#4 Tiempos
El derecho a una muerte digna | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Hace algunos meses, en mi clase de Filosofía del Derecho, el profesor nos introdujo a la discusión de las maneras de entender al derecho desde las perspectivas individualista y comunitarista. Nos comentó que la perspectiva individualista encuentra su origen en el liberalismo, enfocado en maximizar los beneficios individuales; en el modelo liberal, las personas entienden su relación con los demás desde una visión de derechos y no de deberes. El individualista cree que es lo suficientemente autónomo como para desarrollarse por sí mismo, incluso al margen de la comunidad.
En contraste, el modelo comunitarista parte de la premisa de que existe un fuerte vínculo entre la persona y la comunidad a la que pertenece, pues este vínculo constituye la identidad misma de la persona. Desde la óptica comunitarista, el individuo se pone al servicio de la historia, tradición e identidad de su comunidad, pues es de ella de donde ha tomado los elementos para construirse a sí mismo; la comunidad es el lugar en donde habrá de desarrollar su plan de vida.
Vale la pena advertir que, lejos de cualquier connotación positiva o negativa que pueda tener cualquiera de estos dos conceptos, finalmente se trata de perspectivas sin que una sea mejor que la otra.
Comprendiendo que todo se entiende mejor con ejemplos, el profesor decidió tocar el tema del suicidio para que la diferencia entre comunitarismo e individualismo quedara más clara. Luego de que algunas personas del grupo dimos nuestra opinión, llegamos al consenso general de que todas las personas tenemos derecho a disponer de nuestra vida sin la necesidad de rendirle cuentas ni explicaciones a nadie; es una decisión tomada desde la intimidad y desde la profundidad de una esfera de libertad que nadie tiene derecho a moldear por nosotros. En efecto, el salón de clases parecía estar conformado en su totalidad por un montón de individualistas.
Para enriquecer el debate, el profesor lanzó al aire una afirmación provocadora: “voy a convencerlos de que no son tan liberales como ustedes creen ser”, dijo. El profesor comenzó preguntándonos por qué vestimos de la manera en que vestimos; por qué comemos la comida que comemos; por qué portamos cierto corte de cabello. Evidentemente, el factor común de nuestras respuestas era que todo lo hemos adquirido de alguien más: tomamos dicho estilo de ropa de alguien; alguien nos introdujo al gusto de cierto tipo de comida; alguien utiliza cierto estilo en el cabello y nosotros lo tomamos para nuestra persona.
El argumento era el siguiente: el individuo no es nada sin su comunidad; todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que sabe le fue dado por las personas que le rodean y que conforman su comunidad; sin su comunidad no se tendría a sí mismo. Por lo tanto, según los comunitaristas, uno no es el dueño único de sí mismo, sino que pertenece a la comunidad: en ella cumple una función irremplazable y solo en ella puede desarrollarse y desarrollar al otro; uno no puede salir de la comunidad así porque sí.
Ciertamente, el profesor logró su verdadero cometido: no el de convencernos de que realmente somos comunitaristas y no individualistas, sino que muy exitosamente plantó en nosotros una duda y una irrenunciable reflexión. Dichas reflexiones transformaron la manera en la que entiendo mi relación con las demás personas que conforman mi círculo, mi relación con mi comunidad.
Quizás fue de tal magnitud el cuestionamiento a mis creencias personales por el acercamiento previo que había tenido con el tema del suicidio. En algún momento de mi pubertad, mi papá se acercó a preguntarme en total confianza si alguna vez había tenido pensamientos suicidas, “normales en el momento de la vida que estás atravesando”, dijo. Respondí que nunca los había tenido, a lo cual él contestó con un consejo que nunca olvidaré. Me aconsejó sobre ciertas técnicas para que, en caso de que algún día decidiera suicidarme, pudiera yo hacerlo con éxito y no quedar vivo en alguna condición indeseable. Le agradecí por el consejo y después el día continuó como si nada. Definitivamente me pareció algo extraño haber tenido esa conversación con él; sin embargo, luego comprendí que se trató de un acto de amor y de franqueza paternal, que además forjó la manera en que —trato— entiendo y me enfrento a la vida: con libertad, sin tabúes y sin el deber de dar explicaciones sobre mi esfera privada.
