#4 Tiempos
El derecho a una muerte digna | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Hace algunos meses, en mi clase de Filosofía del Derecho, el profesor nos introdujo a la discusión de las maneras de entender al derecho desde las perspectivas individualista y comunitarista. Nos comentó que la perspectiva individualista encuentra su origen en el liberalismo, enfocado en maximizar los beneficios individuales; en el modelo liberal, las personas entienden su relación con los demás desde una visión de derechos y no de deberes. El individualista cree que es lo suficientemente autónomo como para desarrollarse por sí mismo, incluso al margen de la comunidad.
En contraste, el modelo comunitarista parte de la premisa de que existe un fuerte vínculo entre la persona y la comunidad a la que pertenece, pues este vínculo constituye la identidad misma de la persona. Desde la óptica comunitarista, el individuo se pone al servicio de la historia, tradición e identidad de su comunidad, pues es de ella de donde ha tomado los elementos para construirse a sí mismo; la comunidad es el lugar en donde habrá de desarrollar su plan de vida.
Vale la pena advertir que, lejos de cualquier connotación positiva o negativa que pueda tener cualquiera de estos dos conceptos, finalmente se trata de perspectivas sin que una sea mejor que la otra.
Comprendiendo que todo se entiende mejor con ejemplos, el profesor decidió tocar el tema del suicidio para que la diferencia entre comunitarismo e individualismo quedara más clara. Luego de que algunas personas del grupo dimos nuestra opinión, llegamos al consenso general de que todas las personas tenemos derecho a disponer de nuestra vida sin la necesidad de rendirle cuentas ni explicaciones a nadie; es una decisión tomada desde la intimidad y desde la profundidad de una esfera de libertad que nadie tiene derecho a moldear por nosotros. En efecto, el salón de clases parecía estar conformado en su totalidad por un montón de individualistas.
Para enriquecer el debate, el profesor lanzó al aire una afirmación provocadora: “voy a convencerlos de que no son tan liberales como ustedes creen ser”, dijo. El profesor comenzó preguntándonos por qué vestimos de la manera en que vestimos; por qué comemos la comida que comemos; por qué portamos cierto corte de cabello. Evidentemente, el factor común de nuestras respuestas era que todo lo hemos adquirido de alguien más: tomamos dicho estilo de ropa de alguien; alguien nos introdujo al gusto de cierto tipo de comida; alguien utiliza cierto estilo en el cabello y nosotros lo tomamos para nuestra persona.
El argumento era el siguiente: el individuo no es nada sin su comunidad; todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que sabe le fue dado por las personas que le rodean y que conforman su comunidad; sin su comunidad no se tendría a sí mismo. Por lo tanto, según los comunitaristas, uno no es el dueño único de sí mismo, sino que pertenece a la comunidad: en ella cumple una función irremplazable y solo en ella puede desarrollarse y desarrollar al otro; uno no puede salir de la comunidad así porque sí.
Ciertamente, el profesor logró su verdadero cometido: no el de convencernos de que realmente somos comunitaristas y no individualistas, sino que muy exitosamente plantó en nosotros una duda y una irrenunciable reflexión. Dichas reflexiones transformaron la manera en la que entiendo mi relación con las demás personas que conforman mi círculo, mi relación con mi comunidad.
Quizás fue de tal magnitud el cuestionamiento a mis creencias personales por el acercamiento previo que había tenido con el tema del suicidio. En algún momento de mi pubertad, mi papá se acercó a preguntarme en total confianza si alguna vez había tenido pensamientos suicidas, “normales en el momento de la vida que estás atravesando”, dijo. Respondí que nunca los había tenido, a lo cual él contestó con un consejo que nunca olvidaré. Me aconsejó sobre ciertas técnicas para que, en caso de que algún día decidiera suicidarme, pudiera yo hacerlo con éxito y no quedar vivo en alguna condición indeseable. Le agradecí por el consejo y después el día continuó como si nada. Definitivamente me pareció algo extraño haber tenido esa conversación con él; sin embargo, luego comprendí que se trató de un acto de amor y de franqueza paternal, que además forjó la manera en que —trato— entiendo y me enfrento a la vida: con libertad, sin tabúes y sin el deber de dar explicaciones sobre mi esfera privada.
Ante ambas experiencias —la plática con mi padre y la clase con el profesor— concluí que, al menos desde mi punto de vista muy personal, no se puede ser ni tan individualista ni tan comunitarista: las decisiones importantes que uno toma en la vida normalmente flotan entre zonas grises, lejanas de las concepciones absolutas.
El pasado domingo 10 de octubre, la señora Martha Sepúlveda de 51 años, tenía una cita a las 7 de la mañana en el Instituto Colombiano del Dolor —una institución privada prestadora de servicios de salud— para poner fin a su vida mediante un procedimiento médico.
