octubre 30, 2026

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Escándalo ambiental con Draexlmaier en SLP tomó por sorpresa a la Segam

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Segam admite que Draexlmaier sí es responsable por el destino final de sus desechos y ya se realizan indagatorias sobre los tiraderos clandestinos descubiertos por La Orquesta

Por José Luis Vázquez

 

Este lunes, La Orquesta dio a conocer que la empresa alemana Draexlmaier deposita solamente el 3.33% de sus desechos industriales en tiraderos autorizados, mientras que el 96.6% restante termina en tiraderos clandestinos, uno ubicado en Milpillas y otro en Rancho Nuevo. Esto representa un serio riesgo ambiental y sanitario para San Luis Potosí, además de que deja patente la negligencia que las autoridades reguladoras tienen al respecto.

Hasta el momento el gobierno no ha emitido un posicionamiento oficial, sin embargo, Yvett Salazar Torres, la titular de la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Segam), dio a conocer su postura sobre el tema, asegurando que Draexlmaier sí es responsable por tiraderos clandestinos asociados a sus desechos.

En primera instancia, Yvett Salazar apuntó que la investigación realizada por este medio tomó por sorpresa a la secretaría, en donde no estaban enterados de que ese tipo de prácticas irregulares estuvieran vinculadas a Draexlmaier. También resaltó que la corporación ya se acercó a la Segam luego del escándalo.

“De hecho no teníamos conocimiento de que [el scrap] fuera a dar a este sitio. El día de ayer, te comento, hicimos una visita al lugar. En esta visita se identificó que efectivamente este sitio de disposición final no tiene los permisos. El día de ayer, la empresa, también preocupada por la situación, se acercó. Ellos van a iniciar una investigación en cuanto a ver el tipo de residuos que tienen ahí, porque obviamente, por temporadas de producción, se conoce el tipo de residuos y pueden saber la fecha aproximada de cuándo hubo esa inadecuada disposición”, señaló la titular de la dependencia.

Salazar Torres también apuntó que hay tres empresas que podrían ser las responsables de lo ocurrido, en torno a ellas comenzarán las indagatorias.

“Nosotros también empezaremos la investigación correspondiente porque aquí hay tres empresas que pudieran ser las posibles responsables, que fueron las que tuvieron en algún momento contrato con esta empresa Draexlmaier”, dijo la funcionaria. “Entonces les vamos a hacer una revisión de un año atrás, de ver cuáles van a ser las tres empresas que ha contratado y sobre eso derivar los procedimientos correspondientes. Porque no se le puede echar la culpa a la última, sino hay que averiguar de fondo desde cuándo están estos residuos en ese lugar y procederemos a checar varias situaciones: una, el quitarles el permiso que se otorgó por parte de la secretaría, iniciarles el procedimiento administrativo correspondiente para generar la multa o bien, meter una denuncia penal en caso de que se encuentre un daño ambiental”.

No obstante, pese a que por ahora las revisiones se enfocarán en las empresas que fueron contratadas para realizar la disposición final de los desechos industriales, Yvett Salazar apuntó a que Draexlmaier también es responsable de lo que ocurre con esta parte final de su cadena de producción.

“[A las empresas] se les pide que presenten un plan de manejo. Estos planes de manejo lo que proponen, o lo que la secretaría sugiere, es que las empresas puedan disminuir la cantidad de residuos que van a dar a los tiraderos o a los sitios de disposición final. Es decir, de toda la producción y los sobrantes que tienen las empresas no se busca que lleguen a un confinamiento, lo cual sería generar más basura. Más bien se busca que ellos encuentren estos enlaces que puedan hacer a su vez de recicladores y que lo puedan comercializar. Incluso se han acercado varios de los promoventes que tenemos, que se dedican a esta actividad y ellos mismos nos comentan y nos comparten documentalmente que hay empresas de otros estados que les compran esos sobrantes. Por ejemplo, las telas de vinil se las llevan mucho a León para hacer zapatos; es decir, se busca la manera de reutilizar eso que para unos ya no sirve, para otros sí. Efectivamente en esta situación también tendremos que dar vista al municipio para corroborar si tiene su licencia de funcionamiento, si tienen su permiso también de comercio. También checaremos si tienen su permiso con Protección Civil, esto porque, desafortunadamente, la inadecuada disposición puede generar que haya algún incendio en estos lugares, o algún descuido mayor que genere impacto al ambiente. Entonces son algunas de las acciones que te comparto que vamos a hacer. Esta semana también iniciamos el procedimiento, la visita de inspección a la empresa Draexlmaier, lo cual derivará en un procedimiento administrativo. Vamos a pedir la documentación donde acredite la entrega de los residuos, los manifiestos, para llevar todo el seguimiento y toda la cadena del tema”.

