abril 16, 2026

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Congreso del Estado

Diputado morenista propone ampliar el reciclaje en condominios

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El legislador José Antonio Lorca Valle presentó una iniciativa en el Congreso de SLP para promover el reciclaje y reducir conflictos por el manejo de basura.

Por: Redacción.

 

El diputado José Antonio Lorca Valle, miembro de la fracción morenista en la legislatura local  presentó una iniciativa que busca una adición a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de San Luis Potosí.

El legislador Lorca señaló que, como en cualquier espacio habitacional, en los condominios, la generación de basura se puede convertir en un problema que origine diversos conflictos, sobre todo en momentos como los actuales, cuando está aumentando la densidad poblacional en esos espacios, debido al incremento del costo del suelo habitacional. Los ayuntamientos, solamente pueden realizar la recolección de basura, en los condominios de interés social y mediante convenio.

Varios habitantes de estos espacios han manifestado una problemática, en la que, sin consenso, se implementan programas de reciclaje, con consiguientes multas aplicables en diversos supuestos. Y en muchos casos, se ha reportado que se obtienen beneficios económicos a partir de los desechos separados y reciclados, y que no se integra dentro de las cuentas colectivas obligatorias; por tanto, no hay certeza sobre esos recursos, que podrían utilizarse en favor del colectivo condominal, sobre todo para remediar el deterioro en sus áreas comunes, ya que hay problemas constantes para recaudar fondos para este fin

.

Con la finalidad de reducir la conflictividad, y crear una disposición general que pueda ser desarrollada con mayor amplitud y detalle en los reglamentos internos de los condominios, aseguró el diputado, “propongo regular la implementación de programas de reciclaje, para que sean parte de la cultura condominal, en la Ley”.

Primeramente, que estos programas se implementen mediante acuerdo alcanzado por la asamblea general de condiminios, que es el órgano supremo del condominio y que se obtengan recursos económicos, éstos deberán integrarse al fondo de administración y mantenimiento; y por lo tanto, en observación a la ley, deberán de aplicarse a las áreas y elementos de propiedad común, en beneficio de todos los condóminos.

Por último, el diputado morenista señaló que se propone que tales programas no puedan originar el cobro de multas a los condóminos, por lo que su carácter sería voluntario; esta disposición obedece a uno de los objetivos ulteriores de la Ley, el de evitar y reducir la conflictividad entre los habitantes de los condominios, apegándose a los principios de cultura condominal y reducción de conflictos.

 

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Congreso del Estado

Delito de abandono se investigará de oficio cuando involucre a personas con discapacidad

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La ley actual no incluye ni a los adolescentes ni a las personas con discapacidad, por lo que la modificación toma gran relevancia

Por: Redacción 

 

Integrantes de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que reforma el Código Penal del Estado, para establecer que el delito de abandono sea investigado de oficio, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad, informó la diputada María Leticia Vázquez Hernández.

 

La ley actual no incluye ni a los adolescentes ni a las personas con discapacidad, por lo que la modificación toma gran relevancia y así se planteará ante el Pleno, donde se someterá a votación, informó la presidenta de la Comisión legislativa, Leticia Vázquez. La iniciativa fue presentada por la diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza.

 

El objeto de esta iniciativa es establecer que el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en su vertiente de abandono de persona se persiga de oficio en los casos mencionados, teniendo la obligación el Ministerio Público de actuar con debida diligencia para la protección de sus derechos.

 

 

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Congreso del Estado

Congreso busca garantizar responsabilidad alimentaria del padre biológico

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Propone eliminar cualquier ambigüedad para garantizar el cumplimiento de esta obligación en beneficio de las niñas y los niños y adolescentes

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y garantizar plenamente el interés superior de la infancia, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado.

La propuesta plantea establecer de manera explícita que el padre biológico mantiene la obligación de proporcionar alimentos, incluso en los casos donde un menor haya sido reconocido legalmente por un tercero.

La legisladora señaló que, el derecho a recibir alimentos constituye un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual está estrechamente vinculado con el principio del interés superior de la niñez, reconocido también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños.

Explicó que, si bien el Código Familiar del Estado establece la obligación de proporcionar alimentos derivada de la relación de filiación

, en la práctica judicial se han presentado casos en los que el padre biológico intenta evadir esta responsabilidad bajo el argumento de que el menor ha sido reconocido por otra persona, como la pareja de la madre.

Ante esta situación, la diputada Hernández Ramírez consideró la importancia de realizar ajustes legales que eliminen cualquier ambigüedad y garanticen el cumplimiento de esta obligación en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Además la iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 145 así como crear el artículo 145 Bis y adicionar un tercer párrafo al artículo 164 Bis del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí.

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Congreso del Estado

Congreso propone garantizar reparación a víctimas indirectas de femenicidio

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La propuesta busca que las sentencias no solo castiguen al responsable, sino que también aseguren la reparación integral del daño, especialmente en favor de las hijas e hijos de las víctimas

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de las víctimas indirectas de feminicidio, la diputada Dulcelina Sánchez De Lira presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en concordancia con la Ley General de Víctimas y el Protocolo Spotlight.

La legisladora señaló que, la propuesta busca que las sentencias no solo castiguen al responsable, sino que también aseguren la reparación integral del daño, especialmente en favor de las hijas e hijos de las víctimas, mediante el acceso a educación, salud y sustento.

Además señaló que la iniciativa contempla reformas y adiciones a los artículos 135, 135 Bis y 135 Ter del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en los que se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de precisar que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada de oficio, bajo el protocolo especializado en feminicidio.

Asimismo, se detallan las circunstancias que configuran razones de género, entre ellas la existencia de relaciones de parentesco, afecto, laborales, docentes o de confianza entre la víctima y el agresor

, así como la presencia de violencia sexual, lesiones degradantes, mutilaciones, uso de sustancias corrosivas o actos que generen sufrimiento.

La legisladora Dulcelina Sánchez, indicó que esta propuesta además busca incorporar el concepto de feminicidio en grado de tentativa, cuando se realicen actos encaminados a privar de la vida a una mujer por razones de género, sin que el delito se consuma por causas ajenas a la voluntad del agresor.

En lo referente al artículo 135 Ter, se establece que en toda sentencia condenatoria por feminicidio, el juzgador deberá garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo el pago de indemnización y gastos funerarios, acceso gratuito y permanente a servicios de salud mental y atención médica especializada, así como mecanismos que aseguren el sustento alimenticio y educativo de las hijas e hijos menores de edad o con discapacidad.

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