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Diferencias en la comunidad LGBTTTIQAP+ por iniciativa de asignación de presupuesto en SLP
Los activistas Andrés Costilla y Paul Ibarra coincidieron que es necesario que se hagan políticas públicas en materia de educación y salud para beneficiar a la comunidad
Por: Daniel Rocha
Hace unos días, La Orquesta publicó una entrevista con Andrés Costilla Castro, presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida, en el que confirmó que la marcha LGBTTTIQAP+ de este año en San Luis Potosí será con el objetivo que las autoridades asignen presupuesto para dicha comunidad.
El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos informó que demandaron al Congreso y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de un litigio estratégico, con el objetivo de que se contemple a la comunidad LGBTTTIQAP+ en la Ley de Ingresos y Egresos 2024 y que de esta manera se generen políticas públicas para combatir las problemáticas y necesidades de la comunidad.
Por contraparte, Paul Ibarra Collazo, presidente de la Red de Diversificadores Sociales, declaró que no está de acuerdo con que la comunidad pida recursos, aunque está de acuerdo que se creen políticas públicas: “Es necesario que exista una asignación de recursos para muchas comunidades, no solo de la LGBTTTIQAP+. No puedo llegar como civil o como ciudadano al Congreso y a decir que necesito dinero. Hay que tener una justificación y una política pública que respalde”.
Ambos activistas mencionaron que las políticas públicas para beneficiar a la comunidad tendrían que ser en materias de educación y de salud.
Ibarra Collazo apuntó que una de las prioridades tendría que ser en materia educativa: “hay que prevenir y erradicar la discriminación en el tema de acoso escolar por homofobia, es necesario que se capacite al docente, para que tenga las herramientas para evitar este tipo de acoso. También se tiene que traducir en planes y programas que atiendan sobre la diversidad sexual que hoy en día no existe. Hay países como Estados Unidos, Canadá e incluso de Europa tienen contenidos de materias particulares que abordan el tema de la diversidad sexual y en San Luis Potosí y en México no hay”.
Con el tema de salud, el activista comentó que hay muchas carencias, un ejemplo de esto es con las personas trans, debido a que los tratamientos o los medicamentos suelen ser muy costosos 
Con respecto al VIH, Paul Ibarra apuntó que si bien esta enfermedad es una pandemia que puede afectar a cualquier persona de cualquier tipo de orientación sexual, la población enferma está concentrada en hombres gays y no existe ninguna política pública que atiendan las necesidades de las personas con este padecimiento crónico degenerativo.
Por su parte, Costilla Castro mencionó que durante la pandemia aumentaron los casos de violencia en contra de niños y adolescentes LGBTTTIQAP+, especialmente en los hogares, por lo que detalló que es importante que haya recursos etiquetados para erradicar o prevenir la violencia en contra de la comunidad en los espacios educativos y que con esto se generen entornos favorables libres de estigma discriminación y violencia en las escuelas.
El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida dijo que en materia de salud, los miembros de la comunidad LGBTTTIQAP+ forman parte de las poblaciones vulnerables y aseguró que los servicios de salud tienen cero pesos etiquetados para atención a la población.
Finalmente, el activista informó que: “también hay temas de cultura, deporte, laborales, donde tendrían que haber programas y acciones que atiendan todas estas problemáticas en San Luis Potosí. En lo que va del año al menos cinco personas han sido vinculadas para recibir atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque fueron víctimas de discriminación, acoso o violencia en sus espacios de trabajo ya sea por su orientación sexual, su identidad de género o expresión de género o su condición de salud”.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
El Ayuntamiento reconoce que no ha podido erradicar la práctica pese a años de mesas de diálogo
Por: Redacción
La extracción constante de agua por parte de los lavacoches que laboran en la Alameda Juan Sarabia continúa dañando la infraestructura hidráulica del parque, reconoció Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Azuara Azuara explicó que el problema va más allá del consumo del recurso hídrico: la extracción de grandes volúmenes de agua compromete el funcionamiento del sistema que abastece los estanques y acelera el desgaste de los equipos utilizados para el mantenimiento del espacio público.
El funcionario detalló que esta situación obliga a realizar con mayor frecuencia labores de limpieza en los cuerpos de agua y advirtió que la sobreexplotación del sistema puede provocar daños en las bombas que abastecen la Alameda.
Azuara Azuara informó que el Ayuntamiento mantiene mesas de diálogo con los lavacoches para buscar alternativas que reduzcan esta práctica, en las que también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Reconoció, sin embargo, que hasta el momento no ha sido posible erradicar por completo la extracción irregular de agua.
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La plataforma está en fase de pruebas con un grupo de taxistas antes de su lanzamiento al público
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí probará una nueva aplicación oficial para solicitar taxis que operará, en su primera etapa, únicamente con pagos en efectivo y conectará las unidades al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La app ya puede descargarse en tiendas digitales, pero todavía no permite solicitar viajes. Martínez Acosta explicó que el sistema se encuentra en pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar su funcionamiento antes de abrirlo al público general. En esta primera etapa solo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android.
La funcionaria precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas, como las que usan empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital
Martínez Acosta añadió que, en una etapa posterior, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencia electrónica.
La titular de la SCT sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la seguridad de los usuarios. Detalló que todas las unidades registradas en la plataforma acreditarán las revisiones vehiculares correspondientes.
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