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Dos fotografías de Ricardo Gallardo | Columna de Luis Moreno
HISTORIAS PARA PERROS CALLEJEROS.
Aunque en ninguna de las imágenes que aquí presento aparece Ricardo Gallardo, ambas lo retratan, pues como alguna vez escribió el gran Luis Costa Bonino: los secretarios, funcionarios o ministros de un gobierno no representan al pueblo, sino al gobernante que los colocó en el cargo. Hay dos polos del gobierno de Gallardo en los cuales se ubican Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes (en la primera imagen) y Elizabeth Torres, secretaria de Cultura (en la segunda):
Existe una administración que empezó a gobernar con tal vértigo que ha dejado cambios estructurales que parecían promesas vacías: la gratuidad en las placas y las licencias, el freno al aumento en las tarifas de agua y hasta la inhabilitación de Xavier Nava para ejercer cargos públicos durante 18 años.
Al otro lado hay una versión del gobierno que se mete en polémicas mínimas y, peor, que permite que crezcan hasta ser motivo de crítica social, porque sencillamente no puede admitir el error y operar para darles solución.
La foto de Leonel Serrato corresponde a la intervención que tuvo frente a lo permisionarios de los camiones urbanos, en la que durante 40 minutos machacó a los antiguos gobiernos, a la ambición de los empresarios del transporte, al mal servicio y a Enrique Galindo, para concluir con un contundente: «yo estoy obligado a decirles: ¡ni madres, no hay aumento a la tarifa!». En la fotografía, la cara de Margarito Terán también es protagonista, pues la expresión del líder de los camioneros narra la historia de un régimen que comienza a romperse en todos los niveles.
Cuentan que muy contra su voluntad, los permisionarios tuvieron que admitir que los camiones no tienen las condiciones para exigir un ajuste a la tarifa, y aceptaron el trato que les ofreció el gobierno estatal, en el que les dará un subsidio de 100 millones de pesos con el que deberán ofrecer transporte gratuito a estudiantes, instalar botones de pánico, cámaras de vigilancia e internet. Era un trato que no podían rechazar.
Con Leonel Serrato como representante, el gobierno de Gallardo se apuntó un éxito frente a la ciudadanía que le durará por lo menos un año.
Pasemos a la foto de Elizabeth Torres, esta fue tomada a mediados de diciembre del año pasado, durante un bazar navideño c elebrado en el Museo Casa del Rebozo 
Desde que La Orquesta dio a conocer la situación, la titular de Cultura ha soltado en cada lugar donde sale el tema, el cuento de que esto se trata de politiquería de nuestra parte, cuando en realidad es solo el señalamiento de una falta. (Asunto del que nos ocupamos los que hacemos periodismo y no los administradores de televisoras).
A tales niveles escaló esto, que Marta Turok y Ana Terán, las dos expertas más importantes en el tema de los textiles tradicionales, criticaron con severidad lo ocurrido. ¿También a ellas las acusará de politiquería potosina?
Ahí no terminó, pues existe la versión de que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura en el gobierno de López Obrador, pidió a Marina Núñez Bespalova, sub secretaria, indagar personalmente en lo ocurrido, por lo que se comunicó con Elizabeth Torres, quien le mintió al decirle que no estaba en su competencia la Casa del Rebozo, pues ese espacio depende de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Arturo Segoviano.
Al enterarse de la mentira, Frausto habría llamado la semana pasada al gobernador Ricardo Gallardo.
De esa llamada se desconoce el tono, pero nunca es buen augurio que una secretaria de estado llame a un gobernador para una aclaración. Ahora queda ver qué le parecen las fotos al gobernador, ¿se sentirá cómodo con ambas? ¿O en alguna no le gustará cómo salió?
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La resolución obliga al INE a modificar sus lineamientos y establece una regla uniforme para los cómputos
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las llamadas “boletas planchadas”, es decir, las que no presentan las marcas de doblez necesarias para haber sido introducidas en la urna, no deberán contabilizarse ni incorporarse a los resultados electorales de 2027.
