Se buscan evitar los procedimientos estéticos sin el consentimiento de la mujer o que los realicen personal sin autorización

Por: Redacción

La diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa de adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, esto con el fin de definir el concepto de la violencia estética y establecer sus manifestaciones.

Lo que se busca es incorporar el concepto de violencia estética, definido como cualquier acción u omisión mediante la cual se ejerce presión sobre las mujeres para modificar su apariencia, con el fin de ajustarse a estereotipos de belleza, generando discriminación y exclusión hacia quienes no los cumplen, y provocando consecuencias que pueden ir desde daño psicológico y físico hasta, en casos extremos, la muerte.

La diputada Hernández Ramírez indicó que el propósito de la iniciativa es visibilizar una forma de violencia que ha sido normalizada precisamente porque se encuentra profundamente arraigada en la cultura, lo que ha impedido que se identifique como tal.

Añadió que su reconocimiento permitirá diseñar políticas públicas y acciones institucionales orientadas a su prevención, atención y erradicación.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.

También lee: Impulsa Congreso iniciativa para fortalecer protección de niñas

El mandatario potosino destaca en la medición por su avance en seguridad y respaldo ciudadano a su gestión social y de infraestructura

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, consolidó un avance significativo en la más reciente encuesta mensual de la empresa Rubrum, posicionándose como uno de los mandatarios estatales con mayor crecimiento y aprobación a nivel nacional.

Destaca en esta medición el salto cualitativo en el rubro de seguridad pública, donde se logró escalar de la posición número 17 a la 10 en el ranking nacional. Este ascenso de siete peldaños responde a la reducción en la incidencia delictiva lograda a través de nuevas estrategias de inteligencia y vigilancia, demostrando que el fortalecimiento de las corporaciones y la inversión en tecnología están brindando los resultados de paz y tranquilidad que las familias demandaban históricamente.

La calificación aprobatoria que los ciudadanos otorgan al desempeño general de Gallardo Cardona se atribuye directamente al ritmo de trabajo marcado por las obras de infraestructura y acciones de gobierno emprendidas para detonar el desarrollo de las cuatro regiones del estado.

Finalmente, la evaluación positiva que lo define como un gobernador cercano a la gente se sustenta por ser un mandatario sencillo y accesible, lo que ha permitido que el pueblo potosino se sienta escuchado y representado.

También lee: Refuerza Gallardo seguridad en el estado por Semana Santa

En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa

Por: Redacción 

Con estos datos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado admite irregularidades recurrentes en los procesos de adjudicación municipal en SLP y señala sobreprecios, expedientes mal integrados y uso excesivo de excepciones legales.

En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa —es decir, sin licitación ni competencia—, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI.

Ante estos datos, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reconoció que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios y motivo frecuente de observaciones.

El auditor explicó que, aunque las leyes permiten excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales suelen omitir estos procedimientos sin integrar adecuadamente los expedientes, lo que deriva en irregularidades administrativas.

Además, señaló que en algunos casos los bienes y servicios sí se entregan, pero a costos superiores, lo que representa un perjuicio para las finanzas públicas. “Al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa”, advirtió.

El IFSE también reconoció haber sido “flexible” con los municipios, priorizando la capacitación de funcionarios sobre la sanción inmediata, aunque admitió que las fallas persisten.

En ese contexto, Lecourtois López planteó la necesidad de reformar y homologar en el estado las leyes de Adquisiciones y Obra Pública —ya modificadas a nivel federal— para cerrar los vacíos que permiten el uso discrecional de la adjudicación directa.

El auditor insistió en endurecer las sanciones contra funcionarios que recurran indebidamente a estos mecanismos, aunque matizó que el estudio del INEGI es únicamente cuantitativo y no detalla las condiciones específicas de cada contrato.