Estado
Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
El caso de Sánchez Zumaya y las decisiones presupuestales del gobierno federal son un golpe a la confianza del sector empresaria: Ortuño
Por: Redacción
La Iniciativa Privada en San Luis Potosí exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con celeridad y contundencia frente a las evidencias de presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien, según una investigación del diario Reforma, habría operado una red de factureras para obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, instó a las autoridades a no permanecer inmóviles ante el escándalo que ha generado revuelo nacional. “Lo que pedimos es que se vea la mano de las autoridades, sobre todo de las correspondientes, y que no se queden calladas o cruzadas de brazos”, señaló.
Ortuño enfatizó que, si existen pruebas que acrediten delitos fiscales, es imperativo que la FGR actúe en consecuencia y castigue a los responsables. Asimismo, criticó la falta de control y supervisión en Pemex, lo que habría permitido que empresarios como Sánchez Zumaya
operaran estas redes ilícitas con impunidad.
Críticas al Presupuesto 2025
Además de señalar la inacción frente a estos delitos, el líder empresarial aprovechó para cuestionar los recortes propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ortuño calificó como alarmantes las reducciones en áreas clave como Salud, Universidades y Medio Ambiente, lo que podría agravar problemas estructurales en el país.
“La situación ya es crítica en sectores como la salud pública, y estos recortes solo reflejan una falta de sensibilidad y visión a largo plazo”, expresó.
El caso de Sánchez Zumaya y las decisiones presupuestales del nuevo gobierno federal representan, según Ortuño, un golpe a la confianza del sector empresarial, que exige claridad, justicia y responsabilidad en la gestión pública.
Estado
Trabajadores de GM avalan nuevo contrato colectivo
El acuerdo contempla incremento salarial y mejoras en prestaciones para los trabajadores
Por: Redacción
La mayoría de trabajadores de la planta General Motors mostraron su respaldo al nuevo contrato colectivo de trabajo en una consulta realizada del 8 al 11 de diciembre informó el sindicato representante de los trabajadores. Más de 5 mil 100 empleados, que equivalen a más del 90 % de la fuerza laboral, participaron en el proceso y respaldaron las condiciones acordadas entre la representación sindical y la empresa.
Este contrato, una vez avalado por el Centro Federal de Conciliación Labora
l, entrará en vigor con efecto retroactivo desde octubre de este año, conforme a lo establecido en procedimientos legales.El acuerdo contempla un incremento global del 12% con un 6% directo al salario y el resto destinado a mejoras en prestaciones sin perder los beneficios ya existentes. Además el sindicato adelantó que buscará una nueva revisión salarial en marzo de 2026 como parte de futuras negociaciones.
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Ciudad
San Luis Potosí cierra 2025 con cifras históricas a la baja en homicidios
El Gobierno del Estado destacó un clima de paz y seguridad que permite la convivencia ciudadana en plazas y comercios durante la temporada decembrina
Por: Redacción
El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la entidad potosina se encuentra cerrando el año 2025 en un entorno de paz y tranquilidad. De acuerdo con información publicada por El Universal San Luis, el funcionario destacó que durante la primera quincena de diciembre se registraron únicamente dos homicidios en todo el estado, cifra que calificó como un mínimo histórico en la materia y un reflejo del esfuerzo por mantener el orden público.
Torres Sánchez subrayó que, aunque el ejercicio de gobernar implica retos diarios de cara al 2026, los resultados actuales son tangibles en la vida cotidiana de la población, el secretario afirmó que la seguridad “no se ve, pero se siente”, y señaló que el cumplimiento de las metas en esta materia ha permitido que las plazas públicas, centros comerciales y restaurantes luzcan llenos de familias que conviven y realizan sus compras incluso por las noches, sin los temores que se presentan en otras entidades del país.
Durante la más reciente Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, se confirmó que esta baja incidencia delictiva representa un hito para la administración estatal. El funcionario puntualizó que, si bien la meta ideal es llegar a una cifra de cero incidentes, la tendencia actual marca una ruta clara hacia la continuidad de la paz social. Finalmente, enfatizó que la libertad con la que la ciudadanía se apropia hoy de los espacios públicos es el indicador más fiel de que el Gobierno del Estado ha cumplido con su compromiso de proteger a las y los potosinos al cierre de este ejercicio fiscal.
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Congreso del Estado
Congreso plantea tipificar ciber acoso sexual como delito
Esta necesidad surge debido a que existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales
Por: Redacción
En la comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado se analiza una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de tipificar el ciberacoso sexual.
El ciberacoso sexual se define como el hostigamiento o acecho a una persona mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, mensajería instantánea o cualquier medio digital, con conductas de connotación sexual no consentidas.
Estas conductas, que incluyen el envío de mensajes, proposiciones o comentarios sexuales explícitos no deseados, así como el acecho digital con fines lascivos, generan un daño psicológico profundo, vulneran la intimidad y la tranquilidad de las víctimas, y pueden escalar a formas de violencia aún más graves.
Si bien el ordenamiento ya tipifica delitos como el hostigamiento sexual y cuenta con una robusta figura contra la difusión ilícita de imágenes íntimas, existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales, particularmente cuando no media una relación de subordinación previa y cuando la agresión no consiste en la difusión de contenido visual. Este vacío deja en estado de indefensión a las víctimas de estas prácticas.
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