Ante ambas experiencias —la plática con mi padre y la clase con el profesor— concluí que, al menos desde mi punto de vista muy personal, no se puede ser ni tan individualista ni tan comunitarista: las decisiones importantes que uno toma en la vida normalmente flotan entre zonas grises, lejanas de las concepciones absolutas.
El pasado domingo 10 de octubre, la señora Martha Sepúlveda de 51 años, tenía una cita a las 7 de la mañana en el Instituto Colombiano del Dolor —una institución privada prestadora de servicios de salud— para poner fin a su vida mediante un procedimiento médico.
Luego de un complejo litigio, Martha consiguió una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que reconoce su derecho a terminar de manera digna con su vida, aun cuando su condición médica no es terminal todavía. Este precedente es de gran relevancia para la ampliación del derecho a una muerte digna en Colombia, el cual es legal desde 1997 para personas que se encuentran en la etapa terminal de alguna enfermedad mortal. Ahora, este derecho está reconocido para personas que padecen de algún un intenso sufrimiento físico o psíquico, a causa de una lesión o enfermedad incurable.
Martha padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace tres años y, si bien no es posible determinar que se encuentra en una etapa terminal, los dolores cada vez son menos soportables y cada vez batalla más para mover sus extremidades. Luego de reflexionarlo en compañía de su familia, Martha decidió que lo mejor para ella es terminar con su vida a través de la eutanasia, decisión que la tiene feliz, riendo e incluso durmiendo con mayor tranquilidad. Su hijo ha reconocido que, naturalmente, le será difícil lidiar con la pérdida de su madre; sin embargo, también está convencido de que apoyar su decisión es la mejor manera que él tiene para demostrarle su amor.
Horas antes de que iniciara el procedimiento, el Comité Médico del Instituto Colombiano del Dolor informó en un comunicado que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir determinó de manera unánime cancelar el procedimiento de Martha, ya que su condición no es terminal. Evidentemente, esta determinación es una violación flagrante y directa al derecho que la Corte Constitucional reconoció a Martha. El Comité argumenta que la Corte no les notificó los efectos de la sentencia, por lo que, mientras ello no suceda, no están obligados a los efectos jurídicos derivados del fallo. La decisión del Comité, entonces, se ha sumado a los cientos de comunicados emitidos y manifestaciones convocadas por la iglesia, alegando que se trata de una “propaganda de la eutanasia” que “no puede ser la respuesta terapéutica al dolor”, ya que “no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana”.
La Corte Constitucional ha salido a informar que los efectos de la sentencia son obligatorios un día después de su emisión, independientemente de que se hayan notificado o no. Por lo tanto, el procedimiento de muerte digna se le tendría que estar aplicando a Martha en el futuro cercano.
En México, nuestros altos tribunales no han reconocido el derecho a una muerte digna de la manera en que está reglamentada en Colombia, ni tampoco nuestros legisladores han tenido dicha discusión en la agenda. Lo más parecido que tenemos en nuestro ordenamiento es la Ley de Voluntad Anticipada, regulada solo en 14 estados de la República; sin embargo, sus efectos están acotados a la voluntad que expresa una persona de ser sometida o no a tratamientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Es decir, los médicos solo pueden dejar de aplicar ciertos tratamientos, pero en ningún caso pueden aplicar un procedimiento que termine con la vida de alguien.
La discusión impulsada por el asunto de Martha sin duda representa una buena oportunidad para promover este tema en el ámbito nacional y tutelar jurídicamente la voluntad de las personas que, desde su más íntima esfera de libertad, eligen las condiciones y el momento de su muerte. De continuar con la insuficiente regulación que tenemos el día de hoy, las personas que así lo decidan seguirán terminando con su vida al margen de la ley y sumando al estigma social que suele perseguir a los familiares. Esta eventual discusión necesariamente tendrá que llevarse a cabo respetando de manera íntegra la laicidad del Estado y ubicando en el centro del debate a la dignidad de las personas, así como el derecho de decidir sobre sus cuerpos.
