noviembre 19, 2026

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Estado

Fiscal García Cázares comparece ante el Congreso de SLP

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La fiscal del estado hablo ante las y los diputados sobre el trabajo efectuado en el último año dentro de la institución procuradora de justicia

Por: Bernardo Vera

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), acudió al recinto legislativo del Congreso del Estado para comparecer ante las y los 27 diputados y diputadas. Esto luego de haber rendido su informe anual de actividades de la institución.

Durante su intervención, destacó que de 52 mil carpetas de investigación, se ha obtenido el equivalente a casi 3 mil 300 años de condena.

En la comparecencia con las y los legisladores, Jessica Gabriela López Torres, diputada local por el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó cuestionamientos sobre acciones efectuadas para combatir delitos como la violencia a las mujeres, pueblos y comunidades indígenas, abigeato, caso Rich y reflexiones sobre su posición como mujer y funcionaria de primer nivel.

Frinne Azuara Yarzabal, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), objetó sobre la efectividad de la participación de la FGESLP en las mesas de Construcción de Paz y Seguridad. A lo que García Cázares respondió que esta participación permite la colaboración interinstitucional, además de la creación de operativos en el combate a la delincuencia de las cuatro zonas del estado.

Rubén Guajardo Barrera, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó sobre la denuncia por el desalojo de elementos de la Guardia Civil Estatal; la reforma al artículo 21 constitucional, para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de la Federación; el incremento de denuncias por fraude en el robo de vehículos.

Martha Patricia Aradillas, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó información sobre el combate a los delitos de violencia intrafamiliar; la fiscal del estado habló de los aspectos psicológicos y legales. Esto último mediante el seguimiento a las carpetas de investigación. Además de la prevención de este delito mediante la promoción de la cultura de la denuncia.

Sara Rocha Medina, diputada del PRI, preguntó sobre el proceso de selección de elementos en la institución y que ocurre con las personas que no aprueban los exámenes de control y confianza

. La fiscal argumentó sobre la constante capacitación y medición del rendimiento de cada uno, la expedición de un certificado y la evaluación cada tres meses. Así mismo, actualmente solo hay un procedimiento aperturado contra una persona que no aprobó estas evaluaciones.

Marco Antonio Gama Basarte, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó sobre acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas como sujeto obligado; la desaparición de personas; elementos de la FGESLP en los juzgados; y acciones para brindar una atención más humana a las víctimas que acuden a la Fiscalía estatal.

Diana Ruelas Gaitán, legisladora del PVEM, preguntó sobre los casos de feminicidio en el último año; a lo que respondió que han ocurrido diez, y ocho de ellos han sido judicializados y vinculados a proceso, mientras que dos casos recientes están a punto de llevarlos ante el juez de control.

Juan Carlos Bárcenas, diputado del Partido Nueva Alianza, demandó información sobre la participación de la FGESLP en la Conferencia Nacional de Fiscalías. Garcia Cázares mencionó que ha asistido en los meses de junio y noviembre en Ciudad de México, y que sirvió para fortalecer la colaboración entre fiscalías estatales. Además de intercambio de estrategias y conocer de manera más cercana a las y los titulares de los diferentes estados del país.

Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado de Morena, cuestionó sobre los avances en investigaciones contra ex funcionarios de las anteriores administraciones. La fiscal García Cázares declaró que hay casos que no terminan ante el juez.

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Estado

Despensas bajo vigilancia: Sedesore advierte castigos por uso electoral

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María del Rosario Martínez dijo que la dependencia dará indicaciones, pero la responsabilidad recaerá en cada funcionario

Por: Redacción

Los delegados y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) que hagan mal uso de los programas sociales durante el proceso electoral de 2027 responderán de manera personal, advirtió María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia.

“Un delegado, un presidente puede ser responsable si hace mal uso de un programa”, señaló. Explicó que Sedesore dará indicaciones claras, pero que si alguien comete una infracción o no entrega los apoyos como corresponde, se tendrá que proceder contra ese funcionario de manera personal.

Cuestionada sobre si temía que algún actor político usara los programas con fines electorales, respondió que esa responsabilidad será “más de manera personal” de quien los utilice.

Antes del proceso, Sedesore capacitará a sus delegados sobre cómo cambia el mensaje, qué se puede decir y cómo deben presentarse los programas. “La responsabilidad también recae sobre el funcionario que no comprenda cuáles son los alcances”, afirmó.

Despensas en blanco y negro

Martínez Galarza recordó que, como en procesos anteriores, la ley marca alrededor de marzo el cambio en mensajes y logos, que deberán ir completamente en blanco y negro. Las cajas de despensa llevarán la leyenda de que el programa es ajeno a los partidos políticos; la modificación se acordará con el proveedor.

En enero y febrero, la dependencia revisará lo que debe cambiar en la despensa, su programa más grande, y en el resto de los apoyos que entrega de forma permanente. La titular dijo que ya trabajan con la Secretaría General de Gobierno, que envió oficios para preparar el proceso.

En junio, Sedesore suspendió a un delegado por guardar alimentos en una sede política.

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Estado

Tortilla a 14 pesos, al menos hasta que termine el gobierno de Gallardo

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Los contratos de las tortillerías se renuevan cada año y vencen con la actual administración, en 2027

Por: Redacción

El precio de la tortilla subsidiada del Gobierno del Estado no aumentará aunque suba el maíz, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). Explicó que el proveedor que gana cada procedimiento debe ajustarse al precio que fija la dependencia.

Martínez Galarza señaló que este año mantuvieron el precio porque el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es que las tortillas subsidiadas no suban. El programa vende el kilo a 14 pesos.

Para 2027, la dependencia ya trabaja el Programa Operativo Anual (POA) con la Secretaría de Finanzas, con base en el presupuesto que autorice el Congreso del Estado. Detalló que cada procedimiento se valida con dos o tres meses de anticipación.

Contratos hasta el fin del sexenio

Los contratos de las tortillerías, igual que los de las clínicas y el resto de los programas, se renuevan cada año. La titular explicó que todos los contratos del Gobierno del Estado deberán terminar entre septiembre y octubre de 2027, cuando concluye la actual administración.

Lo que ocurra después dependerá del siguiente gobierno. En junio, la propia Martínez Galarza reconoció que la continuidad de la tortilla subsidiada y de otros apoyos “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.

Doce tortillerías y dos en puerta

Con la apertura más reciente, la red suma 12 tortillerías entre la capital y municipios rurales; en junio eran ocho. La siguiente abrirá la próxima semana en la colonia General I. Martínez. Otra, comprometida por el gobernador, se revisa para abrir en diciembre en Tierra Blanca.

Cada tortillería entrega 500 kilos diarios y cada familia tiene derecho a dos kilos. Los locales se buscan en zonas populares, y la titular contó que visita cada punto días antes de abrirlo para conocer la opinión de los vecinos.

“Lo que más consumimos, la mayor parte de los potosinos, pues es la tortilla”, dijo Martínez Galarza al explicar el peso del programa en la economía familiar.

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Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles

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El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles

Por: Redacción

La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.

El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.

Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.

La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno

, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.

Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.

Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.

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