Luego de un complejo litigio, Martha consiguió una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que reconoce su derecho a terminar de manera digna con su vida, aun cuando su condición médica no es terminal todavía. Este precedente es de gran relevancia para la ampliación del derecho a una muerte digna en Colombia, el cual es legal desde 1997 para personas que se encuentran en la etapa terminal de alguna enfermedad mortal. Ahora, este derecho está reconocido para personas que padecen de algún un intenso sufrimiento físico o psíquico, a causa de una lesión o enfermedad incurable.
Martha padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace tres años y, si bien no es posible determinar que se encuentra en una etapa terminal, los dolores cada vez son menos soportables y cada vez batalla más para mover sus extremidades. Luego de reflexionarlo en compañía de su familia, Martha decidió que lo mejor para ella es terminar con su vida a través de la eutanasia, decisión que la tiene feliz, riendo e incluso durmiendo con mayor tranquilidad. Su hijo ha reconocido que, naturalmente, le será difícil lidiar con la pérdida de su madre; sin embargo, también está convencido de que apoyar su decisión es la mejor manera que él tiene para demostrarle su amor.
Horas antes de que iniciara el procedimiento, el Comité Médico del Instituto Colombiano del Dolor informó en un comunicado que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir determinó de manera unánime cancelar el procedimiento de Martha, ya que su condición no es terminal. Evidentemente, esta determinación es una violación flagrante y directa al derecho que la Corte Constitucional reconoció a Martha. El Comité argumenta que la Corte no les notificó los efectos de la sentencia, por lo que, mientras ello no suceda, no están obligados a los efectos jurídicos derivados del fallo. La decisión del Comité, entonces, se ha sumado a los cientos de comunicados emitidos y manifestaciones convocadas por la iglesia, alegando que se trata de una “propaganda de la eutanasia” que “no puede ser la respuesta terapéutica al dolor”, ya que “no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana”.
La Corte Constitucional ha salido a informar que los efectos de la sentencia son obligatorios un día después de su emisión, independientemente de que se hayan notificado o no. Por lo tanto, el procedimiento de muerte digna se le tendría que estar aplicando a Martha en el futuro cercano.
En México, nuestros altos tribunales no han reconocido el derecho a una muerte digna de la manera en que está reglamentada en Colombia, ni tampoco nuestros legisladores han tenido dicha discusión en la agenda. Lo más parecido que tenemos en nuestro ordenamiento es la Ley de Voluntad Anticipada, regulada solo en 14 estados de la República; sin embargo, sus efectos están acotados a la voluntad que expresa una persona de ser sometida o no a tratamientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Es decir, los médicos solo pueden dejar de aplicar ciertos tratamientos, pero en ningún caso pueden aplicar un procedimiento que termine con la vida de alguien.
La discusión impulsada por el asunto de Martha sin duda representa una buena oportunidad para promover este tema en el ámbito nacional y tutelar jurídicamente la voluntad de las personas que, desde su más íntima esfera de libertad, eligen las condiciones y el momento de su muerte. De continuar con la insuficiente regulación que tenemos el día de hoy, las personas que así lo decidan seguirán terminando con su vida al margen de la ley y sumando al estigma social que suele perseguir a los familiares. Esta eventual discusión necesariamente tendrá que llevarse a cabo respetando de manera íntegra la laicidad del Estado y ubicando en el centro del debate a la dignidad de las personas, así como el derecho de decidir sobre sus cuerpos.
El debate entre individualistas y comunitaristas sin duda nos da claridad sobre cómo entender el derecho a una muerte digna. Por parte de la perspectiva individualista, es posible considerar que decidir en qué condiciones morir se trata de un derecho concebido desde una perspectiva que pone en el centro a la autonomía individual, que entiende su relación con las otras personas desde una perspectiva de libertades y no de deberes. En principio podría parecer que, entonces, se trata de un derecho eminentemente individualista. Sin embargo, al estudiarlo a la luz del punto de vista comunitarita, podríamos concluir que estamos frente a un derecho que a la comunidad le interesa respetar y tutelar, dado que siempre estará en el mejor interés de la comunidad asegurar el bienestar de todos y todas sus integrantes. Ahora bien, como cualquier decisión importante que tomamos en la vida, generalmente la respuesta se encuentra en una zona gris, escondida entre los absolutos. Vale la pena, entonces, retomar la discusión sobre el derecho a decidir cómo morir, sin tabúes y con cabal respeto a la autonomía personal.
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El Cronopio
Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.
Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.
Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió
, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.
En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.
Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.
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Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
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El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
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