Gobierno del Estado
Detienen a invasores de terrenos en la Huasteca
El dirigente del Movimiento Huasteco Democrático fue detenido junto a otros cabecillas por elementos de la Guardia Civil tras allanar unos ranchos en San Vicente de Tancuayalab
Por: Redacción
Esta mañana de jueves, la Guardia Civil del Estado (GCE) procedió esta madrugada al desalojo pacífico de 300 personas que están acusados de invadir tres predios en el municipio de San Vicente Tancuayalab y en donde se detuvo a Said N, dirigente de Movimiento Huasteco Democrático (MDH), a quien se le presume como el principal responsable del allanamiento de los tres ranchos.
Los propietarios de los terrenos invadidos presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, en donde se obtuvo el ordenamiento judicial para proceder al desalojo de los invasores y aprehender, a Said “N”.Carlos “N”, Fortunato “N”, Francisco “N”, Rafael “N”y Alfredo “N”. Hubo dos detenidos más que ya tenían órdenes de aprehensión en su contra, Julio Cesar “N”y Gildardo “N”.
Las organizaciones de ganaderos, cañeros y productores del campo de la Huasteca, expresaron su reconocimiento por la respuesta pronta y efectiva del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona al restaurar el orden con la implementación del operativo de la GCE y garantizar los derechos de los propietarios, por lo que se dijeron satisfechos de las acciones estatales para poner un alto a este tipo de ilícitos que causan daños a las actividades económicas que realizan.
Los afectados habían hecho patente su preocupación por el activismo de Said “N” con supuestas banderas agraristas que enarbola este dirigente del MHD, ya que desde hace años en la Huasteca potosina no se presentaban invasiones 
López de Olmos, en la década de los noventa, cobró notoriedad cuando encabezó una serie de invasiones de ranchos huastecos para exigir reparto de tierras a campesinos y luchar contra latifundistas, pero la legitimidad de sus demandas se vio muy cuestionada al descubrirse que era utilizado por el entonces gobernador priista Horacio Sánchez Unzueta para llamar la atención y ejercer presión al presidente Ernesto Zedillo para que le otorgara recursos extraordinarios para atender a municipios marginados.
El operativo se realizó con el apoyo de la Policía de Investigación y la asistencia de Jorge Vega Arroyo, sub Secretario de Gobierno, Margarita María Castillo González, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de José Cruz Morelos Torres de la Visitaduría adjunto, y Laura Azuara Larraga, Fiscal de la 7 Delegación.
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Torres Sánchez destacó que el informe dará cuenta de resultados en infraestructura, movilidad, programas sociales y desarrollo
Por: Redacción
El Gobierno del Estado concluyó la recepción de información de las distintas dependencias para integrar el Quinto Informe de Resultados del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que dará cuenta de las principales acciones, obras y programas realizados durante el quinto año de la administración en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la dependencia a su cargo y la Secretaría Técnica del Gabinete coordinaron los trabajos con las y los integrantes de la administración estatal para reunir los datos correspondientes. El documento se encuentra ahora en su etapa final de integración y revisión, previo a su presentación los días 21 y 23 de septiembre en la capital potosina y Rioverde, respectivamente.
Torres Sánchez destacó que el informe dará cuenta de resultados en infraestructura, movilidad, programas sociales y desarrollo, así como de las acciones que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas. “San Luis Potosí ha crecido sin límites, con mejor movilidad, más programas sociales y mayores oportunidades para todas y todos”, expresó.
Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí mantiene condiciones competitivas para recibir inversión nacional y extranjera
Por: Redacción
San Luis Potosí presentó 45 proyectos de inversión con una proyección superior a los 5 mil millones de dólares y la generación de más de 12 mil empleos directos, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien destacó que estas oportunidades confirman la confianza del sector productivo en el crecimiento económico del Estado.
Los proyectos fueron expuestos durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, mecanismo que reúne a autoridades federales, estatales y al sector privado para facilitar la llegada de nuevos capitales y concretar proyectos estratégicos.
Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí mantiene condiciones competitivas para recibir inversión nacional y extranjera, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura, conectividad, disponibilidad de talento y una política orientada a facilitar la instalación y expansión de empresas.
El Mandatario Estatal explicó que, mediante este Comité, se dará seguimiento a los proyectos para agilizar procesos y generar condiciones que permitan su materialización durante los próximos meses.
La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.
La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.
El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.
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