noviembre 18, 2026

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Noticias en FA

Habrá puente vehícular que conecte Vía Alterna con avenida CFE

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La obra se realiza en coordinación con CFE y Kansas City, misma que estará lista en diciembre, según mencionó la titulr de Seduvop

Por: Redacción

Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública (Seduvop), informó que la dependencia estatal está en conversaciones constantes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con Kansas City para construir el puente que conecte la Vía Alterna a la avenida CFE:

“Para intervenir la parte que está en el puente Las Vías, porque se tiene que generar, como lo hemos hecho en otras obras, una ventana de tiempo, que no afecte a nadie, que el tren siga su curso pero solo que nos dejen hacer las obras necesarias”.

La titular de la Seduvop explicó que estos trabajos se realizarán en cuestión de horas, y que no afecten a la empresa concesionaria de las vías férreas.

Vargas Tinajero reveló que buscaría que en esta misma opción de tiempo buscarían rehabilitar en la CFE.

Finalmente, la funcionaria estatal aseguró que la Vía Alterna se entregaría hasta diciembre de este año; además reportó que tiene un 65 por ciento de avance.

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Ciudad

“No se volverán a ver”: Alertan por publicación que ofrece desaparecer perros callejeros en SLP

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Fátima Ramírez, de Salvando Huellitas, anunció que documenta el caso para denunciarlo ante la Fiscalía

Por: Redacción

Un día después de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley Hope, que endurece las penas por maltrato animal, un perfil llamó a recoger perros en situación de calle desde un grupo de Facebook de San Luis Potosí con más de 46 mil miembros.

“alto a los perros callejeros…. son una plaga… estaremos pasando recogiéndolos… nos haremos cargo.. comenten dónde hay para ir por ellos…”, escribió un perfil en un grupo público. La publicación sumaba 91 comentarios y se había compartido 10 veces cuando se documentó.

Otro perfil preguntó qué harían con los animales. Según capturas de la conversación, el autor respondió: “No te preocupes no se volverán a ver”. Después se desactivaron los comentarios de la publicación.

La Asociación Salvando Huellitas, representada por la activista Fátima Ramírez Martínez, calificó la publicación como una incitación a cometer un delito. Anunció que documenta el caso para presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y ante la autoridad municipal.

“Los perros en situación de calle no son una plaga. Son seres sintientes, víctimas del abandono y de la falta de políticas de esterilización, educación y tenencia responsable”, señaló la organización en su posicionamiento.

La asociación le exigió a la administración del grupo cuatro cosas. Pidió eliminar la publicación y sancionar al perfil autor y a quienes coordinen en los comentarios la recolección de animales. También pidió conservar la evidencia sin borrar comentarios, nombres de perfil ni horarios, y moderar el grupo para frenar cualquier publicación que promueva el maltrato.

Lo que cambió con la Ley Hope

La reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado se aprobó el martes 17 de noviembre

con 25 votos a favor. Castiga con 2 a 6 años de prisión el maltrato que cause la muerte de un animal y con hasta 4 años el que deje daños físicos permanentes. Además, incluye a los animales ferales en la protección penal.

Según la asociación, el abandono que ponga en riesgo la vida del animal se castiga con 2 a 5 años. La pena puede subir hasta 50 por ciento, es decir, hasta 9 años de prisión, si se prolonga el sufrimiento, se usan métodos crueles o se graba la agresión.

Salvando Huellitas recordó también el artículo 21 del Código Penal: hace responsable a quien lleve dolosamente a otro a cometer el delito o le preste ayuda. Mencionó además el artículo 280, que castiga el encubrimiento, incluida la destrucción o alteración de indicios.

En agosto, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa para crear un tipo penal contra la apología o incitación al maltrato animal, incluida la que se hace en redes sociales. La propuesta se turnó a comisiones.

La organización pidió a quien vea que se llevan perros en su colonia que lo documente con fecha, hora, fotos y video, que resguarde a los animales si puede hacerlo sin riesgo y que presente la denuncia.

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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Estado

Detecta Galindo antigallardismo escondido

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El alcalde dijo que se le suma gente que empieza a superar el miedo a expresarse

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la elección de 2027 no se reducirá a la disputa entre gallardistas y antigallardistas. Según dijo, hay mucha gente que no se expresa abiertamente pero ya reflexiona sobre cómo participará.

“La gente sigue pensando en que solo hay dos corrientes que van a influir en la elección del 27: una somos los antigallardistas y otra son los gallardistas. Pero hay mucha más gente que no se expresa, que no lo dice, que no se abre”, dijo.

Galindo respondió así a una pregunta sobre operadores políticos de Ciudad Valles que antes trabajaron en otras estructuras y que ahora aparecen cerca de él. “La verdad es que se ha sumado mucha gente con Enrique Galindo”, dijo, y aseguró que le ha ido “afortunadamente muy bien”.

El alcalde insistió en que el principal obstáculo para que la gente se exprese es el temor. “Ya lo he denunciado, lo que más hay en la gente es miedo, pero hay gente que está superando el miedo, y eso a mí me da mucho gusto”, señaló.

Sostuvo que las adhesiones a su proyecto surgen sin que él las busque. “Van a seguir saliendo expresiones, ni siquiera las pido yo. Simplemente la gente sale y está reflexionando sobre lo que viene en el 27”, afirmó.

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Opinión

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