Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente

Por: Redacción

Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado

La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.

Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.

La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.

La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.

López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.

La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.

El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.

De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.

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La séptima edición de “Todo México Salvando Vidas” se realizó en el Parque Tangamanga I y contó con más de 100 elementos de la institución en labores operativas

Por: Redacción

Más de 2 mil personas participaron este domingo en la séptima edición de la carrera “Todo México Salvando Vidas”, organizada por Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, con actividades realizadas en el Parque Tangamanga I.

De acuerdo con la institución, los lugares para esta edición se encontraban agotados, por lo que corredores, familias, grupos de amigos y voluntariado se reunieron desde las primeras horas de la mañana.

La jornada contó con la participación de más de 100 elementos de Cruz Roja, quienes realizaron labores de prevención, atención, logística y apoyo operativo durante el desarrollo de las actividades.

El evento contempló las modalidades de 5K, 10K y caminata recreativa

Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de Cruz Roja Mexicana, señaló que la participación registrada también representa una fuente de recursos para fortalecer las actividades que realiza la institución.

La carrera forma parte de una iniciativa que se desarrolla de manera simultánea en distintas entidades del país y que busca vincular deporte, solidaridad y labor humanitaria.

En San Luis Potosí, la organización reportó que la respuesta ciudadana permitió cubrir todos los lugares disponibles para esta séptima edición.

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La iniciativa busca armonizar la legislación de San Luis Potosí con los estándares nacionales y garantizar condiciones laborales sin discriminación para las mujeres

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de igualdad sustantiva e incorporar los conceptos de igualdad salarial y brecha salarial de género.

La propuesta, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, define la brecha salarial como la diferencia en la remuneración entre mujeres y hombres por razones de género al realizar un trabajo de igual valor. También establece que la igualdad salarial implica recibir la misma remuneración por trabajos de igual valor, sin distinción por sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad o condición social, económica, de salud o jurídica.

De aprobarse, los entes públicos estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva y salarial en el ámbito laboral, así como el derecho a la no discriminación en ofertas de empleo, capacitación, promoción profesional, condiciones de trabajo y remuneraciones, además de la participación en organizaciones sindicales y empresariales.

Rocha Medina señaló que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del orden jurídico mexicano y consideró necesario avanzar de una igualdad formal hacia una igualdad sustantiva que se traduzca en oportunidades, trato y condiciones equitativas en la vida cotidiana.

La legisladora sostuvo que es indispensable armonizar la legislación estatal con los nuevos estándares nacionales para garantizar mayor coherencia jurídica y fortalecer la aplicación de políticas públicas enfocadas en la igualdad.

“La armonización normativa propuesta no solo responde a un mandato legal derivado de la reforma federal, sino también a un compromiso ético y social con las mujeres potosinas, quienes históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad que limitan su desarrollo personal y profesional”, afirmó.

La iniciativa también plantea reconocer el valor del trabajo de las mujeres, incluido el trabajo doméstico y de cuidados, actividades que, señaló la diputada, han sido tradicionalmente invisibilizadas. Con ello, busca establecer un marco jurídico estatal acorde con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género.

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