Destacadas
El caso de Karla Daniela: cuando el Estado le falla a una niña
La desaparición de una niña de 9 años en Ciudad Valles destapa la lentitud de las autoridades y el rezago y abandono de la región
Por Redacción
El domingo 17 de febrero de 2019 Karla Daniela Vázquez Martínez salió de su domicilio y ya ya no regresó. La niña de 9 años es originaria del ejido La Lima en Ciudad Valles, y aunque desde entonces la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí activó una Alerta Amber para localizarla, aún no se sabe nada de su paradero, una situación que con el paso de los días ha destapado un conjunto de factores familiares y rezagos sociales, educativos y económicos que le dan al caso un cariz especial.
Diez días han pasado y no se han logrado avances significativos respecto a la investigación. Sin embargo, los pobladores y seres queridos de la menor han organizado una búsqueda paralela a las autoridades. Carteles con el mensaje “Karlita no tengas miedo, te buscamos” fueron colocados en zonas aledañas en una carrera contrarreloj que sigue, pese a todo, alimentada por las esperanza.
El suceso resulta significativo ya que además destapó un fallo en el sistema. Más allá de los culpables directos que aún falta por procesar, y del paradero de la niña aún queda por descubrir, el entramado es un espejo en el que se reflejan los más grandes fallos del Estado en San Luis Potosí. A la ya de por sí enorme tragedia hay que sumar la marginación presente en un sector de la población empujado al olvido.
El caso ni siquiera ha adquirido la notoriedad mediática que resultaría pertinente para una verdadera emergencia de este tipo. El de una niña que no está y en el que cada minuto que pasa cuenta de forma determinante. Desde el gobierno tampoco se ha hecho el eco suficiente.
Marcelino Bautista Martínez, mencionado por la madre de Erika Daniela como probable responsable de haber abusado de la menor.
¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA?
En un principio se dio a conocer que la niña pudo haber sido abusada sexualmente por el tío de su padrastro, un hombre identificado como Marcelino Bautista Martínez quien presuntamente trabaja en el campo y abandonó el Ejido poco después de la desaparición de Karla. Luego el hombre apareció y negó los hechos, aunque una de las principales líneas lo maneja aún como sospechoso, toda vez que vecinos han reportado la conducta errática y violenta que lo caracteriza.
El martes, el diario El Mañana de Valles entrevistó al susodicho. Bautista Martínez, tío del padrastro de Karla Daniela Vázquez Martínez, una de los últimas personas en tener contacto con ella antes de su desaparición el pasado 17 de febrero.
“ELLA SOLA SE METIÓ, DIJO QUE QUERÍA UNAS FRITURAS”
Bautista Martínez, reconoció que el día de la desaparición Karla Daniela, ella se encontraba en su habitación comiendo unas frituras, pero luego salió corriendo con rumbo desconocido porque su padrastro llegó a la casa a confrontarlo a él, pues pensó que había abusado de la menor.
“Le dijo que qué estaba haciendo dentro, regresó y estaba ahí sentado. Él mismo se la llevó; la niña iba llorando, yo creo que le pegó o algo así”, señaló y además reconoció que ese día, él había ingerido bebidas alcohólicas.
Añadió que, tras difundirse los rumores de su presunta responsabilidad en la desaparición de la niña, autoridades de Ciudad Valles lo detuvieron y lo golpearon, aunque él negó en todo momento haber violentado a Karla Daniela.
Bautista Martínez aseguró que al enterarse de que había sido señalado como el presunto abusador de Karla Daniela, en varias ocasiones encontró patrullas rondando su casa hasta que el viernes pasado lo detuvieron y lo trasladaron a Ciudad Valles.
La madre de la menor desaparecida.
ANTECEDENTES DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA
Durante la entrevista, Marcelino Bautista fue cuestionado sobre varios rumores, como que en diciembre pasado golpeó a sus hijos y a su pareja, hechos que negó. 
No obstante, al preguntarle sobre el hecho de que hace 10 años, presuntamente embarazó a su propia hija, Bautista Martínez reviró que fue uno de sus hermanos quien violó y embarazó a una de sus hijas, de la cual ni siquiera pudo decir su edad exacta.
“No es cierto, yo no fui, fue otro de mis hermanos. Yo no denuncié (…) yo estaba trabajando en Monterrey, me dijeron que viniera, pero no sabía lo que había ocurrido; cuando llegué mi sobrina ya había tenido al bebé”, respondió al reportero.
