Estado
Guerra de acusaciones por tarjetas en tiempos electorales
“Sí por San Luis” vs PVEM por “La Cumplidora” y PVEM vs “Sí por San Luis” por Salario Rosa
Por: Redacción
En los últimos días, han llovido las denuncias sobre tarjetas repartidas por candidatos a la gubernatura en distintos estados, San Luis Potosí no se queda atrás, pues la coalición “Sí por San Luis” denunció al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por “La Cumplidora” y éste, a su vez, denunció a “Sí por San Luis” por el Salario Rosa.
Integrantes del partido Movimiento Ciudadano se dieron cita este miércoles por la mañana ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para denunciar a Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León; Carlos Lomelí, aspirante del mismo partido a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco, y Ricardo Gallardo de la coalición “Juntos Haremos Historia” por San Luis Potosí.
La coalición “Sí por San Luis” presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) a los candidatos Ricardo Gallardo y Leonor Noyola de la coalición “Juntos Haremos Historia” por entregar la tarjeta “La Cumplidora” a simpatizantes, con la promesa de brindarles un apoyo a cambio de su voto.
El sustento de la denuncia es el siguiente: “Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos para entregar por sí o por interpósita persona cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio”, según el artículo 143 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Es así que, la dirigente del PRD en San Luis Potosí, Cristina Gaytán, mencionó que el reparto de “La Cumplidora” es similar al caso por el que la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de un candidato a la gubernatura de Nuevo León.
Por su parte, Sonia Mendoza, vocera de la campaña de Ricardo Gallardo, afirmó “Son tan burdos que seguram ente ni siquiera se dieron cuenta de que la página de internet oficial de su candidato, en un apartado llamado ‘Propuesta Desarrollo Salario Rosa’, promueve también una tarjeta rosa, la misma por la que fue denunciado el candidato del PRI en Nuevo León” y señaló que esto es parte de una guerra sucia en contra del candidato, “Ya el propio Ricardo lo había advertido, que iba a arreciar la guerra sucia para tratar de bajarlo en las preferencias electorales”.
Ante ello, Verónica Rodríguez, vocera de “Sí por San Luis” negó que Octavio Pedroza, candidato de la coalición haya entregado tarjetas y afirmó que Ricardo Gallardo es el único que ha realizado esta práctica, “la verdad es que da risa que horas después que se presentó la denuncia ante las autoridades electorales y de la Fiscalía General de la República se difundiera ese video”.
Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre este tema en su conferencia de prensa matutina por la denuncia contra el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, mencionó: “qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia porque es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas, o se compran votos en las elecciones. Está muy mal eso, es anti democrático, el voto debe ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía”.
Por otro lado, al cuestionarlo sobre otros candidatos que han repartido tarjetas como Clara Luz Flores de Morena, quien también contiende para la gubernatura de Nuevo León, López Obrador dijo “entonces si hicimos una denuncia y salen otros casos que bueno y hay que denunciar todos los casos, sea del partido que sea porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada”.
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Estado
Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.
Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
Ciudad
Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental
Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas
Por: Redacción
Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.
La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.
Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.
Estado
Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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