Se mantiene operativos permanentes con los tres niveles de gobierno y se ha ampliado la infraestructura de vigilancia

Por: Redacción

La estrategia integral de seguridad, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha logrado una reducción efectiva en la incidencia criminal en la capital y las cuatro zonas del Estado mediante una combinación de acciones de combate directo al delito, aprovechamiento de herramientas tecnológicas y la reconstrucción del tejido social.

La reducción en la incidencia delictiva en la capital y Soledad de Graciano Sánchez es resultado de la activa participación de la Guardia Civil Estatal, el trabajo de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, así como del Ejército Mexicano.

Como eje central de esta estrategia, la creación de la Guardia Civil Estatal permitió una reestructuración integral de las fuerzas policiales, garantizando hoy un cuerpo de seguridad con más elementos, altamente capacitados, mejor equipados y armados, operando bajo un enfoque preventivo y de estricta proximidad social para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Para blindar el territorio potosino se mantiene operativos permanentes con los tres niveles de gobierno y se ha ampliado la infraestructura de vigilancia con cámaras inteligentes y arcos lectores en accesos viales y zonas estratégicas, lo que permite una capacidad de respuesta inmediata.

Estas medidas preventivas se complementan con becas, programas alimentarios y fomento al empleo, acciones diseñadas para mitigar las causas estructurales que derivan en la delincuencia. Esta labor se extiende a la recuperación del entorno urbano a través del rescate de espacios públicos, programas de pavimentación, instalación de alumbrado público y rehabilitación de parques y áreas deportivas, lo que ha devuelto a las familias potosinas lugares dignos para la convivencia y la recreación segura.

Leticia Vázquez explicó que actualmente, el Código Penal incluye en el caso del delito de encubrimiento, excluyentes de responsabilidad

Por: Redacción 

Con el objetivo de establecer la restricción de excluyentes de responsabilidad penal en el delito de “encubrimiento”, respecto a los delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 283 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

 

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que actualmente, el Código Penal del Estado incluye en el caso del delito de encubrimiento, excluyentes de responsabilidad para que no se imponga sanción alguna al cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes o descendientes consanguíneos del delincuente o colaterales hasta en segundo grado, quienes sin haber participado en un hecho considerado como delictuoso, alberga, oculta o proporciona ayuda al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga a la acción de la justicia.

 

Sin embargo, es importante incluir expresamente que estos excluyentes de responsabilidad para familiares, no surtirán efecto cuando se trate de delitos de feminicidio, homicidio de persona menor de edad; o de los delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual, y el normal desarrollo psicosexual.

 

Colectivos cuestionaron que la audiencia inicial contemple únicamente el caso de Laika y pidieron a la Fiscalía garantizar justicia para ambos perros

Por: Redacción

Antes de la audiencia inicial por el caso de maltrato animal que conmocionó a San Luis Potosí, colectivos y defensores de los derechos de los animales manifestaron su inconformidad porque el proceso judicial únicamente contempla a Laika como víctima, mientras que Solovino, otro de los perros que habría sufrido agresiones durante los mismos hechos, quedó fuera del procedimiento.

A través de un posicionamiento público, activistas señalaron que la exclusión de Solovino representa una omisión por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia, al considerar que ambos animales fueron víctimas del mismo acto de crueldad. Indicaron que el hecho de que Solovino fuera un perro en situación de calle no debería influir en el reconocimiento de sus derechos.

Los defensores advirtieron que el acceso a la justicia no puede depender de que un animal tenga o no una familia que lo represente legalmente

, pues ambos padecieron las consecuencias de la agresión. “Solovino también fue víctima y merece justicia”, expresaron en su pronunciamiento.

Asimismo, recordaron que la legislación reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que insistieron en que todas las víctimas de maltrato deben recibir el mismo trato por parte de las instituciones, independientemente de su condición.

Finalmente, hicieron un llamado a la Fiscalía para que el caso de Solovino sea incorporado al proceso correspondiente y se garantice una investigación imparcial que permita sancionar los hechos de violencia contra ambos animales, evitando que alguno de ellos quede excluido del acceso a la justicia.

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