Noticias en FA
Guardia Civil Estatal tiene prohibido detener a connacionales
El secretario de Seguridad de SLP comentó que la intención de las autoridades es colocar centros de orientación para los ciudadanos
Por: Redacción
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y de Participación Ciudadana (SSPC), dio a conocer que se implementa, en coordinación con el Instituto de Migración y Enlace Internacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil y autoridades municipales, el programa de Bienvenido Paisano.
El funcionario estatal detalló que el programa tiene el objetivo de brindar acompañamiento desde la frontera hasta San Luis Potosí mediante puestos de atención de orientación por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE) y División Caminos, que estarán establecidas en puntos como la autopista de cuota a Cerritos, en Soledad de Graciano Sánchez y la zona Huasteca.
Ruiz Contreras recalcó que la Secretaría de Seguridad no realizará revisiones y no colocará retenes, simplemente estarán en los centros de orientación a los ciudadanos:
“Sumándome a la exigencia del gobernador Ricardo Gallardo, invitar a la ciudadanía a que si es objeto de alguna incidencia de esta naturaleza, lo comuniquen de inmediato, ya sea para sancionar a través del área administrativa de asuntos internos y en su momento hasta dar vista al Ministerio Público para que investiguen los hechos”.
El secretario de Seguridad hizo un llamado a los elementos de la Guardia Civil para que no generen ningún tipo de abusos a los paisanos, pues esto puede generar una responsabilidad administrativa penal para ellos, quedando fuera de la institución.
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Estado
Sala Monterrey devuelve inscripción y financiamiento a Somos y PAZ en SLP
La Sala Regional Monterrey ordenó devolver a ambos partidos el financiamiento de noviembre y diciembre que les retiró el CEEPAC
Por: Redacción
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto las sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que habían quitado la inscripción local y el financiamiento público a los partidos Somos y PAZ, y los restituyó en sus derechos en San Luis Potosí.
La Sala votó por unanimidad este 18 de noviembre los expedientes SM-JRC-78/2026, de Somos, y SM-JRC-79/2026, de PAZ. Con ello quedan vigentes los acuerdos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en agosto para inscribir a ambos partidos nacionales en el estado y asignarles recursos.
El CEEPAC deberá devolverles las prerrogativas de noviembre y diciembre de 2026, que había repartido entre las otras siete fuerzas políticas. En agosto, el organismo les asignó 1 millón 529 mil 153 pesos a cada uno para el periodo de septiembre a diciembre.
El argumento central fue que a Somos y PAZ no se les podía exigir el 3% de la votación válida en la elección local anterior, criterio con el que el tribunal local dio la razón a Morena. Ambos obtuvieron su registro nacional después de esos comicios, por lo que no tuvieron oportunidad legal de competir en ellos.
“Desde mi visión jurídica, la autoridad responsable partió de una premisa inexacta”, señaló la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco durante la sesión.
La magistrada citó el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que protege el acceso al financiamiento local de los partidos nacionales que se acreditan en un estado después de la última elección, además de los criterios 43/2015 y 75/2016 de la Sala Superior sobre recursos para partidos de nueva acreditación. Recordó que, dos semanas antes, la Sala Superior
reconoció que el registro nacional de Somos está vigente desde el 1 de julio.Sobre los requisitos de inscripción, la Sala concluyó que ambos partidos los cumplieron. Somos entregó al CEEPAC copia certificada del acta de la sesión del 11 de julio en la que eligió a su comité estatal. PAZ presentó los documentos de sus órganos directivos dentro del plazo que el INE le dio, que vencía el 14 de septiembre.
Morena impugnó la inscripción y el financiamiento de los dos partidos. El 9 de octubre, el TEESLP revocó por unanimidad los acuerdos de Somos, que en el estado encabeza el exalcalde capitalino Francisco Xavier Nava Palacios. El 15 de octubre, por mayoría de dos votos contra uno, hizo lo mismo con PAZ, dirigido en San Luis Potosí por Alejandro Leal Tovías.
