La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

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La secretaria de Finanzas dijo que la CEA paga 12 millones de pesos al mes por el saneamiento de aguas residuales que le corresponde al Interapas

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, afirmó que el Interapas tiene un adeudo estimado en más de 900 millones de pesos con el Gobierno del Estado por el saneamiento de aguas residuales.

Según explicó en su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua (CEA) paga 12 millones de pesos al mes por ese servicio, un costo que, dijo, le corresponde cubrir al organismo operador. El saneamiento es el tratamiento de las aguas negras para limpiarlas antes de devolverlas al ambiente o reutilizarlas.

El Estado también debe

A pregunta de la diputada Mireya Vancini, la funcionaria reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado tienen adeudos con el Interapas, que en 2025 se estimaron en 184 millones de pesos.

Sin embargo, dijo que el monto definitivo está pendiente de conciliar, es decir, de revisarse entre ambas partes hasta acordar una cifra, porque hay “inconsistencias” en los cobros que el Interapas hace a esas dependencias.

“Considerar las obligaciones de ambas partes”

García Vidal consideró que el tema se debe tratar de manera integral con el organismo, tomando en cuenta las obligaciones financieras de ambas partes y “no solamente los adeudos que se atribuyen al Gobierno del Estado”. Dijo que hay apertura para revisar la situación.

La versión del Interapas

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, dijo la semana pasada que el organismo atraviesa una crisis financiera y que el Gobierno del Estado le debe casi 300 millones de pesos. Pidió que el Congreso lo invite a explicar dónde está la responsabilidad.

En agosto, Galindo había dicho que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado estaba pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones de pesos.

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La secretaria de Finanzas dijo que el número de jubilados pasó de cerca de 5 mil a cerca de 10 mil en esta administración y que la presión financiera llegará pronto a unos 4 mil millones de pesos

Por: Redacción

El número de personas jubiladas del Gobierno del Estado se duplicó en esta administración, de cerca de 5 mil a cerca de 10 mil en 2026, informó la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal. Advirtió que eso genera una presión financiera creciente sobre el Sistema de Pensiones, que pronto será de alrededor de 4 mil millones de pesos.

La funcionaria respondió así a una pregunta del diputado César Arturo Lara durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

2,600 millones este año

García Vidal informó que en 2026 se autorizó un presupuesto de 2,600 millones de pesos para fortalecer el sistema. Aseguró que los pagos a las personas pensionadas están garantizados.

También afirmó que el Gobierno del Estado no tiene ningún adeudo con la Dirección de Pensiones, lo que calificó como un avance para saldar las deudas que, dijo, dejaron administraciones anteriores.

Más jubilados, mismo sistema

Una presión financiera es un gasto que crece más rápido que los ingresos disponibles para cubrirlo. En el caso de las pensiones, crece porque cada año se jubilan más trabajadores del Estado y hay que pagarles su pensión durante el resto de su vida.

La funcionaria no precisó si los 4 mil millones serán un gasto anual ni a partir de cuándo se alcanzará esa cifra.

La deuda de largo plazo, a la baja

En la misma comparecencia, García Vidal informó que la deuda pública de largo plazo del Estado bajó de 3,609 millones de pesos en 2021 a 2,900 millones al 30 de septiembre de 2026, y dijo que no se contratará deuda nueva de largo plazo en el último año de la administración.

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