La Orquesta. ¿La empresa entonces se deslinda de esta situación? ¿Podríamos decir que el responsable es la empresa que se encarga de estos desechos?

Yvett Salazar: Aquí hay que considerar algo, de hecho hasta como ciudadanos, somos responsables de la generación de nuestros residuos hasta que llegan a la disposición final. Entonces ellos evidentemente no se pueden zafar de la responsabilidad, porque todas las empresas tienen incluso esta parte ambiental, que se verían muy mal queriéndose deslindar de esta situación. Te digo, se va a proceder legalmente hasta donde llegue, tanto con la empresa, con los tres supuestos transportistas que estuvieron prestando el servicio y obviamente con el sitio de disposición final.

¿Qué sanciones podrían venir?

Como te decía, desde poderles retirar el permiso, hacer una suspensión, en este caso va a proceder la suspensión inmediata del lugar, en caso de que no tengan permisos, la clausura. En el caso de los transportistas, retirar los permisos que se les otorgaron como transportistas, como servicio de recolección y de transporte de residuos por la inadecuada disposición, y bueno, con la empresa también puede surgir una multa, este procedimiento que te digo que puede caer para cobro o para alguna autoridad si proceda como algún delito ambiental.

Se tiene que hacer una revisión, esto va derivando del procedimiento administrativo, toda vez que legalmente estamos obligados a ver cuál es la capacidad financiera de las empresas para sobre eso imponer las multas. Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones que aunque ellos acreditan tener cierta liquidez financiera pues se amparan y sucede un trámite legal muy complejo, que la verdad es que preferimos mejor revisarlos bien, checar toda su base financiera y sobre eso poder sacar los resolutivos de sanciones.

***

Debido a los procesos internos, por ahora Segam no puede mencionar cuáles son las tres empresas transportistas contratadas por Draexlmaier en los últimos meses para realizar la disposición final de los desechos industriales. Sin embargo entre ellas estaría aquella (o aquellas) que incurrieron en los procesos irregulares. En cualquier caso, por motivos de transparencia, pronto la información podría darse a conocer, sobre todo una vez que las inspecciones hayan concluído.

¿Qué hay de la situación del mercado negro y de la venta de estos desechos a ladrilleros que los queman y producen contaminación?

 Respecto a los ladrilleros estamos en visitas muy constantes con el municipio. Estamos haciendo diversos operativos en los que, primeramente, para no violentar los derechos humanos, quisimos tener este acompañamiento por parte de ellos para que no violentar a ninguna de las partes. Ni a los habitantes de la zona ni a estas personas que tienen su actividad de más de 35 años y que desgraciadamente el crecimiento urbano mal planeado ha llegado a autorizar fraccionamientos, casas habitacionales, cerca de industrias que evidentemente generan un conflicto social. Entonces en esta primera etapa lo que estamos haciendo es retirar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, como autoridad nos está ayudando a identificar qué empresas creen que están teniendo una disposición final adecuada y que no lo están haciendo de esta manera. Tenemos también ahí un par de empresas que les está sucediendo lo mismo, no la totalidad de sus residuos, pero esto los mete a ellos en un problema porque no tienen proveedores o tienen clientes muy firmes o precisos en todo este cumplimiento ambiental y que les puede generar un perjuicio económico al perder estos clientes. Entonces esta cadena nos permite hacer este cierre, identificar de dónde proviene, pero lo que más hemos encontrado son residuos domésticos y también llantas.

También hicimos solicitudes de información a otros estados preguntando sobre sus desechos industriales en los que nos contestaban que ellos no tenían constancia de que acabaran en sus áreas de jurisdicción, ¿esos desechos vienen a caer a San Luis?

No forzosamente. La mayoría de las empresas busca que el 90 por ciento de sus residuos los puedan incluir en todos procesos. El tener un desperdicio para las empresas es tirar dinero a la basura. Lo que busca es que tengan estas cadenas de comercialización para que ellos pierdan lo menos. Se busca que depositan lo menos. Residuos de los sanitarios, residuos de los que sean peligrosos, bueno, tendrán que ir con una empresa que tenga el destino final adecuado con sus trámites de Semarnat, con el seguimiento de Profepa y en el caso de los de manejo especial, la mayoría que son cartones, que son plásticos, se busca que se puedan comercializar para darle una segunda vida a estos residuos.

