agosto 18, 2026

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Feminicidas de Karla, en prisión preventiva por 4 meses

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Karla

Un juez de control dictó 4 meses de prisión preventiva para los cuatro implicados en el caso de Karla; los hechos ocurrieron el 18 de agosto

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que un juez de control vinculó a proceso a cuatro personas por el delito de feminicidio por su presunta responsabilidad en la muerte de Karla, a causa de quemaduras que le provocaron los implicados en la capital potosina.

Durante la audiencia inicial, se presentaron los argumentos necesarios para que el Juez de Control y Tribunal Oral adscrito al Centro Justicia en La Pila otorgara la prisión preventiva oficiosa a los imputados.

Se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria; las cuatro personas vinculadas a proceso responden al nombre de Jenny Esmeralda “N”, José Gustavo “N”, detenidos inicialmente; y posteriormente asegurados, Miguel Ángel “N” y Jonathan Julián “N”.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto, Karla perdió la vida en un hospital de la capital potosina por quemaduras de tercer grado en poco más de la mitad de su cuerpo.

Durante las primeras indagatorias se estableció que un matrimonio, identificados como José Gustavo “N” de 32 años y Jenny Esmeralda “N” de 30 años de edad, presuntamente transportaron a la víctima de una fiesta que se llevaba a cabo en el fraccionamiento Valle del Tecnológico a la zona donde fue encontrada, en la colonia Manuel José Othón.

Posteriormente, en entrevista con testigos, se pudo identificar a dos sujetos más, presuntamente involucrados en los hechos y quienes se presume provocaron las lesiones con el fuego a Karla.

Las cuatro personas quedaron recluidas en el centro de reinserción social ubicado en la delegación de La Pila, en prisión preventiva, en tanto concluye el plazo de las investigaciones complementarias para que luego de ello, se defina su situación legal final.

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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

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Ciudad

Estructura de Galindo: Comités Ciudadanos cubren 97 % del municipio

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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.

Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.

Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.

Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.

El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.

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Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema

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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto

Por: Haniel Valdés Velázquez

Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.

Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”

Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.

Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.

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