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Dinero del Hospital Central pudo acabar en la campaña de El Bronco: periodista
Tras la publicación de un reportaje que evidenció la compra de 120 mdp en medicamentos a proveedores fantasma por parte del nosocomio, analistas piden a la ASE investigar a la secretaria de Salud, Mónica Rangel
Por: Ana G Silva
Luego de que el pasado lunes el portal de noticia Astrolabio publicó un reportaje en el que expuso un presunto pago de 120 millones de pesos a empresas fantasmas relacionadas con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por parte del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para la compra de medicamentos contra el cáncer, el autor de dicho reportaje, Carlos Rubio, y el analista y político Oswaldo Ríos conversaron con La Orquesta.mx y nos contaron cuáles son las implicaciones de esta situación en la que están involucrados el director del nosocomio, Francisco Alcocer Gouyonnet, y la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Carlos Rubio, periodista que realizó la investigación, dijo que las empresas han encontrado una puerta al erario público del San Luis Potosí:
“Estas empresas fantasma ven a los servicios de salud de San Luis Potosí como una fuente de ingresos, porque recordemos que no es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de Salud”.
El periodista apuntó que el presupuesto de salud es muy atractivo para que estas empresas busquen quedarse con el recurso de los potosinos:
“Lamentablemente son muchas las dependencias estatales y municipales que brindan la oportunidad para que entren estas empresas a robar. Aunque al inicio del sexenio federal se hablaba de un combate a la corrupción, esta batalla luce complicada, porque es exagerada la cantidad de manos por las que pasan los recursos, se tendría que vigilar los movimientos de estas personas, es casi imposible decir que estas prácticas terminen”.
Rubio señaló que, aunque las empresas no se conectan con las del empresario Gabriel Salazar (acusado de defraudar a decenas de potosinos), se vuelve a reiterar la forma de operar de estos lugares con servicios de salud: “La línea es continua, ahora con la pandemia ha sido exhibida la Secretaría de Salud respecto a insumos, material médico, y todo lo que dicen haber comprado, pero hemos visto que se factura todo pero en realidad nunca hay nada en manos de los servicios de salud”.
El periodista dijo que espera que se tomen medidas por parte de las autoridades en contra los responsables: “porque ya han sido bastantes las situaciones en las que han sido exhibidos, y hemos visto que no pasan de los dichos sin llegar a las acciones”.
Agregó que si las autoridades no toman acciones al respecto, sería un reflejo más de lo que es la administración, donde todos los casos registrados siguen impunes y agregó que es muy probable que estos 120 millones hayan terminado en alguna campaña política:
“Ahí tenemos un ejemplo de lo que hizo El Bronco: dos de las empresas de las que facturaron al Hospital Central son las que le aportaron dinero a su campaña del 2018, estas han sido utilizadas para el sector político, entonces ahí está la conexión”.
Por su parte, el analista Oswaldo Ríos sentenció:
“Hay que recordar que es un tema de jerarquías administrativas, la secretaria de Salud, Mónica Rangel es la responsable política y jurídica del manejo de la dependencia, más allá de qué área contrata ciertos servicios, por acción u omisión ella tiene que dar la cara”.
El analista político indicó que tanto la secretaria de Salud, como el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet , deberían pedir licencia a sus cargos para enfrentar este proceso de investigación en plena igualdad jurídica. También mencionó que estos señalamientos evidencian que hay que investigar el mecanismo de contratación, adquisiciones y proveeduría que tiene la Secretaría de Salud y todos los hospitales.
Ríos señaló que el hecho que ni la secretaria de Salud ni el director del Hospital Central ni los diputados integrantes de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado quieran rendir declaraciones tiene que ver con que:
“No les cuesta nada ser negligentes frente a las acusaciones públicas. Si la Auditoría Superior del Estado (ASE) hiciera su trabajo e iniciara procedimientos formales de ese tipo de señalamientos, las autoridades obligatoriamente tendrían que comparecer y rendir un informes jurídicos públicos de lo que hicieron, insisto que es muy importante pasar de lo mediático a lo legal porque en ese momento no es que quieran o no quieran rendir postura, están obligados a hacerlo ante la autoridad cuando se le requiera, y si no lo hacen le permitirán a la Secretaría de Salud eludir su responsabilidad”.
