Ciudad
El Mijis niega fraude en la Privada Juvenil; se dice víctima de Antorcha Popular
El ahora diputado gestionó una serie de terrenos en la llamada Privada Juvenil para personas de escasos recursos pero ahora es acusado de fraude por algunos
José Luis Vázquez
El diputado del Partido del Trabajo, Pedro César Carrizales Becerra, señaló que las acusaciones vertidas en su contra respecto a un cobro que habría hecho a varias familias con la promesa de otorgarles un terreno, ya regulado, en la privada de nombre Asentamiento Humano Privada Juvenil, son falsas.
De acuerdo con las declaraciones de algunos denunciantes (publicadas en su columna semanal por la periodista potosina Adriana Ochoa), el ahora legislador habría recibido hasta 30 mil pesos para arreglar los asuntos y regularizar los mencionados terrenos como parte de una operación en la que se presentó como gestor.
“Todo es falso, (…) nunca se les pidió un quinto por mi parte, es una demanda por prescripción positiva, ahí están los oficios, tengo todo, todo está en regla”, aseguró el congresista en entrevista telefónica para los medios locales este lunes.
Carrizales Becerra reconoció que él sí fungió como gestor de estos terrenos con ayuda del entonces diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, y aclaró que estaban destinados para personas de escasos recursos y que no recibió ningún dinero para ello
“Sí, pero tengo los papeles firmados por ellos donde jamás recibí ni un quinto hacia mi persona, y dice bien clarito que se beneficiarán a la persona que menos tenga”.
En ese sentido, el diputado agregó que hubo personas que se aprovecharon de su movimiento para hacerse de un terreno en aquella zona, “mucha gente que está ahí no necesita, tienen casas fuera de ahí. Esa persona que me demandó tiene el dinero, no necesita nada”.
El diputado también aseguró que desde el 2009 inició la gestión de los terrenos en apoyo de 47 familias y comentó que tres de ellas se asesoraron con “La Antorcha Popular” para después demandarlo en el 2017.
“Fueron mal asesoradas por La Antorcha y otros grupos que están ahí, me demandaron pensando que yo ya no iba a trabajar porque en la demanda que pusimos de prescripción positiva, ellos no están. Yo no estoy declarando por ellos, yo los desconozco, empezaron a decir ‘hay que demandarlo’ y ahorita que soy diputado, pues más”.
Finalmente, “El Mijis” aseguró que los señalamientos sobre su persona acerca de que provocó el incendio de una casa y ejerció violencia para desalojar a varias personas de estos terrenos, también “son mentiras”.
“Es pura mentira, la vez que dicen eso, yo estaba en México y tengo cómo comprobarlo, dicen muchas mentiras, todo el tiempo tratan de que deje esos terrenos para dejárselos a La Antorcha Popular, cosa que yo no quise, (…) yo no me puedo ir por la gente que me necesita y está ahí, yo no tengo nada que esconder”.
https://laorquesta.mx/ayuntamiento-de-slp-nomina-gastos/
El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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