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Diferencias en la comunidad LGBTTTIQAP+ por iniciativa de asignación de presupuesto en SLP
Los activistas Andrés Costilla y Paul Ibarra coincidieron que es necesario que se hagan políticas públicas en materia de educación y salud para beneficiar a la comunidad
Por: Daniel Rocha
Hace unos días, La Orquesta publicó una entrevista con Andrés Costilla Castro, presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida, en el que confirmó que la marcha LGBTTTIQAP+ de este año en San Luis Potosí será con el objetivo que las autoridades asignen presupuesto para dicha comunidad.
El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos informó que demandaron al Congreso y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de un litigio estratégico, con el objetivo de que se contemple a la comunidad LGBTTTIQAP+ en la Ley de Ingresos y Egresos 2024 y que de esta manera se generen políticas públicas para combatir las problemáticas y necesidades de la comunidad.
Por contraparte, Paul Ibarra Collazo, presidente de la Red de Diversificadores Sociales, declaró que no está de acuerdo con que la comunidad pida recursos, aunque está de acuerdo que se creen políticas públicas: “Es necesario que exista una asignación de recursos para muchas comunidades, no solo de la LGBTTTIQAP+. No puedo llegar como civil o como ciudadano al Congreso y a decir que necesito dinero. Hay que tener una justificación y una política pública que respalde”.
Ambos activistas mencionaron que las políticas públicas para beneficiar a la comunidad tendrían que ser en materias de educación y de salud.
Ibarra Collazo apuntó que una de las prioridades tendría que ser en materia educativa: “hay que prevenir y erradicar la discriminación en el tema de acoso escolar por homofobia, es necesario que se capacite al docente, para que tenga las herramientas para evitar este tipo de acoso. También se tiene que traducir en planes y programas que atiendan sobre la diversidad sexual que hoy en día no existe. Hay países como Estados Unidos, Canadá e incluso de Europa tienen contenidos de materias particulares que abordan el tema de la diversidad sexual y en San Luis Potosí y en México no hay”.
Con el tema de salud, el activista comentó que hay muchas carencias, un ejemplo de esto es con las personas trans, debido a que los tratamientos o los medicamentos suelen ser muy costosos , además de que sino son practicados de manera segura pueden tener afectaciones en ellos.
Con respecto al VIH, Paul Ibarra apuntó que si bien esta enfermedad es una pandemia que puede afectar a cualquier persona de cualquier tipo de orientación sexual, la población enferma está concentrada en hombres gays y no existe ninguna política pública que atiendan las necesidades de las personas con este padecimiento crónico degenerativo.
Por su parte, Costilla Castro mencionó que durante la pandemia aumentaron los casos de violencia en contra de niños y adolescentes LGBTTTIQAP+, especialmente en los hogares, por lo que detalló que es importante que haya recursos etiquetados para erradicar o prevenir la violencia en contra de la comunidad en los espacios educativos y que con esto se generen entornos favorables libres de estigma discriminación y violencia en las escuelas.
El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida dijo que en materia de salud, los miembros de la comunidad LGBTTTIQAP+ forman parte de las poblaciones vulnerables y aseguró que los servicios de salud tienen cero pesos etiquetados para atención a la población.
Finalmente, el activista informó que: “también hay temas de cultura, deporte, laborales, donde tendrían que haber programas y acciones que atiendan todas estas problemáticas en San Luis Potosí. En lo que va del año al menos cinco personas han sido vinculadas para recibir atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque fueron víctimas de discriminación, acoso o violencia en sus espacios de trabajo ya sea por su orientación sexual, su identidad de género o expresión de género o su condición de salud”.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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