Oswaldo Ríos opinó que:
“Hoy en día la ASE está emplazada a dar un informe muy puntual si en estas contrataciones se actuó con apego a la legalidad y si existió pluralidad en la decisión de darle al contratista esta asignación de recursos públicos, que no son montos menores, y en el contexto de una pandemia que le exige al estado potosino canalizar muchos recursos a la atención de la salud a las personas contagiadas y que deberían estarse utilizando de la manera más eficiente posible para esta gente”.
Detalló que solo la ASE puede definir si se tratan de señalamientos fundados o bien si no hay elementos para presumir una conducta ilegal, “mientras no tengamos una valoración de la autoridad competente no sabremos, lo que es un hecho es que han sido reiteradas, sistemáticas y permanentes las maneras en que la Secretaría de Salud contrata”.
El analista comentó: “Ellos dicen que tiene que ser así porque la pandemia les obliga a actuar de manera muy rápida y por eso no pueden abrir a la licitación pública a la contratación de proveedores y contratos, pero el que sean adjudicaciones directas no significa que no se respete la legalidad existente; se tiene que acreditar a cabalidad los lineamientos que te dicta la ley de adquisiciones y obra pública del estado”.
Ríos Medrano añadió que la ASE tiene que definir si existió los bienes y servicios que se contrataron y si se entregó: “para una vez definido eso, poder deducir qué vínculos políticos podrían tener quienes han sido beneficiarios de una eventual contratación ilegal o indebida. Todo lo demás son hipótesis, lo importante es que si no se actuó apegado a derecho y la ASE lo define, lo que sigue es iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios públicos que hayan realizado contrataciones ilegales y, en un segundo momento, si se comprueba que se actuó de manera ilegal, definir quiénes son los actores políticos interesados en obtener un lucro indebido de recursos que son de los potosinos”.
Mencionó que este hecho es un golpe letal para Rangel Martínez a sus aspiraciones políticas, que con este tipo de denuncias queda descalificada políticamente como la representante o abanderada del PRI en las próximas elecciones del 2021.
También lee: Hospital Central pagó 120 mdp a empresas fantasmas vinculadas con “El Bronco”
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PAN rumbo a la alcaldía: los cuatro perfiles en disputa
El proceso interno reúne a una senadora que también dirige el partido, un legislador con cuatro periodos y una derrota previa por este mismo cargo, un diputado federal respaldado por una familia de larga presencia panista, y un empresario que lleva el apellido del único gobernador que el PAN dio a San Luis Potosí
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional abrió formalmente la disputa por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí en 2027. Cuatro perfiles se registraron para la contienda interna: la senadora Verónica Rodríguez Hernández, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, el diputado federal David Azuara Zúñiga y el empresario Marcelo de los Santos Anaya. El registro cerró esta semana. La definición del candidato o candidata se espera después del 31 de agosto, mediante un proceso que incluye foros y una encuesta cuyos detalles deberán acordarse con un delegado del Comité Ejecutivo Nacional que llegará la próxima semana.
La selección que haga el PAN no produce todavía una candidatura formal para la elección de 2027: lo que está en juego es la coordinación municipal del partido en la capital, la posición que servirá de plataforma para quien resulte elegido. Las reglas del proceso deberán garantizar condiciones iguales para los cuatro — aunque al menos uno ya lo pidió antes de que comenzara. El diputado Guajardo advirtió el martes que la llegada del delegado del CEN es necesaria para que haya “cancha pareja“. La razón es evidente: uno de sus rivales es la dirigente estatal del propio partido.
El blanquiazul no planea ir en coalición. “Para 2027 el PAN va solo”, afirmó Guajardo.