De acuerdo con el partido, la resolución deriva, entre otros medios de impugnación, del recurso de apelación SUP-RAP-215/2026, que promovió contra los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
El PAN explicó que había advertido que el mecanismo original permitía reservar una boleta sin las marcas de doblez y que, después, un Consejo Distrital decidiera mediante votación si debía contabilizarse o no. Según el partido, ese esquema dejaba abierta la posibilidad de incorporar boletas sobre las que existía una duda objetiva respecto de si habían seguido el procedimiento legal de emisión del voto.
La Sala Superior determinó que el planteamiento era fundado y estableció una regla: una vez marcada, la boleta debe doblarse y depositarse en la urna. Si durante el escrutinio o un recuento aparece una boleta sin los dobleces necesarios, deberá considerarse inválida.
“Ganamos una batalla fundamental para proteger el voto de las y los mexicanos. Las elecciones se ganan en las urnas, con votos emitidos legalmente, no con boletas cuya procedencia genere dudas. La voluntad ciudadana se respeta y se defiende”, sostuvo el PAN
Con la sentencia, el INE deberá modificar sus lineamientos. A partir de ahora, cuando durante el escrutinio y cómputo se detecte una boleta sin las marcas de doblez necesarias, no deberá contabilizarse ni incorporarse a la suma de resultados. Además, deberá registrarse la irregularidad y conservarse la boleta separada de aquellas que sí fueron computadas.
La decisión sustituye el esquema aprobado originalmente por el INE, bajo el cual cada Consejo Distrital podía deliberar y votar sobre la validez de este tipo de boletas, y establece en su lugar un criterio uniforme para todos los órganos electorales.
El Tribunal reconoció que el INE cuenta con facultades para reglamentar los cómputos electorales, pero determinó que deben ejercerse con respeto a la legislación y a los principios constitucionales de certeza, autenticidad y secrecía del sufragio.
El PAN afirmó que continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos disponibles para defender la legalidad de las elecciones y garantizar que cada voto sea contado exactamente como fue emitido.
“Hoy ganó la certeza electoral. Ganó la legalidad y, sobre todo, ganó el derecho de las y los mexicanos a que su voto sea respetado. En el PAN vamos a seguir defendiendo cada elección, cada casilla y cada voto frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana”, concluyó.
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Ricardo Gallardo atribuyó la saturación a la detención de narcomenudistas, que hoy son casi ocho de cada 10 internos
Por: Redacción
Los penales de San Luis Potosí operan al 120 por ciento de su capacidad, reconoció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, al responder sobre un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reprueba a cuatro de los cinco centros penitenciarios del estado. Para el mandatario, la salida es construir un sexto penal.
“Lo que se llama reprobar no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas”, dijo. “Estamos en sobrepoblación, en todos los penales tenemos sobrepoblación”.
De acuerdo con el gobernador, casi el 80 por ciento de esa población son narcomenudistas, personas detenidas por vender sustancias prohibidas en las calles. Antes, explicó, salían en 72 horas; con los cambios hechos con el Poder Judicial, ahora permanecen detenidas.
“Prácticamente se están limpiando las calles, pero ahora el fortalecimiento se tiene que dar en los penales”, señaló.
Cuestionado sobre si la solución es un nuevo centro, r espondió: “La solución es un sexto penal, sin lugar a dudas”. Al preguntarle si estaría para 2027, contestó que sí: “Eso se tiene que hacer”.
Agregó que el Estado ha trasladado a más de 100 internos a penales federales, con envíos de 20 personas cada tres o cuatro meses.
Gallardo vinculó la sobrepoblación con el ritmo de detenciones de la Guardia Civil Estatal, que, según dijo, detiene cada semana entre 80 y 90 narcomenudistas en las cuatro zonas del estado, contra cinco o seis de los municipios. “Prácticamente no es nada lo que se detiene a nivel municipal”, afirmó. Las policías municipales, a su juicio, tendrían que ayudar en ese trabajo en las calles.
Los cinco centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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