¿La Segam no fue omisa en esta situación?

Ustedes pidieron información y se les proporcionaron datos muy precisos pero ustedes no conocían todo el proceso, el que las empresas se suman para llevar el tema del reciclaje. Nosotros damos seguimiento a la empresa, porque ellos nos presentan de manera semestral sus reportes como generadores de residuos, los transportistas nos presentan los manifiestos y aquí lo que sucedió es que, en algún momento, algún transportista no reportó lo que tenía que reportar. Eso es lo que te digo, que de estas tres transportistas es lo que tenemos que ubicar. Cuál de estos tres engañó a la autoridad al presentar los reportes.

***

Contrario a lo dicho por Yvett Salazar Torres, la secretaria de Ecología de gobierno del estado, es imposible que las empresas apliquen un plan de reciclaje al scrap de piezas automotrices. Como estipula la NOM-161 de Semarnat, de todos los residuos de fabricantes de vehículos automotores solo pueden utilizarse en planes de manejo los vehículos al final de su vida útil, es decir, solo el automóvil completo y no las piezas que lo conforman.

 

+ENTONADO

CON LA COLA ENTRE LAS PATAS

Fuentes de alto nivel al interior del gobierno, que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado a La Orquesta que en Draexlmaier andan muy preocupados con todo el asunto que rodea a la disposición final de su scrap: “Están con la cola entre las patas”, dijeron. El escándalo de las irregularidades no solo les pega a ellos, también a las compañías de alcance internacional que depositaron la confianza en ellos como BMW, Tesla y Mercedes-Benz, que los podrían apretar a la brevedad.

También lea: En SLP ya inspeccionan a Draexlmaier; hallaron otro tiradero clandestino

Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

También lee: Gallardo renueva transporte público urbano

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Funcionarios con aspiraciones para 2027 tendrán reunión personal con Gallardo

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Gallardo negó que medio gabinete quiera participar en el proceso electoral

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tendrá reuniones individuales con los integrantes de su gabinete que quieran participar en el proceso electoral de 2027. Dijo que ese tema lo verá con cada uno “en lo personal, no abierto en un gabinete”.

Lo anunció al salir de una reunión con su gabinete, en la que pidió ajustar el gasto de cierre de año. “Tendré una reunión posterior ya individual con los que yo sé que quieren participar en algún proceso”, dijo. A la pregunta de si se trata de medio gabinete, respondió: “No, no, no”.

Plazo: diciembre

El 15 de septiembre, Gallardo fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Explicó que ese plazo coincide con el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y adelantó que podría haber “una o dos bajas”.

Dos semanas después, tras su Quinto Informe de Gobierno, dijo que haría uno o dos cambios en su gabinete y que serían “100% electorales”. En ese momento aseguró que ningún colaborador saldría todavía: “Va a esperar los tiempos”.

Las cartas del Verde

El 6 de octubre, el gobernador dijo que el Verde tiene una “baraja” de cuatro perfiles para la gubernatura, sin dar nombres: el presidente del partido, el secretario general de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana y un diputado federal. Ese mismo mes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, se dijo listo si el partido lo llama.

“O trabajan o se van”

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el 19 de octubre, Torres Sánchez reconoció que algunos funcionarios de primer nivel aspiran a contender, aunque ninguno le había manifestado con claridad su intención de pedir licencia. Dijo que los tiempos legales para separarse del cargo aún no llegan.

En julio, el mismo secretario había advertido a quienes tuvieran aspiraciones: “O trabajan y se quedan o se van y participan”.

También lee: Funcionarios con aspiraciones electorales deberán salir en diciembre: Gallardo

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SSPC atiende señalamientos de droga en escuelas de Ciudad Valles

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Jesús Juárez dijo que la SSPC mantiene vigilancia en escuelas y colonias por instrucción del gobernador

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informó que la dependencia da seguimiento a los señalamientos de venta de droga en planteles de Ciudad Valles.

Explicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) tiene la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de “estar muy atentos” en el ámbito de las escuelas y las colonias para prevenir la venta de droga.

Juárez Hernández señaló que la SSPC ha detenido a personas cerca de escuelas, pero que ninguna detención deriva específicamente de venta de droga al interior de un plantel.

Sobre qué droga se vende más a los jóvenes, dijo que en general lo que la SSPC registra en el estado es la venta de marihuana, seguida del cristal.

También lee: Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil decomisan 63 kilos de droga en Valles

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Opinión

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