Verónica Rodríguez: la senadora que también dirige el partido
Verónica Rodríguez Hernández llega a la contienda desde la posición más poderosa dentro del PAN potosino. Es senadora de la República desde 2024 — llegó al cargo por el principio de primera minoría como candidata de la coalición PAN, PRI y PRD — y preside el Comité Directivo Estatal del PAN desde 2021.
En el Senado encabeza la Comisión de Participación Ciudadana e integra las de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Educación y Jurisdiccional. Antes de llegar al Senado fue regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo 2018-2021 — la única de los cuatro aspirantes con experiencia directa en el cabildo capitalino. Es licenciada en Derecho y cuenta con dos maestrías: una en Administración con énfasis en Gestión Pública y otra en Gobierno y Políticas Públicas.
Su trabajo legislativo en el Senado apunta hacia lo que podría ser su agenda municipal. La Comisión de Participación Ciudadana que preside se ocupa de mecanismos de consulta, gobierno abierto y transparencia — temas que en el nivel municipal se traducen en rendición de cuentas del Ayuntamiento, acceso a la información y canales formales de participación vecinal. Combinada con su paso previo por el cabildo y su formación especializada en políticas públicas, el perfil que proyecta es el de una gestora institucional enfocada en el diseño de gobernanza local.
Su reelección como dirigente estatal en 2025 no fue sin tropiezos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir parte del procedimiento por irregularidades en la aprobación del método de selección. El Consejo Estatal la ratificó en junio de 2025 para el periodo 2025-2027, tras reponer el proceso.
Para participar en la contienda interna pedirá licencia a la presidencia del Comité Directivo Estatal — pero no a su curul en el Senado. El secretario general, Enrique Dahud Uresti, asumirá la dirigencia estatal de forma interina.
David Azuara: el más votado en 2024 y el apellido familiar como segundo activo
David Azuara Zúñiga es diputado federal por el Distrito 5 de San Luis Potosí — el que comprende la capital. Ganó la elección de 2024 como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD con 101 mil 795 votos, el resultado electoral más amplio de los cuatro aspirantes.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de llegar a la Cámara de Diputados trabajó como coordinador administrativo de la oficina de regidores del Ayuntamiento capitalino durante el periodo 2018-2021 — lo que lo ubica, como a Rodríguez, con conocimiento directo de la operación municipal, aunque desde la estructura administrativa y no desde el cabildo.
Se desempeña también como vocero de la Fundación Somos Potosí, que distribuye productos básicos para el hogar, útiles escolares y servicios a precios reducidos. El trabajo de la fundación apunta hacia una agenda de servicios sociales de base — acceso a bienes esenciales, economía doméstica — que podría trasladarse a una plataforma municipal orientada a programas de apoyo directo.
La huella legislativa de Azuara en la Cámara es aún corta: lleva menos de dos años en funciones. Lo que tiene, en cambio, es capital político familiar. Su hermano Xavier Azuara Zúñiga fue presidente estatal del PAN, diputado local y diputado federal — y representó el mismo Distrito 5 federal entre 2012 y 2015. David ganó ese mismo distrito en 2024 con la votación más alta de los cuatro. Ese es su argumento central: sabe ganar donde más importa ganar.
Rubén Guajardo: cuatro legislaturas, una derrota previa y una agenda municipal clara
Rubén Guajardo Barrera es el participante con el mayor número de periodos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ha sido diputado local en cuatro legislaturas: 2012-2015, 2018-2021, 2021-2024 y la actual, que concluye en 2027. Representa el Distrito 5 local, coordina el grupo parlamentario del PAN y presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso en el último año de la legislatura anterior. En 2024 ganó su cuarto periodo con 45 mil 500 votos.
Lo que más diferencia a Guajardo de los otros tres no es solo la acumulación de años: es que la alcaldía capitalina ya estuvo en su radar. En el proceso electoral de 2024, buscó encabezar la candidatura de la coalición opositora al Ayuntamiento. Como dentro del acuerdo de coalición la postulación correspondía al PRI, participó en el proceso de ese partido junto con Enrique Galindo Ceballos. Galindo obtuvo la candidatura y fue reelegido alcalde. Guajardo regresó al Congreso.
