrededor de 15 mil 287 hectáreas tras tres días de intensas labores de combate.
“Ese incendio representa más del 70 por ciento de la superficie afectada en el estado durante este año”, puntualizó.
El titular de Conafor advirtió que la temporada crítica de incendios aún no concluye y se prevé que se extienda hasta finales de junio, por lo que el riesgo se mantiene latente en las próximas semanas.
No obstante, destacó que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son favorables, ya que anticipan la presencia de lluvias en los próximos meses, incluso durante mayo, periodo que suele registrar las temperaturas más elevadas.
Finalmente, subrayó que los incendios forestales son fenómenos impredecibles, por lo que será hasta el inicio de julio cuando se pueda considerar el cierre de la temporada y hacer un balance definitivo de los daños.
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Violencia familiar, entre los reportes más recurrentes en SLP
También se han detectado niñas y niños en situación de riesgo o abandono en la vía pública
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), reconoció que existe una alta incidencia de reportes relacionados con violencia familiar y situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, atendidos a través del sistema de emergencias 9-1-1.
El funcionario explicó que la corporación cuenta con unidades especializadas para atender este tipo de casos, entre ellas la Unidad de Violencia de Género y la Unidad de Medidas, las cuales operan de manera permanente para brindar atención inmediata a las denuncias.
Detalló que, ante un reporte, ya sea por violencia intrafamiliar o por menores en situación de abandono o riesgo en la vía pública, se activa el protocolo correspondiente, enviando a la unidad especializada o a la patrulla más cercana para intervenir.
Juárez Hernández señaló que la atención a estas problemáticas no recae únicamente en la Guardia Civil Estatal, sino que existe coordinación con diversas instituciones, como el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes, instancias de procuración de justicia y autoridades municipales en las cuatro regiones del estado.
En ese sentido, indicó que la estadística completa sobre estos casos es concentrada principalmente por instancias como la Secretaría de las Mujeres, debido a que múltiples corporaciones participan en la atención y seguimiento de las denuncias.
Asimismo, adelantó que se trabaja en la consolidación de un convenio de colaboración interinstitucional para fortalecer la atención a víctimas, particularmente en lo relacionado con medidas de protección, a fin de garantizar un seguimiento puntual a cada caso.
El titular de la SSPCE subrayó que estas acciones buscan reforzar la coordinación entre dependencias y mejorar la respuesta ante una problemática que, reconoció, mantiene una alta demanda de atención en la entidad.
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Congreso del Estado
Diputada plantea sancionar como abuso sexual el embarazo en menores de 14 años
La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.
De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.
Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.
Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.
En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.
Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.
El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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