Bautista Martínez señaló que no interpuso una denuncia contra su hermano debido a que se amparó, por lo que las autoridades ya no intervinieron: “ya no se pudo hacer nada”.
Sobre su relación con la madre de la pequeña Karla, Bautista dijo no tener ninguna. “Yo no platicó con ella porque mi sobrino es medio celoso, por eso yo no platico con ella. Es más, la mujer no sale, pues cómo voy a platicar”.
Delgado de la Fiscalía, Antonio Rodríguez Rodríguez
LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES
Antonio Rodríguez Rodríguez, delegado séptimo de la Fiscalía General del Estado con sede en Ciudad Valles, dijo que la búsqueda de Karla Daniela se ha complicado al transcurrir los días, pues en una de las líneas de investigación se maneja que la niña está extraviada, por lo que al estar sola podría haber repercusiones en su estado de salud. Otra de las líneas de investigación indica que alguien podría estar resguardando a Karla Daniela en algún domicilio.
“Se han realizado operativos de búsqueda con gente de Ciudad Valles, voluntarios, algunos apoyando con víveres, agua, alimento para las personas que están en la búsqueda, y hemos establecido colaboración con varias corporaciones como la Policía Estatal, Municipal, Cruz Roja, el Ejército y Protección Civil”.
Añadió que mientras no sea localizada la menor, no se pueden sacar conclusiones como los rumores que se han vuelto virales tras la desaparición. Mientras tanto, en una transmisión de otro medio local, Antonio Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con los trabajos de localización de Karla Daniela:
“Si alguna persona tiene a la menor, pues que la entregue, es importante que esté bien en su integridad física, elementos de la Fiscalía, la Policía Investigadora, sumamos gente de otras regiones incluida la capital”, aseguró.
Confirmó que la búsqueda ya se ha extendido a parcelas de municipios aledaños y se ha hecho la difusión de la fotografía y datos de la niña en Tamuín y Ébano.
+SOLO
“”Ella nada más estaba llorando, llorando y llorando. Y no me dijo nada. Y yo no le pregunté nada”.
-Martina, la madre de Karla Daniela, sobre el estado de su hija antes de desaparecer.
También lea: Buscan a Karla en la sierra de Valles; tiene 9 años y desapareció hace 6 días
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
También lee: Localizan sin vida a adulto mayor dentro de un taxi en la colonia San Ángel
De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte
Por: Redacción
Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.
El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,
De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.
Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.
Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.
También lee: Agentes recuperan un vehículo tan solo horas después de su robo
Los estudiantes caminarán hasta la Fiscalía General del Estado, donde exigirán avances en la investigación
Por: Redacción
A diez días del asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), integrantes de la comunidad estudiantil convocaron a una marcha para exigir justicia y avances en la investigación
La movilización se llevará a cabo el próximo 19 de agosto a las 14:00 horas. El punto de reunión será el edificio de Criminología, ubicado sobre la calle Tomás Esteves, en el Centro Histórico, desde donde los participantes caminarán hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y plantea como principal exigencia el esclarecimiento del asesinato de Gabriel Salvador, ocurrido el pasado 7 de agosto en la colonia Rural Atlas, donde el joven fue atacado a balazos.
Gabriel tenía 21 años y cursaba la carrera de Criminología en la Facultad de Derecho. Además de formar parte de la comunidad universitaria, era integrante del equipo Águilas UASLP de tiro con arco, participaba en competencias nacionales y realizaba diversas actividades para contribuir a los gastos de su familia.
Su asesinato provocó indignación entre estudiantes, docentes, familiares y personas cercanas al joven, quienes han exigido que el caso no quede impune y que las autoridades esclarezcan quiénes fueron los responsables.
En medio de las exigencias de justicia, la Facultad de Derecho de la UASLP publicó el pasado 14 de agosto un posicionamiento en el que condenó públicamente el homicidio de Gabriel y expresó su solidaridad con sus familiares, amistades y compañeros.
La institución pidió a las autoridades encargadas de la investigación actuar con prontitud y rigor para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Sin embargo, el comunicado generó cuestionamientos entre integrantes de la comunidad universitaria debido al momento en que fue publicado. Gabriel fue asesinado el 7 de agosto y, durante los días posteriores, la Facultad únicamente había difundido una esquela dedicada al estudiante.
En los comentarios de la publicación, algunos usuarios reprocharon que el posicionamiento llegara después de que el caso adquiriera mayor difusión pública y se multiplicaran las exigencias de justicia.
También lee: Asaltan y matan a estudiante de la UASLP; familia y compañeros exigen justicia
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos4 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
