Estado
Estos son los cambios que piden los diputados para la reforma educativa
El diputado Mauricio Ramírez Konishi aseguró que el bloque de oposición a Morena hizo sugerencias para perfeccionar la reforma educativa
Por: Redacción
Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado del Congreso del Estado, dijo que preocupan muchos puntos sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la educación en México, pues “inclusive son contradictorios de una agenda por una educación equitativa, inclusiva y de calidad”, razón por la cual el bloque opositor en la Cámara de Diputados conformado por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron en la sesión del miércoles pasado una nueva propuesta de reforma educativa.
Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, expuso que dicha iniciativa mantiene las evaluaciones a los docentes, pero sin las sanciones de desempeño por considerarlas un elemento punitivo, y plantea transformar el Servicio Profesional Docente en el Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, que contará con su propia ley para desarrollar los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros.
La propuesta plantea también la creación del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá como objetivo mejorar de forma constante la educación a partir de evaluar los componentes, procesos y resultados en coordinación con autoridades federales y locales.
Entre las principales preocupaciones que se integran en el documento, se consideran las siguientes:
- La desigualdad de oportunidades y aprendizajes.
- El reconocimiento a los docentes como agentes de cambio social.
- La importancia de la capacitación y la formación de los docentes.
- Eliminar las connotaciones punitivas de la evaluación.
En esta nueva propuesta se busca incorporar un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, nuevos principios y propósitos de la educación, consejos consultivos en materia educativa y el derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones.
Finalmente, buscan que se mantenga la rectoría del Estado, la calidad como cualidad inherente al derecho a la educación, el mérito como principio rector para el ingreso y desarrollo de la carrera docente, la autonomía universitaria, educación inicial 
Ramírez Konishi recordó que la reforma educativa en nuestro país fue constitucional que se promulgó a principios de 2013; en septiembre de ese mismo año se promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Esta reforma tuvo como propósito:
- Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita.
- Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad.
- Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela.
- Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros.
- Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos.
- Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.
Desde el comienzo de la reforma, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestó en contra de las implicaciones laborales de la reforma, como el establecimiento de un sistema de evaluación de los maestros y la autogestión de las escuelas. La reforma también fue criticada por ser más administrativa y por formar parte de una amplia estrategia de desmantelamiento neoliberal según sus críticos.
Piden que no haya simulaciones en el análisis a la reforma del artículo 19
Las autoridades estatales escucharan las opiniones de los colectivos para la designación
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, informó que ya tienen identificados algunos posibles perfiles que cumplen con los requisitos para dirigir la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
El secretario reiteró que cada perfil —tanto de hombres como de mujeres— se encuentra bajo análisis, y señaló que la selección estará guiada también por la opinión de los colectivos, pues son de los principales usuarios de esta instancia
Por último, mencionó que hasta el momento no se tiene conocimiento de si dichos colectivos han propuesto a alguna persona para el cargo, además de que aún no se ha definido una fecha para realizar la designación.
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Ricardo Gallardo enfatizó que este servicio contribuye a la sustentabilidad, gracias a la incorporación de autobuses eléctricos
Por: Redacción
El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, resaltó que San Luis Potosí es ejemplo a nivel nacional por consolidar una movilidad sin límites, con la puesta en operación y ampliación del sistema de transporte MetroRed para la zona metropolitana y Ciudad Valles, que alcanza cerca de 16 millones de viajes desde su puesta en operación, además de que contribuyó a que la entidad fuera reconocida por tener el mejor transporte público de todo México.
El mandatario destacó que actualmente el sistema MetroRed, opera cuatro líneas en la zona metropolitana y dos rutas eléctricas en Ciudad Valles, todas completamente gratuitas, lo que ha representado un ahorro para las familias de más de 196 millones de pesos, con impacto a estudiantes, personas adultas mayores, trabajadores y personas con discapacidad.
Además, Ricardo Gallardo, enfatizó que este servicio gratuito contribuye a la sustentabilidad, gracias a la incorporación de autobuses 100 por ciento eléctricos en la Huasteca y anunció que próximamente se impulsará una nueva ruta de Tamazunchale a Ciudad Valles, pasando por los municipios más importantes, con lo que se apuntalará el desarrollo económico y turístico de toda la región.
Advierte que la falta de claridad permitiría interpretaciones arbitrarias; podría criminalizar actividades digitales legítimas como arte, edición y crítica política
Por: Redacción
La organización Artículo 19 manifestó su rechazo a la reciente reforma al Código Penal de San Luis Potosí, que pretende sancionar ciertos usos de la inteligencia artificial.
En un pronunciamiento público, la organización señaló que las nuevas disposiciones —particularmente las incorporadas al artículo 187 Ter y los artículos 272 Ter y 272 Bis— presentan serias deficiencias al emplear conceptos imprecisos y mal definidos, como “alarma pública” o “paz social”.
De acuerdo con Artículo 19, la reforma tampoco delimita qué elementos permitirían identificar una intención dolosa en la difusión de contenidos, lo que abre un margen amplio para interpretaciones discrecionales. Esta falta de rigor, asegura, podría generar que acciones legítimas dentro de la vida digital se clasifiquen como delitos: desde edición de materiales, producción artística o crítica política, hasta el uso cotidiano de herramientas basadas en inteligencia artificial.
La organización advirtió que el Congreso local aprobó una legislación que parece priorizar el impacto político o mediático antes que un análisis jurídico serio, y que además se suma a un clima creciente de criminalización de la libertad de expresión. Aunque el texto incluye excepciones para periodistas, creadores y actores políticos, la ambigüedad con la que fueron redactadas no garantiza protección real frente a decisiones arbitrarias.
Artículo 19 recordó que la presión judicial contra periodistas ha ido en aumento. Tan solo entre enero y julio de 2025, documentó 51 casos de acoso legal, equivalente a un nuevo proceso cada cuatro días. De ellos, 14 fueron denuncias penales. La organización enfatizó que la violencia ya no se limita a agresiones físicas: ahora se utilizan tribunales y procedimientos administrativos para inhibir la labor informativa.
La agrupación también informó que había entregado un análisis técnico a la Comisión Primera de Justicia el pasado 10 de noviembre, advertencias que finalmente fueron ignoradas. Por ello, reiteró que quienes legislan deben comprender a profundidad los derechos digitales antes de promover reformas que puedan funcionar como mecanismos de censura o de control del discurso público.
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