El debate entre individualistas y comunitaristas sin duda nos da claridad sobre cómo entender el derecho a una muerte digna. Por parte de la perspectiva individualista, es posible considerar que decidir en qué condiciones morir se trata de un derecho concebido desde una perspectiva que pone en el centro a la autonomía individual, que entiende su relación con las otras personas desde una perspectiva de libertades y no de deberes. En principio podría parecer que, entonces, se trata de un derecho eminentemente individualista. Sin embargo, al estudiarlo a la luz del punto de vista comunitarita, podríamos concluir que estamos frente a un derecho que a la comunidad le interesa respetar y tutelar, dado que siempre estará en el mejor interés de la comunidad asegurar el bienestar de todos y todas sus integrantes. Ahora bien, como cualquier decisión importante que tomamos en la vida, generalmente la respuesta se encuentra en una zona gris, escondida entre los absolutos. Vale la pena, entonces, retomar la discusión sobre el derecho a decidir cómo morir, sin tabúes y con cabal respeto a la autonomía personal.
Lee también: Instrucciones para notificar a una senadora | Columna de Víctor Meade C.
#4 Tiempos
SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC) .
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
También lee: ¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
#4 Tiempos
Gabriel Macías un periodista y político potosino en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Uno de los primeros periódicos que tuvo San Luis Potosí en los últimos años de la lucha armada en la revolución mexicana, fue el periódico Acción, un periódico para los hombres de acción, como rezaba su lema que fue creado por su director y propietario Gabriel Macías que iniciaba actividades en 1919 y permanecería un par de décadas informando a la sociedad potosina.
Gabriel Macías, periodista y político potosino fundó el periódico Acción y posteriormente la Revista Universal. Jugó un importante papel en la vida social potosina, pues impulsó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Rafael Nieto Compeán que pasaría a la historia como un reformador de los derechos humanos al proponer la autonomía universitaria y el derecho al voto femenino, entre otras iniciativas de trascendencia.
Gabriel Macías participaría en estas iniciativas al ser diputado del congreso potosino en la XXVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, legislando de septiembre de 1921 a septiembre de 1923. Esta legislatura, compuesta por 16 diputados, le tocaría debatir las iniciativas de autonomía universitaria y derecho al voto femenino, siendo ambas aprobadas, en primera instancia, aunque sufrirían obstáculos en su aplicación.
La XXVII legislatura estuvo integrada por: José D. Cervantes, Miguel Compeán, Santiago Rincón Gallardo, Herminio Y. Carreño, Gonzalo N. Santos, Tomás Estrada, Valentín Narváez, Pío Mendoza, José Santos Alonso, Alfredo E. Garza, José Fraga, Lorenzo Nieto, Lamberto Rocha, Manuel Rodríguez Martínez, Crescencio Rivera y Gabriel Macías.
Rafael Nieto fungía como Subsecretario de hacienda en 1919 y aceptaba la candidatura que era apoyada por varios políticos potosinos, entre ellos, Gabriel Macías y los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Reformista Independiente. Para el año de la publicación de la Revista Universal Gabriel Macías había dejado de ser diputado, aunque participaba en la vida política potosina. Creaba así la que puede considerarse la primera revista de divulgación del conocimiento donde cabían las disciplinas científicas y técnicas junto con las de carácter cultural, de interés social que reflejaba la vida cotidiana de principios del siglo XX a nivel mundial, con cierto énfasis en la norteamericana, al participar en los artículos de fondo periodistas estadounidenses.
El periódico Acción que iniciara actividades en 1919, se enfocó en vida política de Rafael Nieto apoyando su candidatura y su gestión, una vez que llegara a la gobernatura del estado, no sin conflictos electorales, pues llegó San Luis Potosí a tener dos gobernadores en funciones, hasta el día de su muerte en el extranjero mientras fungía representaciones diplomáticas. Del mismo modo, las páginas de Acción se vieron enriquecidas con extensos artículos políticos escritos por Rafael Nieto, donde desplegaba sus trabajos como estadista.