Su huella legislativa da las pistas más claras sobre lo que propondría al frente del Ayuntamiento. En la actual legislatura promovió la derogación de la “Ley Serrano” — el paquete de delitos ligados al uso de inteligencia artificial que generó críticas por su alcance sobre la libertad de expresión — y presentó esta semana un exhorto para que los 56 municipios de SLP que aún no operan el sistema de justicia cívica lo incorporen a sus presupuestos de 2027 antes de que cierren el ciclo legislativo de egresos.
La justicia cívica es un modelo de gestión municipal: resolver conflictos menores — ruido, acumulación de basura, maltrato animal, choques leves — sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía con este tipo de problemas”, dijo Guajardo al presentar el exhorto. Es también integrante de la Primera Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso estatal. El perfil que proyecta hacia la alcaldía: ejecutor de gobierno, con énfasis en estructura normativa, finanzas locales y seguridad preventiva.
El dato político que complica su panorama lo dijo él mismo: compite contra quien preside el partido que definirá las reglas. Por eso pidió árbitro externo.
Marcelo de los Santos: el empresario con el apellido que el PAN no olvida
Marcelo de los Santos Anaya es el único de los cuatro sin antecedentes en un cargo de elección popular. Se registró en el proceso como aspirante ciudadano — la figura que el PAN admite en su proceso interno — y viene de la iniciativa privada: es contador público certificado y socio director del despacho Marcelo de los Santos y Compañía, firma fundada por su padre.
Ha sido el más explícito en su agenda para la capital: seguridad, movilidad y abastecimiento de agua como ejes de gobierno. Ha propuesto también construir una alianza opositora amplia y utilizar encuestas para definir candidaturas — posición que contrasta con la de Guajardo, quien fue tajante: el PAN irá solo en 2027.
El antecedente que más pesa en su perfil no es propio sino heredado. Es hijo de Marcelo de los Santos Fraga, presidente municipal de San Luis Potosí entre 2000 y 2003 y gobernador del estado de 2003 a 2009 — el primero y hasta ahora único gobernador que el PAN ha dado a San Luis Potosí.
Guajardo lo señaló sin nombrarlo el martes: “Ayer se presentó un candidato que no está afiliado al PAN. Las puertas están abiertas.” Sin estructura legislativa propia ni militancia formal, De los Santos Anaya llega al proceso con un apellido que el PAN potosino reconoce como fundacional y con una agenda concreta, pero sin la base territorial ni los votos propios que acreditan sus tres rivales. Si gana, llega al Ayuntamiento sin deuda con el aparato. Si pierde, el aparato no le debe nada a él.
El proceso que viene
La definición no ocurrirá antes del 31 de agosto. El delegado del CEN llegará la próxima semana para acordar el formato de los foros y los detalles de la encuesta que servirá de base para la selección.
Lo que el proceso medirá: cuatro perfiles con activos que no se superponen. Rodríguez es la única con experiencia directa en el cabildo capitalino y encabeza el partido estatal. Guajardo tiene cuatro periodos legislativos, una derrota que conoce el terreno y la agenda municipal más articulada. Azuara tiene la votación más reciente donde más importa y un apellido familiar de peso propio. De los Santos tiene el apellido más conocido en la historia del PAN potosino y la agenda más concreta en temas de ciudad.
Su trabajo será convencer a los cuatro de que las reglas son parejas.
También lee: Guajardo defiende unidad panista, pero marca distancia con invitados
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Páginas que exhiben el alcoholímetro ponen vidas en riesgo: Villa
El secretario Villa acusó que hay páginas que difunden las ubicaciones para que los conductores las evadan
Por: Redacción
Las páginas de redes sociales que difunden las ubicaciones de los puntos de conducción segura buscan que los conductores los evadan y atentan contra el objetivo del operativo: evitar pérdidas de vidas, acusó Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.