El CEEPAC repitió el procedimiento y volvió a inscribir a Somos el 27 de octubre y a PAZ el 3 de noviembre, pero sin recursos. En esa última sesión redistribuyó 27.6 millones de pesos de financiamiento ordinario de noviembre y diciembre entre el Partido Verde, Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PT, con cero pesos para los dos partidos nuevos.
Días después, el diputado de Morena Carlos Arreola Mallol celebró que Somos se quedara sin presupuesto y sostuvo que primero debía obtener “el tres por ciento de la votación en todo el estado”.
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Estado
Ignoran clausura en El Zapote y Soledad enfrenta ultimátum federal
La jueza dio 48 horas al Ayuntamiento de Soledad para dejar de usar el tiradero y presentar un sitio alterno
Por: Redacción
El tiradero de El Zapote, en Soledad de Graciano Sánchez, siguió recibiendo basura pese a la orden judicial de cerrarlo. Por eso, un juzgado federal declaró que el Ayuntamiento de Soledad y las demás autoridades señaladas no cumplieron la suspensión, y les dio 48 horas para corregirlo (los cuales vencen mañana).
Aracely del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito, declaró fundado el 13 de noviembre el incidente por incumplimiento dentro del amparo 474/2026, que promovieron vecinos de Puerta Real.
En ese plazo, el Ayuntamiento debe informar cómo cumplió, con copias certificadas. También tiene que indicar dónde está el sitio alterno de unas tres hectáreas al que llevará la basura. Si ese terreno es privado, debe exhibir los contratos con la empresa que reciba los residuos.
La jueza también ordenó al Ayuntamiento, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a la operadora del sitio, Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, presentar un programa calendarizado de remediación. Los trabajos deben empezar por el sector más cercano a Puerta Real. A la Segam le pidió monitorear el acuífero y al Ministerio Público de la Federación le dio vista del incumplimiento.
El 26 de octubre, Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad, aseguró que la basura del municipio ya se depositaba en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES), en Peñasco.
Trece años sin relleno sanitario
El Reglamento de Aseo Público de Soledad obliga desde 2013 a construir un relleno sanitario, y el municipio sigue sin tenerlo. Desde 2017, la basura se concentró en El Zapote, un predio particular. Los vecinos de Puerta Real se quejan desde entonces de olores y fauna nociva, y en mayo de 2025 bloquearon el Periférico Norte para exigir el cierre.
En octubre de 2025, tras una denuncia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente el sitio. Encontró que recibía residuos peligrosos, operaba sin manifestación de impacto ambiental y no captaba lixiviados ni biogás. El plazo para cerrarlo venció el 31 de diciembre.
En febrero de 2026, la Profepa impuso la clausura total temporal; en marzo comprobó que el tiradero seguía recibiendo basura. En julio acreditó 19 infracciones e impuso una multa de 8.1 millones de pesos. El juzgado concedió la suspensión provisional en abril y la definitiva el 22 de junio.
Navarro sostuvo en abril y julio que el tiradero es de un particular y que detrás del amparo había intereses políticos. En septiembre, sin un destino para las 165 toneladas diarias
de Soledad, los camiones fueron enviados a Valle de la Palma y a Enrique Estrada. En ambos lugares hubo bloqueos de vecinos.La Ley de Amparo castiga con tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación a la persona servidora pública que, como autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. La pena recae en quien desobedece, no en la institución.
Una detención no sería inmediata. Primero, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que investigar a partir de la vista del juzgado, y después un juez federal tendría que emitir la orden. Los presidentes municipales no están entre los funcionarios locales que la Constitución protege con declaración de procedencia ante delitos federales.
Si el juicio termina con una sentencia que conceda el amparo y esta no se cumple, el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene facultad para separar del cargo a la autoridad omisa.