Mayores detalles sobre la orientación de La Revista Universal que aparecía como encarte en el periódico Acción, pueden consultar mi artículo: La Revista Universal, primera revista cultural y de corte científico en San Luis Potosí, en:
El periódico Acción, además de ser el medio de comunicación principal a inicios de la década de los veinte en San Luis Potosí, incorporó encartes a color por primera vez en la entidad, tanto en La Revista Universal, como en una sección cómica.
La novedosa característica de la revista fue la portada ilustrada a color, y en algunas partes de los interiores. Como publicación periódica vendría siendo la primera que aparecía con impresión a color en San Luis Potosí. Meses antes de su aparición, el periódico Acción sacaba a la luz otro suplemento dominical completamente a color, que denominaba como “sección cómica”, de al menos cuatro páginas, popularmente conocido como “monitos”. No sabemos si la infraestructura para impresión a color estaba en San Luis Potosí o era impresa en otro lugar. Revista Universal era de aparición semanal y se publicó al menos durante el año de 1925.
También lee: Gonzalo Celorio, su relación con San Luis Potosí | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
#4 Tiempos
Tiranos y los relatos que se creen | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
Es un tirano, un loco, un dictador, un líder nocivo, un extremista peligroso.
Estoy hablando, Culto Público de Donald Trump, y estoy hablando también de Nicolás Maduro.
La diferencia no es moral. Es logística.
Le recomiendo leerlos bien, porque ambos encajan en los mismos adjetivos, la diferencia es que solo uno tiene portaaviones, agencias globales, jueces extraterritoriales y la vieja costumbre de decidir qué presidentes latinoamericanos sobran.
La de antier, con una gran diferencia.
La incursión de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro no fue justicia. Fue injerencia.
Violó el derecho internacional, la Carta de la ONU y cualquier idea mínima de soberanía. Y no ocurrió por accidente ni por nobleza: ocurrió porque Washington puede.
Aquí conviene desmontar la mentira central.
Estados Unidos ya no interviene por ideologías. No le importa el comunismo. No le interesa la izquierda. No le quita el sueño la democracia.
Interviene bajo una etiqueta mucho más rentable y flexible: narcoterrorismo, y eso, marca una nueva ruta en la historia de la intervención Yanki que se estrenó este 2026 en el siglo XXI.
Ese concepto es el comodín perfecto: mezcla crimen, miedo, drogas y guerra. Sirve para todo. No necesita pruebas concluyentes, solo enemigos útiles. Y permite lo que antes se hacía en nombre del “anticomunismo”, ahora con traje legal y discurso de seguridad.
Nada hay de romántico en esta historia. Trump no piensa en los venezolanos. No le importan sus libertades. No le duele su miseria.
Le importa el capital. El petróleo. El control. Y demostrar que los tratados internacionales son papel mojado cuando estorban al negocio.
Venezuela no es una cruzada moral: es una reserva energética con presidente incómodo. Y esto tampoco es nuevo.
Cuba fue castigada no por dictadura, sino por desobedecer. Chile no cayó por autoritarismo, sino por atreverse a ganar elecciones. Nicaragua fue desgastada hasta pudrirse. Bolivia fue presionada hasta desfondarse. Brasil fue erosionado desde dentro. México es presionado sin necesidad de golpes.
El patrón es claro: la intervención no corrige, administra, no salva pueblos: reordena intereses.
Maduro, por supuesto, no es inocente, empobreció a su país, aplastó libertades y gobernó a fuerza de aparato.
Pero seamos adultos: el mayor mercado del narcotráfico no está en Caracas, está en Estados Unidos. (La mayoría de los venezolanos no tienen para un pan y sobreviven con 5 dólares a la semana, mucho menos tendrán para un “pase”).
El dinero pues, ni la droga, se quedan en Venezuela; viajan al norte. Pensar que la DEA y la CIA son espectadoras ingenuas es una broma histórica.
Aquí está el punto más incómodo —y más verdadero—:
Trump y Maduro se parecen más de lo que admiten:
Ambos se creen su propio relato. Ambos confunden poder con razón. Ambos creen que la realidad debe acomodarse a su discurso, no al revés.
Maduro se cree la resistencia. Trump se cree el sheriff del mundo.
