SIGAMOS DERECHO.

Hace algunos meses, en mi clase de Filosofía del Derecho, el profesor nos introdujo a la discusión de las maneras de entender al derecho desde las perspectivas individualista y comunitarista. Nos comentó que la perspectiva individualista encuentra su origen en el liberalismo, enfocado en maximizar los beneficios individuales; en el modelo liberal, las personas entienden su relación con los demás desde una visión de derechos y no de deberes. El individualista cree que es lo suficientemente autónomo como para desarrollarse por sí mismo, incluso al margen de la comunidad.

En contraste, el modelo comunitarista parte de la premisa de que existe un fuerte vínculo entre la persona y la comunidad a la que pertenece, pues este vínculo constituye la identidad misma de la persona. Desde la óptica comunitarista, el individuo se pone al servicio de la historia, tradición e identidad de su comunidad, pues es de ella de donde ha tomado los elementos para construirse a sí mismo; la comunidad es el lugar en donde habrá de desarrollar su plan de vida.

Vale la pena advertir que, lejos de cualquier connotación positiva o negativa que pueda tener cualquiera de estos dos conceptos, finalmente se trata de perspectivas sin que una sea mejor que la otra.

Comprendiendo que todo se entiende mejor con ejemplos, el profesor decidió tocar el tema del suicidio para que la diferencia entre comunitarismo e individualismo quedara más clara. Luego de que algunas personas del grupo dimos nuestra opinión, llegamos al consenso general de que todas las personas tenemos derecho a disponer de nuestra vida sin la necesidad de rendirle cuentas ni explicaciones a nadie; es una decisión tomada desde la intimidad y desde la profundidad de una esfera de libertad que nadie tiene derecho a moldear por nosotros. En efecto, el salón de clases parecía estar conformado en su totalidad por un montón de individualistas.

Para enriquecer el debate, el profesor lanzó al aire una afirmación provocadora: “voy a convencerlos de que no son tan liberales como ustedes creen ser”, dijo. El profesor comenzó preguntándonos por qué vestimos de la manera en que vestimos; por qué comemos la comida que comemos; por qué portamos cierto corte de cabello. Evidentemente, el factor común de nuestras respuestas era que todo lo hemos adquirido de alguien más: tomamos dicho estilo de ropa de alguien; alguien nos introdujo al gusto de cierto tipo de comida; alguien utiliza cierto estilo en el cabello y nosotros lo tomamos para nuestra persona.

El argumento era el siguiente: el individuo no es nada sin su comunidad; todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que sabe le fue dado por las personas que le rodean y que conforman su comunidad; sin su comunidad no se tendría a sí mismo. Por lo tanto, según los comunitaristas, uno no es el dueño único de sí mismo, sino que pertenece a la comunidad: en ella cumple una función irremplazable y solo en ella puede desarrollarse y desarrollar al otro; uno no puede salir de la comunidad así porque sí.

Ciertamente, el profesor logró su verdadero cometido: no el de convencernos de que realmente somos comunitaristas y no individualistas, sino que muy exitosamente plantó en nosotros una duda y una irrenunciable reflexión. Dichas reflexiones transformaron la manera en la que entiendo mi relación con las demás personas que conforman mi círculo, mi relación con mi comunidad.

Quizás fue de tal magnitud el cuestionamiento a mis creencias personales por el acercamiento previo que había tenido con el tema del suicidio. En algún momento de mi pubertad, mi papá se acercó a preguntarme en total confianza si alguna vez había tenido pensamientos suicidas, “normales en el momento de la vida que estás atravesando”, dijo. Respondí que nunca los había tenido, a lo cual él contestó con un consejo que nunca olvidaré. Me aconsejó sobre ciertas técnicas para que, en caso de que algún día decidiera suicidarme, pudiera yo hacerlo con éxito y no quedar vivo en alguna condición indeseable. Le agradecí por el consejo y después el día continuó como si nada. Definitivamente me pareció algo extraño haber tenido esa conversación con él; sin embargo, luego comprendí que se trató de un acto de amor y de franqueza paternal, que además forjó la manera en que —trato— entiendo y me enfrento a la vida: con libertad, sin tabúes y sin el deber de dar explicaciones sobre mi esfera privada.

Ante ambas experiencias —la plática con mi padre y la clase con el profesor— concluí que, al menos desde mi punto de vista muy personal, no se puede ser ni tan individualista ni tan comunitarista: las decisiones importantes que uno toma en la vida normalmente flotan entre zonas grises, lejanas de las concepciones absolutas.

