Se crea una nueva plataforma digital, con énfasis en transparencia, agilidad y control

Por Roberto Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, junto con reformas a las leyes de Austeridad Republicana, Economía Social y Solidaria, y Sociedades Cooperativas. La votación cerró con 350 votos a favor, 100 en contra y cero abstenciones.

El nuevo marco normativo busca transformar por completo el sistema de contrataciones del Estado mexicano. Se plantea como una herramienta para combatir la corrupción, garantizar competencia justa entre proveedores y asegurar condiciones óptimas para el gasto público. Todo ello, en cumplimiento del artículo 134 constitucional.

La pieza central de la reforma es la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituye al actual sistema Compranet. Esta herramienta pretende ser mucho más que un simple repositorio de documentos. Permitirá la suscripción electrónica de contratos y la trazabilidad completa de los procesos, desde la planeación hasta la ejecución del gasto.

Además, se establece la Tienda Digital del Gobierno Federal, un módulo para realizar compras inmediatas y consolidadas de bienes de uso común, como agua o artículos de oficina. Con esto, se agilizan procedimientos que antes requerían semanas o incluso meses.

El dictamen también ordena la instalación del Comité de Contrataciones Estratégicas, que tendrá 30 días hábiles para quedar formalmente constituido. Dicho comité deberá aprobar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, la lista de bienes y servicios que podrán adquirirse de forma consolidada para el ejercicio fiscal 2025.

El nuevo sistema deberá funcionar al 100% en no más de 30 meses. Mientras tanto, seguirá utilizándose Compranet de manera transitoria.

También se establece que las dependencias y entidades tendrán tres meses para revisar la congruencia de la información publicada desde 2020 en Compranet, de modo que la migración a la nueva plataforma sea coherente y confiable.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Economía Social tendrá hasta 180 días naturales para implementar el modelo de certificación de sociedades cooperativas y otros organismos del sector social.

La nueva legislación contempla favorece la participación de Mipymes, sociedades cooperativas y grupos de atención prioritaria, al tiempo que se incorporan figuras como la del Testigo Social para fortalecer la vigilancia ciudadana en los procesos de contratación.

Previo al debate en el pleno, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, en entrevista para la Orquesta, negó que la eliminación de Compranet implique menor transparencia. “No, ya lo verán en el debate. No es así, es para bien”, aseguró al ser cuestionado por medios.

Monreal acusó a la oposición de actuar con fines efectistas frente a los altos niveles de respaldo popular de la presidenta. “Creo que la oposición está dando golpes efectistas. Ese es su trabajo. Nosotros estamos actuando con seriedad aquí en la Cámara de Diputados”, dijo.

Frente a las dudas sobre las compras públicas, reiteró que el nuevo sistema es superior: “El sistema que se está diseñando es mucho mejor. Ya lo verán.”

La senadora dijo que solo ocho de cada 100 policías pueden acceder a un crédito de vivienda

Por Roberto Mendoza

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, de San Luis Potosí, presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional, con el propósito de garantizar que las personas que laboran en instituciones de seguridad pública puedan acceder a una vivienda digna y que sus hijas e hijos tengan derecho a la educación en todos los niveles.

La legisladora subrayó que esta propuesta representa un avance significativo que complementa el trabajo del senador Mauricio Vila Dosal en el reconocimiento integral a quienes tienen la encomienda de proteger a la población.

Actualmente, solo ocho de cada cien policías pueden acceder a un crédito para vivienda y apenas seis de cada cien reciben algún tipo de apoyo para adquirir una casa, lo cual, advirtió Rodríguez Hernández, “abre la puerta a la corrupción, que como sabemos debilita el Estado de Derecho y deteriora la confianza ciudadana en nuestras instituciones”.

La senadora precisó que esta propuesta no es solamente una cuestión de justicia social, sino también una estrategia estructural: “Si queremos una seguridad pública eficiente, necesitamos elementos capacitados con vocación, pero sobre todo con condiciones de vida que les permitan desempeñar su labor con dignidad y con orgullo”.

La reforma establece con claridad que el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán garantizar apoyos concretos para la adquisición de vivienda

“La seguridad pública en México ha sido históricamente reactiva y pocas veces preventiva. Hoy proponemos una visión distinta: prevenir también es apoyar, fortalecer, reconocer y dignificar”, afirmó Rodríguez Hernández.

Destaco a Yucatán, Aguascalientes y la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, entidades que han alcanzado los más altos niveles de percepción de seguridad y desarrollo humano gracias a una inversión sostenida en formación, incentivos y mejora de la calidad de vida de sus elementos policiales.

La senadora potosina concluyó que esta reforma busca transformar no solo la legislación, sino la realidad de miles de mexicanas y mexicanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de la seguridad pública, muchas veces arriesgando su vida. “Es momento de darles lo que por justicia merecen”, finalizó.

El diputado potosino José Luis Fernández destaca su impacto positivo para San Luis Potosí.

Por Roberto Mendoza

Con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención en lo general, y 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La propuesta, impulsada por la Presidencia de la República, fue turnada al Senado para su análisis y votación final.

La nueva legislación busca alinear la ejecución de obra pública con principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez, a través de una plataforma digital centralizada y obligatoria: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta herramienta tecnológica será el único medio para llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos en todo el país.

Además, la reforma fortalece mecanismos de control, endurece sanciones e inhabilitaciones y permite nuevas prácticas como los “diálogos estratégicos” entre funcionarios y proveedores antes del inicio formal de un procedimiento, para mejorar las condiciones de contratación. También se establece el uso obligatorio de bitácoras electrónicas para el seguimiento puntual de cada obra.

El diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, explicó en entrevista exclusiva para La Orquesta que esta reforma representa una actualización indispensable de una ley vigente desde los años noventa, y que hoy ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno.

“Uno de los principales objetivos es incorporar herramientas tecnológicas para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en la ejecución de la obra pública. La bitácora digital, por ejemplo, permitirá dar seguimiento en tiempo real a los trabajos que se realicen, lo que hoy aún se hace en papel”, señaló.

Fernández también subrayó que la nueva ley introduce candados importantes para evitar conflictos de interés: “Antes, un funcionario no podía participar directamente en una licitación, pero sí podía hacerlo a través de una empresa en la que fuera socio. Ahora, eso también queda prohibido.”

En respuesta a las críticas de la oposición —que considera que esta reforma podría abrir la puerta a prácticas poco transparentes—, el legislador potosino defendió el contenido de la ley: “Yo creo todo lo contrario. Esta reforma promueve la transparencia y abre espacios de diálogo regulado entre funcionarios y participantes, lo cual puede mejorar las decisiones. En el marco actual, ni siquiera puedes escuchar a quien está ofreciendo un servicio. Ahora eso será posible, con reglas claras.”

Sobre el impacto en San Luis Potosí, Fernández dijo que habrá que hacer adecuaciones a la ley estatal para armonizar con esta reforma federal, pero confía en que los cambios sean positivos. “La gente quiere que el dinero público se invierta bien, que se hagan obras duraderas y de calidad, que gane la mejor propuesta y no quien tiene más cercanía con el poder. Eso es lo que busca esta ley.”

La reforma, que también regula procedimientos como la adjudicación directa y las condiciones para que entidades públicas realicen obras sin recurrir a terceros.