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Dos fotografías de Ricardo Gallardo | Columna de Luis Moreno
HISTORIAS PARA PERROS CALLEJEROS.
Aunque en ninguna de las imágenes que aquí presento aparece Ricardo Gallardo, ambas lo retratan, pues como alguna vez escribió el gran Luis Costa Bonino: los secretarios, funcionarios o ministros de un gobierno no representan al pueblo, sino al gobernante que los colocó en el cargo. Hay dos polos del gobierno de Gallardo en los cuales se ubican Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes (en la primera imagen) y Elizabeth Torres, secretaria de Cultura (en la segunda):
Existe una administración que empezó a gobernar con tal vértigo que ha dejado cambios estructurales que parecían promesas vacías: la gratuidad en las placas y las licencias, el freno al aumento en las tarifas de agua y hasta la inhabilitación de Xavier Nava para ejercer cargos públicos durante 18 años.
Al otro lado hay una versión del gobierno que se mete en polémicas mínimas y, peor, que permite que crezcan hasta ser motivo de crítica social, porque sencillamente no puede admitir el error y operar para darles solución.
La foto de Leonel Serrato corresponde a la intervención que tuvo frente a lo permisionarios de los camiones urbanos, en la que durante 40 minutos machacó a los antiguos gobiernos, a la ambición de los empresarios del transporte, al mal servicio y a Enrique Galindo, para concluir con un contundente: «yo estoy obligado a decirles: ¡ni madres, no hay aumento a la tarifa!». En la fotografía, la cara de Margarito Terán también es protagonista, pues la expresión del líder de los camioneros narra la historia de un régimen que comienza a romperse en todos los niveles.
Cuentan que muy contra su voluntad, los permisionarios tuvieron que admitir que los camiones no tienen las condiciones para exigir un ajuste a la tarifa, y aceptaron el trato que les ofreció el gobierno estatal, en el que les dará un subsidio de 100 millones de pesos con el que deberán ofrecer transporte gratuito a estudiantes, instalar botones de pánico, cámaras de vigilancia e internet. Era un trato que no podían rechazar.
Con Leonel Serrato como representante, el gobierno de Gallardo se apuntó un éxito frente a la ciudadanía que le durará por lo menos un año.
Pasemos a la foto de Elizabeth Torres, esta fue tomada a mediados de diciembre del año pasado, durante un bazar navideño c elebrado en el Museo Casa del Rebozo 
Desde que La Orquesta dio a conocer la situación, la titular de Cultura ha soltado en cada lugar donde sale el tema, el cuento de que esto se trata de politiquería de nuestra parte, cuando en realidad es solo el señalamiento de una falta. (Asunto del que nos ocupamos los que hacemos periodismo y no los administradores de televisoras).
A tales niveles escaló esto, que Marta Turok y Ana Terán, las dos expertas más importantes en el tema de los textiles tradicionales, criticaron con severidad lo ocurrido. ¿También a ellas las acusará de politiquería potosina?
Ahí no terminó, pues existe la versión de que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura en el gobierno de López Obrador, pidió a Marina Núñez Bespalova, sub secretaria, indagar personalmente en lo ocurrido, por lo que se comunicó con Elizabeth Torres, quien le mintió al decirle que no estaba en su competencia la Casa del Rebozo, pues ese espacio depende de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Arturo Segoviano.
Al enterarse de la mentira, Frausto habría llamado la semana pasada al gobernador Ricardo Gallardo.
De esa llamada se desconoce el tono, pero nunca es buen augurio que una secretaria de estado llame a un gobernador para una aclaración. Ahora queda ver qué le parecen las fotos al gobernador, ¿se sentirá cómodo con ambas? ¿O en alguna no le gustará cómo salió?
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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