julio 23, 2026

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El caso de Karla Daniela: cuando el Estado le falla a una niña

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La desaparición de una niña de 9 años en Ciudad Valles destapa la lentitud de las autoridades y el rezago y abandono de la región

Por Redacción

El domingo 17 de febrero de 2019 Karla Daniela Vázquez Martínez salió de su domicilio y ya ya no regresó. La niña de 9 años es originaria del ejido La Lima en Ciudad Valles, y aunque desde entonces la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí activó una Alerta Amber para localizarla, aún no se sabe nada de su paradero, una situación que con el paso de los días ha destapado un conjunto de factores familiares y rezagos sociales, educativos y económicos que le dan al caso un cariz especial.

Diez días han pasado y no se han logrado avances significativos respecto a la investigación. Sin embargo, los pobladores y seres queridos de la menor han organizado una búsqueda paralela a las autoridades. Carteles con el mensaje “Karlita no tengas miedo, te buscamos” fueron colocados en zonas aledañas en una carrera contrarreloj que sigue, pese a todo, alimentada por las esperanza.

El suceso resulta significativo ya que además destapó un fallo en el sistema. Más allá de los culpables directos que aún falta por procesar, y del paradero de la niña aún queda por descubrir, el entramado es un espejo en el que se reflejan los más grandes fallos del Estado en San Luis Potosí. A la ya de por sí enorme tragedia hay que sumar la marginación presente en un sector de la población empujado al olvido.

El caso ni siquiera ha adquirido la notoriedad mediática que resultaría pertinente para una verdadera emergencia de este tipo. El de una niña que no está y en el que cada minuto que pasa cuenta de forma determinante. Desde el gobierno tampoco se ha hecho el eco suficiente.

 

Marcelino Bautista Martínez, mencionado por la madre de Erika Daniela como probable responsable de haber abusado de la menor.

¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA?

En un principio se dio a conocer que la niña pudo haber sido abusada sexualmente por el tío de su padrastro, un hombre identificado como Marcelino Bautista Martínez quien presuntamente trabaja en el campo y abandonó el Ejido poco después de la desaparición de Karla. Luego el hombre apareció y negó los hechos, aunque una de las principales líneas lo maneja aún como sospechoso, toda vez que vecinos han reportado la conducta errática y violenta que lo caracteriza.

El martes, el diario El Mañana de Valles entrevistó al susodicho. Bautista Martínez, tío del padrastro de Karla Daniela Vázquez Martínez, una de los últimas personas en tener contacto con ella antes de su desaparición el pasado 17 de febrero.

 

“ELLA SOLA SE METIÓ, DIJO QUE QUERÍA UNAS FRITURAS”

Bautista Martínez, reconoció que el día de la desaparición Karla Daniela, ella se encontraba en su habitación comiendo unas frituras, pero luego salió corriendo con rumbo desconocido porque su padrastro llegó a la casa a confrontarlo a él, pues pensó que había abusado de la menor.

“Le dijo que qué estaba haciendo dentro, regresó y estaba ahí sentado. Él mismo se la llevó; la niña iba llorando, yo creo que le pegó o algo así”, señaló y además reconoció que ese día, él había ingerido bebidas alcohólicas.

Añadió que, tras difundirse los rumores de su presunta responsabilidad en la desaparición de la niña, autoridades de Ciudad Valles lo detuvieron y lo golpearon, aunque él negó en todo momento haber violentado a Karla Daniela.

Bautista Martínez aseguró que al enterarse de que había sido señalado como el presunto abusador de Karla Daniela, en varias ocasiones encontró patrullas rondando su casa hasta que el viernes pasado lo detuvieron y lo trasladaron a Ciudad Valles.

 

La madre de la menor desaparecida.


ANTECEDENTES DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA

Durante la entrevista, Marcelino Bautista fue cuestionado sobre varios rumores, como que en diciembre pasado golpeó a sus hijos y a su pareja, hechos que negó.

No obstante, al preguntarle sobre el hecho de que hace 10 años, presuntamente embarazó a su propia hija, Bautista Martínez reviró que fue uno de sus hermanos quien violó y embarazó a una de sus hijas, de la cual ni siquiera pudo decir su edad exacta.

“No es cierto, yo no fui, fue otro de mis hermanos. Yo no denuncié (…) yo estaba trabajando en Monterrey, me dijeron que viniera, pero no sabía lo que había ocurrido; cuando llegué mi sobrina ya había tenido al bebé”, respondió al reportero.

Bautista Martínez señaló que no interpuso una denuncia contra su hermano debido a que se amparó, por lo que las autoridades ya no intervinieron: “ya no se pudo hacer nada”.

Sobre su relación con la madre de la pequeña Karla, Bautista dijo no tener ninguna. “Yo no platicó con ella porque mi sobrino es medio celoso,  por eso yo no platico con ella. Es más, la mujer no sale, pues cómo voy a platicar”.

Delgado de la Fiscalía, Antonio Rodríguez Rodríguez

LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES

Antonio Rodríguez Rodríguez, delegado séptimo de la Fiscalía General del Estado con sede en Ciudad Valles, dijo que la búsqueda de Karla Daniela se ha complicado al transcurrir los días, pues en una de las líneas de investigación se maneja que la niña está extraviada, por lo que al estar sola podría haber repercusiones en su estado de salud. Otra de las líneas de investigación indica que alguien podría estar resguardando a Karla Daniela en algún domicilio.

“Se han realizado operativos de búsqueda con gente de Ciudad Valles, voluntarios, algunos apoyando con víveres, agua, alimento para las personas que están en la búsqueda, y hemos establecido colaboración con varias corporaciones como la Policía Estatal, Municipal, Cruz Roja, el Ejército y Protección Civil”.

Añadió que mientras no sea localizada la menor, no se pueden sacar conclusiones como los rumores que se han vuelto virales tras la desaparición. Mientras tanto, en una transmisión de otro medio local, Antonio Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con los trabajos de localización de Karla Daniela:

“Si alguna persona tiene a la menor, pues que la entregue, es importante que esté bien en su integridad física, elementos de la Fiscalía, la Policía Investigadora, sumamos gente de otras regiones incluida la capital”, aseguró.

Confirmó que la búsqueda ya se ha extendido a parcelas de municipios aledaños y se ha hecho la difusión de la fotografía y datos de la niña en Tamuín y Ébano.

 

+SOLO

“”Ella nada más estaba llorando, llorando y llorando. Y no me dijo nada. Y yo no le pregunté nada”.

-Martina, la madre de Karla Daniela, sobre el estado de su hija antes de desaparecer.

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Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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