Con una inversión de mil 400 millones de pesos, la obra tendrá dos kilómetros y conectará Sierra Leona, Villa Magna, Camino a la Presa y Río Santiago

Por: Redacción

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción de un nuevo distribuidor vial de dos kilómetros en la zona poniente de la capital, que contará con una inversión de mil 400 millones de pesos y permitirá mejorar la conexión entre avenida Sierra Leona, Villa Magna, Camino a la Presa, Río Santiago y otras vialidades de alta afluencia vehicular.

El Mandatario Estatal explicó que el proyecto incluirá diversos ramales de incorporación y salida, con un diseño similar al Distribuidor Juárez, para facilitar los desplazamientos entre distintos sectores de la ciudad, reducir los tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a miles de automovilistas.

Detalló que la obra forma parte del programa de modernización de la infraestructura vial que desarrolla el Gobierno del Estado para atender el crecimiento urbano de la zona metropolitana y responder a la demanda de una movilidad más ordenada, eficiente y segura.

Ricardo Gallardo adelantó que los trabajos están previstos para iniciar entre diciembre de 2026 y enero de 2027, una vez concluida la construcción del Puente de la Familia, lo que permitirá mantener la continuidad de las grandes obras de movilidad en la capital potosina.

El Gobernador destacó que este nuevo distribuidor transformará la conectividad del poniente de la ciudad y dará respuesta a uno de los corredores con mayor crecimiento habitacional y vehicular de San Luis Potosí.

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La Comisión de Hacienda del Estado aprobó una reforma para eliminar contradicciones entre la Ley de Hacienda y la Ley de Tránsito sobre el registro de unidades recién adquiridas

Por: Redacción

La Comisión de Hacienda del Estado aprobó una reforma para homologar los plazos establecidos en la Ley de Hacienda y la Ley de Tránsito de San Luis Potosí respecto a la obtención de placas, tarjeta de circulación y engomado para vehículos nuevos.

La presidenta de la comisión legislativa, María Dolores Robles Cháirez, explicó que actualmente existe una discrepancia entre ambos ordenamientos, ya que la Ley de Hacienda establece un plazo de 15 días posteriores a la compra del vehículo para realizar el trámite, mientras que la Ley de Tránsito contempla hasta 30 días.

La legisladora señaló que, tras consultar a la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, se confirmó que el criterio aplicado por la autoridad es el de 15 días

Con la modificación aprobada, la Ley de Tránsito dejará de señalar un plazo específico y remitirá directamente a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado, con el fin de evitar contradicciones normativas.

Además, el dictamen corrige la terminología utilizada en la legislación para establecer el concepto de “engomado” como el término oficial del documento de control vehicular que se entrega a los propietarios.

La propuesta será enviada al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual votación.

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En la capacitación participaron 34 servidores públicos, quienes recibieron formación en temas como salud mental y regulación emocional

Por: Redacción

El Instituto Temazcalli impartió el curso “Puentes hacia la Reinserción Social”, dirigido al personal de seguridad y custodia de los Centros Estatales de Reinserción Social de la región Huasteca, con el propósito de ampliar sus conocimientos y herramientas para promover la salud mental como un factor clave en los procesos de reinserción social.

En la capacitación participaron 34 servidores públicos, quienes recibieron formación en temas como salud mental, patología dual, regulación emocional, manejo del duelo, prevención de recaídas, administración del tiempo libre, proyecto de vida y convivencia laboral, conocimientos que contribuyen a brindar una atención más profesional y humana.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para proporcionar al personal penitenciario herramientas que favorezcan una atención integral, reduzcan factores de riesgo y contribuyan al adecuado acompañamiento de las personas privadas de la libertad.