Y cuando un imperio decide que puede capturar presidentes latinoamericanos sin consecuencias, el problema deja de ser Maduro.
Es el precedente. Es el mensaje. Es la advertencia.
Hoy fue Venezuela. Mañana será cualquiera que no obedezca.
Y no, no hay nada que celebrar. Ni para los venezolanos. Ni para América Latina. Ni para nadie que todavía crea que el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos.
A la gris y desdibujada Europa se la dividen Rusia, China y Estados Unidos (con su intervención a través de Palestina en contra de Irán por la misma razón que lo hace en Venezuela: petróleo)
En el continente americano, Trump juega a comerse el pastel él solo, con bravuconadas, aranceles, amenazas y ya vimos, con su propio relato y con su propia ley.
¿Quién es más tirano? Y más importante: ¿Quién es más sumiso? ¿El que reclama al tirano o el que le aplaude sus tiranías? (Acuérdense que los dos lo son)
BEMOLES.
Gracias y Ánimo Tocayo.
Muchos enviamos y recibimos buenos deseos estas fiestas que pasaron. En todos ellos se desea principalmente salud, no obstante hay quien aprovecha (o ignora) de verdad esos asuntos tan delicados, y pasados apenas unos días de los “buenos deseos”, regresa la mezquindad y el aprovechamiento de lo que sea, hasta lo más bajo, para sacar raja política. Que pena.
Desde este humilde espacio, agradezco las atenciones de mi tocayo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy ex titular del Interapas. En otras administraciones no coincidimos, en otras sí, pero lo que nos mantiene en comunicación no son los sexenios sino la amistad.
Como todo un profesional, Hernández Delgadillo cumplió con su encomienda hasta que vio cristalizada la gestión con el legislativo para el ajuste inflacionario de las tarifas del agua así como la autorización de los descuentos, lo que le dará un alivio al organismo en materia de ingresos y de recuperación de cartera vencida, dos temas que mucha falta le hacían al Interapas del que llevó las riendas. (Ánimo tocayo)
¿Y el relevo?
Es muy fácil criticar (y divertido, lo admito) pero, ¿hay algún valiente que le quiera entrar a dirigir el Interapas? Por lo poco que sé, se prevé que por algún tiempo el organismo estará en manos de un encargado de despacho, entre tanto se busque un perfil, técnicamente preparado y administrativamente hábil para lo que viene, que es una posible y seguramente muy tormentosa desincorporación de Soledad y de Pozos del organismo.
El asunto es más fácil decirlo que hacerlo, pero en fin. Además de los actos administrativos que los cambios implican, el tema implica correr una cortesía política para el Palacio de Gobierno, y es que eso es hacer política, lo que les ha dado buenos resultados en las últimas fechas tanto al gobernador Gallardo como al alcalde capitalino, Galindo.
Llevando la fiesta en paz (en lo posible) hay proyectos de inversión en infraestructura para la capital por más de 800 millones de pesos, buena comunicación y un “desarme bilateral” de la guerra sucia (que ya era mucha). Además, será un buen año para las finanzas de los capitalinos, pues se esperan más de mil 300 mdp de recaudación solo del impuesto predial para este año.
De regreso al asunto técnico- administrativo de la gestión del agua, hay que saber que la mayoría de los pozos que surten a Soledad están en territorio potosino, pero las plantas tratadoras están del otro lado… el rompecabezas es como de 30 mil piezas, en tres pisos y en cuarta dimensión.
Además, las implicaciones, cortes, cobros y reclamos entre que las cosas se acomodan, van a resultar más incómodos que la enfermedad, más en un año preelectoral, pero pues ya veremos qué iguana traga más pinole y de qué lado (¿o cómo era?)
Corresponsal
El asunto de Venezuela no es menor, es histórico, es un parteaguas y es un episodio para nuestra generación. En La Orquesta no queremos perder detalle y es por eso que a partir de hoy contaremos con la colaboración de Nicole Remesar, periodista venezolana que hará de nuestra corresponsal mientras sabemos si logísticamente es posible trasladarnos para allá (¿Sabían que no hay vuelos?)
Mientras tanto les seguiremos informando.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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