octubre 31, 2026

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Dos fotografías de Ricardo Gallardo | Columna de Luis Moreno

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HISTORIAS PARA PERROS CALLEJEROS.

Aunque en ninguna de las imágenes que aquí presento aparece Ricardo Gallardo, ambas lo retratan, pues como alguna vez escribió el gran Luis Costa Bonino: los secretarios, funcionarios o ministros de un gobierno no representan al pueblo, sino al gobernante que los colocó en el cargo. Hay dos polos del gobierno de Gallardo en los cuales se ubican Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes (en la primera imagen) y Elizabeth Torres, secretaria de Cultura (en la segunda):

Existe una administración que empezó a gobernar con tal vértigo que ha dejado cambios estructurales que parecían promesas vacías: la gratuidad en las placas y las licencias, el freno al aumento en las tarifas de agua y hasta la inhabilitación de Xavier Nava para ejercer cargos públicos durante 18 años.

Al otro lado hay una versión del gobierno que se mete en polémicas mínimas y, peor, que permite que crezcan hasta ser motivo de crítica social, porque sencillamente no puede admitir el error y operar para darles solución.

La foto de Leonel Serrato corresponde a la intervención que tuvo frente a lo permisionarios de los camiones urbanos, en la que durante 40 minutos machacó a los antiguos gobiernos, a la ambición de los empresarios del transporte, al mal servicio y a Enrique Galindo, para concluir con un contundente: «yo estoy obligado a decirles: ¡ni madres, no hay aumento a la tarifa!». En la fotografía, la cara de Margarito Terán también es protagonista, pues la expresión del líder de los camioneros narra la historia de un régimen que comienza a romperse en todos los niveles.

Cuentan que muy contra su voluntad, los permisionarios tuvieron que admitir que los camiones no tienen las condiciones para exigir un ajuste a la tarifa, y aceptaron el trato que les ofreció el gobierno estatal, en el que les dará un subsidio de 100 millones de pesos con el que deberán ofrecer transporte gratuito a estudiantes, instalar botones de pánico, cámaras de vigilancia e internet. Era un trato que no podían rechazar.

Con Leonel Serrato como representante, el gobierno de Gallardo se apuntó un éxito frente a la ciudadanía que le durará por lo menos un año.

Pasemos a la foto de Elizabeth Torres, esta fue tomada a mediados de diciembre del año pasado, durante un bazar navideño c elebrado en el Museo Casa del Rebozo

, donde diversos asistentes señalaron que se permitió la presencia de negocios que comercian artículos de fabricación industrial (no artesanal) y que no corresponden a la tradición rebocera de Santa María del Río, aunque son vendidos como tal, por lo que pueden ser considerados como piratería. En la imagen, la secretaria porta una de esas prendas. El error es claro por parte de Araceli Navarro, titular del museo, pero también de Torres, quien no tomó acciones para solventarlo.

Desde que La Orquesta dio a conocer la situación, la titular de Cultura ha soltado en cada lugar donde sale el tema, el cuento de que esto se trata de politiquería de nuestra parte, cuando en realidad es solo el señalamiento de una falta. (Asunto del que nos ocupamos los que hacemos periodismo y no los administradores de televisoras).

A tales niveles escaló esto, que Marta Turok y Ana Terán, las dos expertas más importantes en el tema de los textiles tradicionales, criticaron con severidad lo ocurrido. ¿También a ellas las acusará de politiquería potosina?

Ahí no terminó, pues existe la versión de que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura en el gobierno de López Obrador, pidió a Marina Núñez Bespalova, sub secretaria, indagar personalmente en lo ocurrido, por lo que se comunicó con Elizabeth Torres, quien le mintió al decirle que no estaba en su competencia la Casa del Rebozo, pues ese espacio depende de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Arturo Segoviano.

Al enterarse de la mentira, Frausto habría llamado la semana pasada al gobernador Ricardo Gallardo.

De esa llamada se desconoce el tono, pero nunca es buen augurio que una secretaria de estado llame a un gobernador para una aclaración. Ahora queda ver qué le parecen las fotos al gobernador, ¿se sentirá cómodo con ambas? ¿O en alguna no le gustará cómo salió?

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Disposiciones del INE balancean paridad de género, pero desbalancea escenarios

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El INE obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas en juego en el proceso 2027

Por: Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión que cada partido político nacional deberá postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027. Con los perfiles que hoy encabezan las preferencias internas del Partido Acción Nacional (PAN), el blanquiazul tendría que pasar de hombre a mujer en al menos cuatro estados.