Peñasco depende de Galindo
La salida que hoy usa Soledad es Peñasco, el relleno de la capital que opera Red Ambiental por concesión del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En octubre, Horacio Guerra Marroquín, director general de la empresa, informó que recibía entre 300 y 350 toneladas diarias de Soledad y Villa de Pozos, con autorización del alcalde Enrique Galindo Ceballos, aunque sin convenios firmados.
Galindo dijo entonces que su Ayuntamiento no pagaría nada: “Cualquier tema económico lo tienen que ver con Red Ambiental”. Navarro, del Partido Verde, espera rubricar el convenio antes de que termine el año. Mientras tanto, la descarga de su basura depende de un acuerdo de palabra con Galindo, quien mantiene un choque abierto con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las otras opciones no están listas. La propia jueza advirtió que el sitio alterno de tres hectáreas no basta como solución definitiva. El relleno conjunto con Villa de Pozos no tiene fecha, y la Segam no ha definido cuál de los cinco terrenos que evalúa será el nuevo relleno.
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Ciudad
“No se volverán a ver”: Alertan por publicación que ofrece desaparecer perros callejeros en SLP
Fátima Ramírez, de Salvando Huellitas, anunció que documenta el caso para denunciarlo ante la Fiscalía
Por: Redacción
Un día después de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley Hope, que endurece las penas por maltrato animal, un perfil llamó a recoger perros en situación de calle desde un grupo de Facebook de San Luis Potosí con más de 46 mil miembros.
“alto a los perros callejeros…. son una plaga… estaremos pasando recogiéndolos… nos haremos cargo.. comenten dónde hay para ir por ellos…”, escribió un perfil en un grupo público. La publicación sumaba 91 comentarios y se había compartido 10 veces cuando se documentó.
Otro perfil preguntó qué harían con los animales. Según capturas de la conversación, el autor respondió: “No te preocupes no se volverán a ver”. Después se desactivaron los comentarios de la publicación.
La Asociación Salvando Huellitas, representada por la activista Fátima Ramírez Martínez, calificó la publicación como una incitación a cometer un delito. Anunció que documenta el caso para presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y ante la autoridad municipal.
“Los perros en situación de calle no son una plaga. Son seres sintientes, víctimas del abandono y de la falta de políticas de esterilización, educación y tenencia responsable”, señaló la organización en su posicionamiento.
La asociación le exigió a la administración del grupo cuatro cosas. Pidió eliminar la publicación y sancionar al perfil autor y a quienes coordinen en los comentarios la recolección de animales. También pidió conservar la evidencia sin borrar comentarios, nombres de perfil ni horarios, y moderar el grupo para frenar cualquier publicación que promueva el maltrato.
Lo que cambió con la Ley Hope
La reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado se aprobó el martes 17 de noviembre
con 25 votos a favor. Castiga con 2 a 6 años de prisión el maltrato que cause la muerte de un animal y con hasta 4 años el que deje daños físicos permanentes. Además, incluye a los animales ferales en la protección penal.Según la asociación, el abandono que ponga en riesgo la vida del animal se castiga con 2 a 5 años. La pena puede subir hasta 50 por ciento, es decir, hasta 9 años de prisión, si se prolonga el sufrimiento, se usan métodos crueles o se graba la agresión.
Salvando Huellitas recordó también el artículo 21 del Código Penal: hace responsable a quien lleve dolosamente a otro a cometer el delito o le preste ayuda. Mencionó además el artículo 280, que castiga el encubrimiento, incluida la destrucción o alteración de indicios.
En agosto, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa para crear un tipo penal contra la apología o incitación al maltrato animal, incluida la que se hace en redes sociales. La propuesta se turnó a comisiones.
La organización pidió a quien vea que se llevan perros en su colonia que lo documente con fecha, hora, fotos y video, que resguarde a los animales si puede hacerlo sin riesgo y que presente la denuncia.
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