El pasado domingo 10 de octubre, la señora Martha Sepúlveda de 51 años, tenía una cita a las 7 de la mañana en el Instituto Colombiano del Dolor —una institución privada prestadora de servicios de salud— para poner fin a su vida mediante un procedimiento médico.

Luego de un complejo litigio, Martha consiguió una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que reconoce su derecho a terminar de manera digna con su vida, aun cuando su condición médica no es terminal todavía. Este precedente es de gran relevancia para la ampliación del derecho a una muerte digna en Colombia, el cual es legal desde 1997 para personas que se encuentran en la etapa terminal de alguna enfermedad mortal. Ahora, este derecho está reconocido para personas que padecen de algún un intenso sufrimiento físico o psíquico, a causa de una lesión o enfermedad incurable.

Martha padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace tres años y, si bien no es posible determinar que se encuentra en una etapa terminal, los dolores cada vez son menos soportables y cada vez batalla más para mover sus extremidades. Luego de reflexionarlo en compañía de su familia, Martha decidió que lo mejor para ella es terminar con su vida a través de la eutanasia, decisión que la tiene feliz, riendo e incluso durmiendo con mayor tranquilidad. Su hijo ha reconocido que, naturalmente, le será difícil lidiar con la pérdida de su madre; sin embargo, también está convencido de que apoyar su decisión es la mejor manera que él tiene para demostrarle su amor.

Horas antes de que iniciara el procedimiento, el Comité Médico del Instituto Colombiano del Dolor informó en un comunicado que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir determinó de manera unánime cancelar el procedimiento de Martha, ya que su condición no es terminal. Evidentemente, esta determinación es una violación flagrante y directa al derecho que la Corte Constitucional reconoció a Martha. El Comité argumenta que la Corte no les notificó los efectos de la sentencia, por lo que, mientras ello no suceda, no están obligados a los efectos jurídicos derivados del fallo. La decisión del Comité, entonces, se ha sumado a los cientos de comunicados emitidos y manifestaciones convocadas por la iglesia, alegando que se trata de una “propaganda de la eutanasia” que “no puede ser la respuesta terapéutica al dolor”, ya que “no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana”.

La Corte Constitucional ha salido a informar que los efectos de la sentencia son obligatorios un día después de su emisión, independientemente de que se hayan notificado o no. Por lo tanto, el procedimiento de muerte digna se le tendría que estar aplicando a Martha en el futuro cercano.

En México, nuestros altos tribunales no han reconocido el derecho a una muerte digna de la manera en que está reglamentada en Colombia, ni tampoco nuestros legisladores han tenido dicha discusión en la agenda. Lo más parecido que tenemos en nuestro ordenamiento es la Ley de Voluntad Anticipada, regulada solo en 14 estados de la República; sin embargo, sus efectos están acotados a la voluntad que expresa una persona de ser sometida o no a tratamientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Es decir, los médicos solo pueden dejar de aplicar ciertos tratamientos, pero en ningún caso pueden aplicar un procedimiento que termine con la vida de alguien.

La discusión impulsada por el asunto de Martha sin duda representa una buena oportunidad para promover este tema en el ámbito nacional y tutelar jurídicamente la voluntad de las personas que, desde su más íntima esfera de libertad, eligen las condiciones y el momento de su muerte. De continuar con la insuficiente regulación que tenemos el día de hoy, las personas que así lo decidan seguirán terminando con su vida al margen de la ley y sumando al estigma social que suele perseguir a los familiares. Esta eventual discusión necesariamente tendrá que llevarse a cabo respetando de manera íntegra la laicidad del Estado y ubicando en el centro del debate a la dignidad de las personas, así como el derecho de decidir sobre sus cuerpos.

El debate entre individualistas y comunitaristas sin duda nos da claridad sobre cómo entender el derecho a una muerte digna. Por parte de la perspectiva individualista, es posible considerar que decidir en qué condiciones morir se trata de un derecho concebido desde una perspectiva que pone en el centro a la autonomía individual, que entiende su relación con las otras personas desde una perspectiva de libertades y no de deberes. En principio podría parecer que, entonces, se trata de un derecho eminentemente individualista. Sin embargo, al estudiarlo a la luz del punto de vista comunitarita, podríamos concluir que estamos frente a un derecho que a la comunidad le interesa respetar y tutelar, dado que siempre estará en el mejor interés de la comunidad asegurar el bienestar de todos y todas sus integrantes. Ahora bien, como cualquier decisión importante que tomamos en la vida, generalmente la respuesta se encuentra en una zona gris, escondida entre los absolutos. Vale la pena, entonces, retomar la discusión sobre el derecho a decidir cómo morir, sin tabúes y con cabal respeto a la autonomía personal.

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