Congreso del Estado
Diputado morenista propone ampliar el reciclaje en condominios
El legislador José Antonio Lorca Valle presentó una iniciativa en el Congreso de SLP para promover el reciclaje y reducir conflictos por el manejo de basura.
Por: Redacción.
El diputado José Antonio Lorca Valle, miembro de la fracción morenista en la legislatura local presentó una iniciativa que busca una adición a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de San Luis Potosí.
El legislador Lorca señaló que, como en cualquier espacio habitacional, en los condominios, la generación de basura se puede convertir en un problema que origine diversos conflictos, sobre todo en momentos como los actuales, cuando está aumentando la densidad poblacional en esos espacios, debido al incremento del costo del suelo habitacional. Los ayuntamientos, solamente pueden realizar la recolección de basura, en los condominios de interés social y mediante convenio.
Varios habitantes de estos espacios han manifestado una problemática, en la que, sin consenso, se implementan programas de reciclaje, con consiguientes multas aplicables en diversos supuestos. Y en muchos casos, se ha reportado que se obtienen beneficios económicos a partir de los desechos separados y reciclados, y que no se integra dentro de las cuentas colectivas obligatorias; por tanto, no hay certeza sobre esos recursos, que podrían utilizarse en favor del colectivo condominal, sobre todo para remediar el deterioro en sus áreas comunes, ya que hay problemas constantes para recaudar fondos para este fin
Con la finalidad de reducir la conflictividad, y crear una disposición general que pueda ser desarrollada con mayor amplitud y detalle en los reglamentos internos de los condominios, aseguró el diputado, “propongo regular la implementación de programas de reciclaje, para que sean parte de la cultura condominal, en la Ley”.
Primeramente, que estos programas se implementen mediante acuerdo alcanzado por la asamblea general de condiminios, que es el órgano supremo del condominio y que se obtengan recursos económicos, éstos deberán integrarse al fondo de administración y mantenimiento; y por lo tanto, en observación a la ley, deberán de aplicarse a las áreas y elementos de propiedad común, en beneficio de todos los condóminos.
Por último, el diputado morenista señaló que se propone que tales programas no puedan originar el cobro de multas a los condóminos, por lo que su carácter sería voluntario; esta disposición obedece a uno de los objetivos ulteriores de la Ley, el de evitar y reducir la conflictividad entre los habitantes de los condominios, apegándose a los principios de cultura condominal y reducción de conflictos.
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García Castillo informó que el proceso electoral local arrancará en noviembre de 2026, una vez aprobada la reforma a la legislación electoral
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la legislación electoral que fija el inicio del proceso local 2026-2027 para el mes de noviembre, informó el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Las reformas a la Ley Electoral ya quedaron aprobadas y quedaron establecidas las reglas del juego para el 2027“, afirmó García Castillo. Señaló que cualquier ciudadano que desee registrarse como candidato podrá hacerlo, “siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley.”
El diputado indicó que la reforma otorga certeza tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales sobre los tiempos de organización del proceso.
La definición del calendario electoral coincide con los tiempos que algunos partidos ya manejan internamente. El PRI informó esta semana que definirá sus candidatos hasta noviembre, mismo mes en que arranca formalmente el proceso.
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Congreso del Estado
Congreso activa comisión especial para periodistas, pero admite vacíos en su arranque
La comisión presentó un plan de trabajo con foros y propuestas legislativas, aunque sus propias integrantes reconocieron no tener diagnóstico de violencia ni haber escuchado antes las demandas laborales del gremio
Por: Redacción
La LXIV Legislatura instaló la Comisión Especial de Atención a Periodistas con un plan de trabajo que prevé espacios de capacitación, foros de análisis y propuestas legislativas para fortalecer la protección al gremio periodístico.
La comisión quedó presidida por la diputada María Dolores Robles Chairez, con Sara Rocha Medina como secretaria y Marco Antonio Gama Basarte como vocal. Robles Chairez señaló que el objetivo es “generar espacios de diálogo entre el Congreso del Estado, el gremio periodístico, las instituciones públicas, la academia, los organismos especiales y la sociedad civil”. El plan contempla además reuniones de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, al ser cuestionada tras la sesión, Rocha Medina reconoció que la comisión arranca con vacíos importantes: no cuentan con un diagnóstico sobre la situación de violencia contra periodistas en el estado, y fue la primera vez que escuchó la demanda del gremio sobre derechos laborales. “Es la primera vez que lo escucho. Pero sin ningún problema, si presentan alguna iniciativa, le damos el trámite necesario”, afirmó.
La diputada precisó además que la comisión es de carácter temporal y no ha contemplado convertirse en permanente. “No se ha pensado nada, es la primera instalación”, indicó. En la sesión estuvieron presentes Verónica Onofre Serment, coordinadora de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras, y Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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