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El PAN se quedó en el pasado: Marco Gama
Conversamos con el nuevo líder de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí sobre su paso de un partido de derecha a uno supuestamente progresista
Por: Bernardo Vera
Marco Antonio Gama Basarte, senador por San Luis Potosí, ex precandidato del PAN a la gubernatura del estado y recién nombrado dirigente de la Comisión Operativa Provisional del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el estado, que lo convierte en el líder del partido en el estado, conversó con La Orquesta sobre su nueva responsabilidad, su paso de un partido de derecha a uno que se anuncia como progresista, así como cuál es su plan para que su instituto político, que cada elección ve reducido su número de votos, se convierta en una opción electoral para los y las potosinas.
Gama Basarte fue cuestionado sobre si se considera una persona progresista, como se autodenomina MC, a ello respondió que se considera “visionario y actualizado” en torno a la ideología progresista que sigue MC, y aseguró que esa perspectiva es necesaria y que no la encontró en el Partido Acción Nacional (PAN), de donde se separó:
“Se quedó en una visión de antaño, se quedó en el pasado. Ahora México y San Luis requieren una actitud visionaria y actualizada. Echada para adelante y tal como lo es MC, una visión progresista, que atienda todos los temas que la sociedad requiere, con mucha responsabilidad, con mucha madurez. Es parte de la nueva dinámica que merece la política en nuestro país, pero sobre todo con una actitud abierta, positiva y alegre”, manifestó Gama Basarte.
Movimiento Ciudadano tomó la decisión, esta semana, de no contender en las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, un jugada que ha sido calificada por muchos analistas políticos como un intento por esconder la baja popularidad del partido, que en la pasada elección apenas logró conservar su registro nacional; mientras que otros señalan que se trató de una estrategia para favorecer a Morena. Al respecto Gama apuntó que esto fue:
“Una decisión responsable del partido para no ser parte de la componenda o comparsa montada por el PRI y Morena. No queremos prestarnos a esa falsa. Ya observamos que Morena le está dejando Coahuila al PRI y viceversa: el PRI le está dejando a Morena con el Estado de México. Son cosas que nos obligan desde MC a pensar con responsabilidad y madurez en nuestro país y privilegiar el proyecto de 2024, la presidencia de la República, como un interés principal para las y los mexicanos y 
Movimiento Ciudadano demoró más de un año, después de la fecha originalmente anunciada, en renovar su dirigencia, que era encabezada por Eugenio Govea. Ese puesto fue pretendido por diversos actores políticos y desató una serie de conflictos internos, que concluyeron cuando Dante Delgado, líder único y vitalicio del partido a nivel nacional, determinó que en San Luis Potosí se conformaría una comisión operativa provisional, integrada por Mauricio Ramírez Konishi, Isabel Lastra, Josefina Salazar, Juan José Jover Navarro, Adriana Marvely Costanzo y Paola Arreola. Al respecto Marco Gama apuntó que está agradecido con sus compañeros y compañeras y dijo que este modelo es una forma de organizar y generar estructura al interior; además acotó que esta asignación no interferirá con sus labores en el Senado de la República (donde seguirá en funciones) y que en este momento la prioridad será trabajar y ganar adeptos para MC de San Luis Potosí:
“Es acercarnos y mover a toda la militancia actual y empezar a aperturar el partido, para que todos aquellos hombres y mujeres que quieran participar en política, tengan en MC una opción”.
El senador potosino concluyó que el proceso de entrega-recepción se llevará a cabo en los próximos días y correrá a cargo de la dirigencia nacional, quien marcará los tiempos; también reconoció la labor de Eugenio Govea Arcos como anterior líder del partido naranja en el estado, que lo recibirá con las puertas abiertas y que entregará el partido en buenos términos. Agregó que Govea Arcos asumirá otro cargo nacional en la estructura del partido:
“Hace aproximadamente mes y medio recibió una invitación para encabezar una comisión de legisladores de MC a nivel nacional. Considero que ahí estará generando su trabajo. Ahí estará y en San Luis Potosí, todo el que quiera chambear con MC, tendrá la puerta abierta”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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