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo el 29 de octubre por nueve votos contra uno. La obligación cuenta igual si el partido va solo, en coalición o en candidatura común, y no se reduce si decide no competir en alguna entidad.

Cada partido deberá informar qué género postulará en cada estado y justificar sus criterios de competitividad. El acuerdo se apoya en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre ellos el SUP-RAP-116/2020 y el SUP-RAP-327/2023, y todavía puede impugnarse ante ese tribunal.

Cinco mujeres y 12 hombres

La medición de Statistical Research Corporation (SRC) de abril de 2026 preguntó en cada estado quién debería ser la candidata o el candidato del PAN a la gubernatura. Los punteros son cinco mujeres y 12 hombres. No son candidaturas aún porque el PAN no ha definido ninguna.

Las punteras de la medición son Ivideliza Reyes en Nayarit (53.2%), Nelly Márquez en Campeche (33.2%), Adriana Dávila en Tlaxcala (31.6%), Mayuli Martínez en Quintana Roo (23%) y Gu adalupe González

en Guerrero (17%).

Para llegar a nueve, el PAN tendría que postular mujeres en al menos cuatro entidades más, en donde hoy encabezan las preferencias al género masculino.

Caso Galindo:

En San Luis Potosí el puntero en la medición es el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con 43.7%. Entre los 12 hombres, cuatro tienen menos preferencia que él: Eduardo Ortiz en Sinaloa (22.7%), Carlos de la Fuente en Nuevo León (26.7%), Felifer Macías en Querétaro (30.2%) y Alfonso Martínez en Michoacán (36.5%).

Si el ajuste cambiará necesariamente por lo menos cuatro de esas probables postulaciones.

El alcalde de la capital potosina no es militante panista, pero fue el partido que lo respaldó en 2021 y 2024, y el senador Mauricio Vila Dosal lo mencionó el 22 de octubre como posible abanderado de Acción Nacional a la gubernatura.

Verónica Rodríguez, la carta panista

Si el PAN tuviera que postular a una mujer en San Luis Potosí, destaca el nombre de Verónica Rodríguez Hernández, quien se mantiene por el momento buscando la candidatura a la alcaldía capitalina.

La Ley electoral potosina permite postular a cualquier género en 2027, luego de que en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la alternancia obligatoria para la gubernatura. Esa libertad local ahora tendrá que caber dentro del mínimo nacional de nueve mujeres.

También lee: SCJN tumba alternancia “niño-niña” a gubernatura de SLP

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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Funcionarios con aspiraciones para 2027 tendrán reunión personal con Gallardo

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Gallardo negó que medio gabinete quiera participar en el proceso electoral

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tendrá reuniones individuales con los integrantes de su gabinete que quieran participar en el proceso electoral de 2027. Dijo que ese tema lo verá con cada uno “en lo personal, no abierto en un gabinete”.

Lo anunció al salir de una reunión con su gabinete, en la que pidió ajustar el gasto de cierre de año. “Tendré una reunión posterior ya individual con los que yo sé que quieren participar en algún proceso”, dijo. A la pregunta de si se trata de medio gabinete, respondió: “No, no, no”.

Plazo: diciembre

El 15 de septiembre, Gallardo fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Explicó que ese plazo coincide con el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y adelantó que podría haber “una o dos bajas”.

Dos semanas después, tras su Quinto Informe de Gobierno, dijo que haría uno o dos cambios en su gabinete y que serían “100% electorales”. En ese momento aseguró que ningún colaborador saldría todavía: “Va a esperar los tiempos”.

Las cartas del Verde

El 6 de octubre, el gobernador dijo que el Verde tiene una “baraja” de cuatro perfiles para la gubernatura, sin dar nombres: el presidente del partido, el secretario general de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana y un diputado federal. Ese mismo mes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, se dijo listo si el partido lo llama.

“O trabajan o se van”

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el 19 de octubre, Torres Sánchez reconoció que algunos funcionarios de primer nivel aspiran a contender, aunque ninguno le había manifestado con claridad su intención de pedir licencia. Dijo que los tiempos legales para separarse del cargo aún no llegan.

En julio, el mismo secretario había advertido a quienes tuvieran aspiraciones: “O trabajan y se quedan o se van y participan”.

También lee: Funcionarios con aspiraciones electorales deberán salir en diciembre: Gallardo

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Opinión

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