Duarte tramitó el amparo mientras enfrenta un nuevo proceso por el presunto desvío de fondos para personas con discapacidad

Por: Redacción

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, tramitó un amparo desde el Reclusorio Norte con el objetivo de saber si existe alguna nueva orden de aprehensión o proceso judicial en su contra. El juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, se declaró incompetente para conocer del caso y ordenó devolver el amparo al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la capital.

La solicitud ocurre mientras Duarte enfrenta un nuevo proceso: el 17 de febrero de 2026, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor lo vinculó a proceso por el delito de peculado, por el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas con discapacidad durante su gestión como gobernador, en 2012. Se le dictó prisión preventiva justificada, y la Fiscalía General de la República busca hasta 21 años de cárcel por este delito.

Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Duarte acusó que existía una “instrucción política” para impedir que recuperara su libertad, y señaló que se habría pedido a funcionarios de la FGR actuar para evitar su salida de prisión.

Aunque la condena de nueve años que Duarte cumplía por lavado de dinero y asociación delictuosa concluyó formalmente en abril de 2026, el exgobernador permanece preso por el nuevo proceso de peculado. En noviembre de 2025, la jueza federal de Ejecución de Sanciones, Ángela Zamorano Herrera, ya le había negado el beneficio de libertad anticipada, al considerar que no acreditó el cumplimiento de dos de los siete requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos el plan de actividades de reinserción social.

Duarte enfrenta además un proceso abierto por desaparición forzada, relacionado con un policía estatal desaparecido en 2016 durante su gobierno; una apelación en ese caso permanece pendiente de resolución. El exgobernador fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México, tras casi seis meses como fugitivo.

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“Son mecanismos de inversión que se usaron desde el presidente López Obrador y que nosotros estamos ampliando”

Por: Redacción

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el Programa de Infraestructura Carretera mejora la comunicación, impulsa el desarrollo y el bienestar, a través de una inversión 647 mil 832 millones de pesos (mdp) para intervenir en todo el sexenio 11 mil 366 kilómetros (km) de los que, a la fecha, ya están concluidos mil 796 km, es decir, un 15 por ciento de avance, y están en ejecución 4 mil 223 km.

“Y el día de hoy nos toca el informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Banobras. Es algo extensa la presentación de todas las carreteras, caminos que estamos haciendo con inversión pública y también lo que llamamos ‘inversión mixta’, que es: sin que haya concesión de carreteras, utilizar recursos privados o de fondos privados que permitirán desarrollar la carretera, pero siempre es una carretera pública, ese es el objetivo.”

“Son mecanismos de inversión que se usaron desde el presidente López Obrador y que nosotros estamos ampliando para garantizar que haya caminos, que haya empleo, que haya obra pública, que haya desarrollo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo.

En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026

Por: Ana G Silva

El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.

El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.

El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.

En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.

Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.

Una tercera parte del gasto ya está comprometida

Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.

Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.

El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.

A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.

También se necesita dinero para seguir pagando la deuda

El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.

La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.

La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.

¿Y qué significa para San Luis Potosí?

El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.

La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.

El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.

En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.

La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.

La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.

Menos margen para inversión

El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.

A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.

La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.

De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.

El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.

En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.

Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.

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