La iniciativa busca medidas de apoyo para madres y padres adolescentes, además de ajustes razonables para personas con discapacidad en el sistema educativo estatal.

Por: Redacción

Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, y para impulsar medidas que motiven a quienes se convierten en padres a temprana edad a continuar y concluir sus estudios.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la contraparte de la permanencia escolar es la deserción, y citó cifras del INEGI según las cuales la tasa de abandono escolar ha crecido alrededor de 20.6% desde 2022, con mayor afectación en educación media superior y superior.

La legisladora indicó que muchas personas que abandonan sus estudios pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y que convertirse en padres a edad temprana suele orillar a los estudiantes a truncar su vida escolar.

La reforma propone ajustes razonables para personas con discapacidad, como adaptación de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, timbres, alarmas y barandales, así como gestionar ante las instancias correspondientes adecuaciones al transporte escolar y público. También plantea políticas para eliminar barreras y facilitar el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Rosas Montiel afirmó que el tratado prevé revisiones anuales durante una década, en momentos en que Estados Unidos mantiene aranceles a acero y aluminio.

Por: Redacción

Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, afirmó que existe un buen avance en las revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las mesas de negociación entre los tres países, con el objetivo de mantener las bases del comercio en la región de Norteamérica.

Rosas Montiel recordó que se estableció que el T-MEC mantendrá su vigencia por 10 años, a través de un mecanismo de revisiones anuales que permitirá a las tres naciones evaluar de forma constante su implementación.

“En las mesas de negociación se estableció un tiempo de 10 años, con una revisión anual y aquí de lo que se trata es de establecer las bases para que haya un comercio fuerte en la región de Norteamérica, no creo que vaya a existir nuevos aranceles a diversos productos, sino lo que se busca es la disminución de los que ya están en marcha”, afirmó el diputado.

El legislador recalcó que se trata de un tratado importante para toda la región de Norteamérica, ya que el 80 por ciento de las exportaciones de México se dirige a Estados Unidos, con un peso centrado en la industria automotriz.

“El 80 por ciento de lo que exportamos es hacia Estados Unidos, y lo que se estará centrando es la cuestión automotriz, y en los aceros, aluminios es donde han centrado los aranceles”, sostuvo Rosas Montiel.

El T-MEC entró en vigor en julio de 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras un proceso de renegociación entre los gobiernos de los tres países. El tratado contempla una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, con posibilidad de prórroga hasta por 16 años más si las tres naciones lo ratifican.

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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