“No es un tema recaudatorio (…) es un tema netamente preventivo”, afirmó el funcionario, quien ofreció como prueba el protocolo de la corporación: a los conductores detectados en estado de ebriedad no se les sanciona en el punto, sino que se llama a sus familiares para que acudan por ellos.
Villa insistió en que el propósito del operativo es evitar muertes, daños materiales y riesgos para terceros, por lo que reprochó a quienes anuncian en redes los puntos de revisión con la finalidad de que los automovilistas los esquiven.
En el corte más reciente —de jueves a domingo—, alrededor de 11 personas en estado de ebriedad fueron entregadas a sus familiares, quienes acudieron tras la llamada de la corporación. Los puntos de conducción segura operan cada semana desde el jueves.
El operativo cerró un fin de semana marcado por la final del Mundial en la Plaza del Carmen —con saldo blanco y más de 250 mil asistentes acumulados en la actividad mundialista— y por el accidente mortal de un joven en moto eléctrica en el distribuidor Juárez, que derivará en el veto a esos vehículos en el nuevo reglamento de tránsito.
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SLP creció en exportaciones, pero avanzó por debajo del promedio nacional
Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones del estado aumentaron 3.8%, mientras que a nivel nacional el crecimiento fue de 17.9%
Por: Redacción
Las exportaciones de San Luis Potosí registraron un crecimiento anual de 3.8% durante el primer trimestre de 2026; sin embargo, el desempeño de la entidad quedó por debajo del promedio nacional, que alcanzó un incremento de 17.9%, de acuerdo con las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre enero y marzo de este año, las empresas establecidas en el estado exportaron mercancías por un valor de 6 mil 268.4 millones de dólares, lo que permitió a San Luis Potosí conservar el noveno lugar nacional entre las entidades con mayor volumen de exportaciones. Además, el estado aportó 4% del valor total de las ventas al exterior realizadas por el país durante el periodo.
Aunque la entidad permaneció dentro del grupo de las diez economías exportadoras más importantes de México, su ritmo de crecimiento fue considerablemente menor al observado en otras entidades. Mientras San Luis Potosí avanzó 3.8%, estados como Chihuahua registraron un crecimiento de 69%, Jalisco de 106.6% y Zacatecas de 56.4%, impulsando el promedio nacional.
Uno de los indicadores más relevantes para la e conomía potosina fue el desempeño de la industria del transporte. El informe del INEGI ubica a San Luis Potosí como el cuarto mayor exportador nacional de equipo de transporte , con ventas por 4 mil 505.1 millones de dólares , equivalentes al 9.3% de todas las exportaciones mexicanas de este subsector. Únicamente Coahuila, Guanajuato y Nuevo León registraron un mayor valor de exportaciones en esta industria.
Este resultado refleja el peso que mantiene la industria automotriz instalada en la entidad, donde operan armadoras y empresas proveedoras de autopartes que abastecen principalmente al mercado internacional y continúan siendo uno de los principales motores de la actividad económica estatal.
El reporte también confirma que la economía exportadora de San Luis Potosí depende casi por completo del sector industrial. Durante el primer trimestre, 99.9% del valor de las exportaciones correspondió a productos manufacturados, mientras que las exportaciones agropecuarias sumaron apenas 2.2 millones de dólares. En el periodo analizado, el INEGI no reportó exportaciones del sector minero para la entidad. Asimismo, las exportaciones manufactureras registraron un crecimiento anual de 4%, consolidándose como el principal soporte del comercio exterior potosino.
A nivel nacional, el valor de las exportaciones de las entidades federativas ascendió a 158 mil 117.5 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026. El sector manufacturero concentró 92.3% del total exportado, seguido por la minería, con 4.8%, y las actividades agropecuarias, con 2.9%, lo que confirma que la industria manufacturera continúa siendo el principal motor del comercio exterior mexicano.
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