Derogar una ley es facultad exclusiva del Congreso, pero los diputados locales dicen que esperan la propuesta del gobernador

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anticipó el fin de semana que buscará derogar la Ley Serrano, y en su lugar proponer criterios sobre medios de comunicación y evitar el periodismo anónimo. Sin embargo, derogar una ley es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.

El artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que dictar, abrogar y derogar leyes corresponde al Congreso del Estado. El gobernador solo tiene la facultad de veto, prevista en el artículo 80, que le permite presentar observaciones a una ley dentro de los diez días hábiles siguientes a recibirla, antes de su publicación, no derogarla una vez que ya está en vigor. El artículo 61 de la misma Constitución señala, además, que cualquier diputado, y no solo el gobernador, puede presentar ante el Congreso una iniciativa para abrogar o derogar la ley.

A pesar de esa distinción, los diputados locales hablan de la derogación como una decisión que depende del Ejecutivo. Rubén Guajardo Barrera, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que su bancada acompañará la derogación si el gobernador la envía al Congreso, y explicó que la votación depende de la aritmética legislativa: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene la mayoría, con algunas adhesiones adicionales, por lo que ninguna propuesta avanza sin su respaldo. El diputado interpretó el anuncio de Gallardo Cardona como una señal de que el PVEM acompañará la derogación.

El PAN votó en contra de la ley vigente por dos razones, dijo Guajardo Barrera: la bancada respalda regular la inteligencia artificial, pero rechaza que la ley sea punitiva, y considera que el Congreso la aprobó en un proceso exprés, de entre 10 y 11 días

, sin un análisis profundo.

Guajardo Barrera celebró la posible derogación porque, dijo, dará tiempo al Congreso para revisar derecho comparado en otros estados y países. Sostuvo que la inteligencia artificial debe regularse, pero advirtió que no debe ser punitiva mientras exista en México la figura de la prisión preventiva.

Sara Rocha Medina, diputada local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condicionó su postura de la misma manera: dijo que, si el gobernador envía una nueva ley o la derogación de la vigente, su bancada hará lo que corresponda. Afirmó que aún no hay información oficial sobre el contenido de la iniciativa, más allá de lo declarado públicamente, y que prefiere conocer la propuesta antes de opinar.

Rocha Medina sostuvo que ninguna ley nace perfecta y que toda normativa puede mejorarse, pero evitó pronunciarse sobre si conviene sustituir la regulación de inteligencia artificial por una enfocada en medios de comunicación.

Ninguno de los dos legisladores mencionó la posibilidad de presentar una iniciativa propia para derogar la Ley Serrano, pese a que la Constitución del Estado les reconoce ese derecho sin necesidad de que el Ejecutivo actúe primero. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha enviado formalmente la iniciativa al Congreso.

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Lourdes Zarazúa catalogó la cifra como un “número impresionante” de desahogo por parte del tribunal

Por: Redacción

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí desahoga entre 500 y 600 audiencias cada tres días, cifra que refleja la carga de trabajo que impone el sistema penal acusatorio instaurado con la reforma de 2008, informó su presidenta, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

“Se reportan aquí en el tribunal cada tres días entre 500 y 600 audiencias. Ese es un número impresionante”, afirmó la magistrada, al señalar que el volumen de asuntos ha crecido de manera constante.

Zarazúa Martínez explicó que el sistema oral exige más personal que el sistema escrito anterior

, ya que cada audiencia requiere la presencia física de todas las partes. Una de las principales dificultades, señaló, es el manejo del tiempo: una audiencia programada puede extenderse hasta cuatro horas si las partes llegan sin la preparación adecuada.

La magistrada subrayó que la capacitación de jueces, litigantes y ministerios públicos es indispensable para que el sistema opere con la celeridad para la que fue diseñado.

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Lourdes Zarazúa advirtió que el abuso de recursos legales alarga los procesos al grado de que lo que debería durar tres meses se extiende hasta un año

Por: Redacción

El exceso de impugnaciones dentro del sistema penal acusatorio está alargando los procesos judiciales en San Luis Potosí, al grado de que procedimientos que deberían resolverse en tres meses se extienden hasta nueve meses o un año, advirtió Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

“Nos vamos a impugnar una cosa, a impugnar la otra y el otro proceso y el siguiente paso, lo que hace que en tres meses se lleven nueve meses o un año”, señaló la magistrada. Explicó que el problema no es la falta de sentencias, sino que los procesos se alargan tanto que no llegan a la fase del dictado de sentencia

.

Zarazúa Martínez advirtió que esta situación tiene consecuencias directas en los centros penitenciarios: las personas con prisión preventiva permanecen recluidas por periodos más largos, lo que contribuye al crecimiento de la población en los centros de internamiento.

La solución, indicó, pasa por capacitación tanto para jueces como para litigantes y ministerios públicos, y por promover acuerdos reparatorios en los delitos que lo permiten. “La parte más importante es capacitación“, afirmó.

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