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Proponen incluir derecho a abortar y a ser adoptado a la Constitución en SLP
Un grupo de activistas, en conjunto con diputados de Morena, buscan que en San Luis Potosí se reconozca el derecho a abortar de las mujeres
Un grupo de ciudadanas, en conjunto con los diputados Pedro César Carrizales Becerra y Marité Hernández Correa, presentarán este jueves una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para agregar el derecho a la interrupción del embarazo, así como el derecho de los niños a ser adoptados.
En el documento, tanto las activistas como los legisladores especifican que la reforma “adiciona dos párrafos al artículo 12 y reforma el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con la finalidad de reconocer el Derecho a la Interrupción Libre e Informada del Embarazo; así como el Derecho de los Niños y Niñas a ser Adoptados bajo la procuración del Estado”.
Sobre el primer tópico, el grupo plantea que las mujeres puedan interrumpir el período de gestación hasta la semana doce y, además, que el personal encargado de practicarlo no podrá anteponer la objeción de conciencia en los casos en que se trate de una emergencia que ponga en riesgo la vida de la mujer.
Como fundamento legal, plantean que “la interrupción legal del embarazo puede definirse como la decisión libre, consiente e informada de una mujer para finalizar su embarazo antes de las 12 semanas posteriores a la concepción. Significa el derecho a decidir sobre su cuerpo con voluntad plena, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 4º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señ ala que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”
Debemos de tener claro, y asentar como base, que el derecho a interrumpir el embarazo es constitucionalmente válido, ya que si toda persona tiene el derecho a decidir sobre el número de sus hijos, a contrario sensu las mujeres estarían autorizadas por nuestra carta magna para decidir no tener ninguno, incluso a pesar de estar en situación de gravidez”.
Los promoventes de la iniciativa también aportan datos científicos e indican que “la ciencia en su área de la neurobiología, al estudiar el desarrollo anatómico y funcional del sistema nervioso, ha determinado que un embrión de 12 semanas no puede ser considerado un individuo biológico ni mucho menos una persona cuya existencia implica tener vida humana”.
Por ello, el proyecto de decreto propone que al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí se agregue lo siguiente:
“Esta Constitución reconoce a las mujeres el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo en un término máximo de doce semanas de gestación. El Estado garantizará el acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos”.
Además, se propone derogar el párrafo del artículo 16 en el que se establece la punibilidad para el aborto de acuerdo con diversas causales: “cuando sea consecuencia de
una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte”.
Acerca del derecho a la adopción, el documento señala que “existen más de 30 mil personas como ocupantes de casas hogar, orfanatorios y casas cuna” y que “derivado de ello, se puede concluir que no existen políticas públicas que fomenten la adopción y garanticen el derecho de los niños y niñas a tener una familia”.
Por lo anterior, proponen que al artículo 12 se adicione el siguiente párrafo:
“Los niños y las niñas tienen derecho a ser adoptados cuando carezcan de familia o de personas aptas para su crianza y cuidado, el Estado procurara que los niños y niñas en
situación de orfandad gocen de una familia mediante la figura de adopción, siempre conforme al principio del interés superior de la niñez”.
Van por despenalizar aborto y su práctica en todas las clínicas de SLP
La Fiscalía informó que tres de los presuntos responsables ya fueron detenidos y llamó a denunciar cualquier caso de violencia familiar
Por: Redacción
Cinco mujeres han sido asesinadas por razones de género en San Luis Potosí en lo que va de 2026, según el registro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Un juez de control ya calificó tres de esos casos como feminicidios; los otros dos siguen en investigación.
María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado de San Luis Potosí, explicó que el criterio para catalogar un homicidio como feminicidio depende de si hay una cuestión de género de por medio. “Cuestiones de género, si hay una cuestión de género es un feminicidio”, sostuvo.
Del total de casos, la Fiscalía cuenta con tres personas detenidas, todas parejas de las víctimas; las detenciones ocurrieron en los primeros meses de 2026. Los dos casos que aún no han sido catalogados como feminicidio u homicidio ocurrieron el mes pasado, indicó García Cázares. No se precisó si hay detenidos en estos dos casos.
En 2025, la Fiscalía registró un total de seis feminicidios. García Cázares afirmó que 2026 va “más o menos” al mismo ritmo y llamó a las víctimas de violencia familiar a denunciar, pues advirtió que ese tipo de violencia suele derivar en agresiones mayores.
No se precisó el estatus procesal de los dos casos pendientes de clasificación ni si las víctimas habían denunciado violencia previa.
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El alcalde citó como prueba la atención con recurso propio a colonias sin servicio de Interapas, en el marco del plan de desincorporación que anunció la semana pasada
Por: Redacción
Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó que el municipio ha demostrado que puede atender por su cuenta las fallas del servicio de agua en colonias donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) no responde, como argumento a favor del proceso de desincorporación que anunció la semana pasada.
El alcalde dijo que, ante colonias donde Interapas “nada más no responde”, el Ayuntamiento atiende el problema desde el inicio de su administración con pipas, desazolves y reparación de drenajes con recurso propio. Puso como ejemplo la colonia San Antonio, donde dijo que ya se sustituyen calles casi en su totalidad para reparar drenajes colapsados.
Navarro Muñiz explicó que, para el abasto de agua en colonias sin servicio, el municipio aprovecha que las escuelas están de vacaciones
“Lo hemos demostrado que sí podemos… y eso lo hacemos con recurso propio”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que, si el organismo de agua que planea crear Soledad llegara a generar ingresos propios por el cobro del servicio, el municipio podría atender aún más necesidades.
El alcalde también reportó buen funcionamiento del colector pluvial de la zona de Privadas tras las lluvias de la semana pasada, lo que dijo confirma que la infraestructura hidráulica construida por su administración “está jalando”. Navarro anunció el 3 de julio que Soledad tiene listo un plan para desincorporarse de Interapas, aunque no ha precisado una fecha para formalizar la salida.
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Los diputados reconocen la intención pero no pueden incluir montos que obliguen a los ayuntamientos a gastar recursos no presupuestados
Por: Redacción
La legislación para respaldar al H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y avanzar en su municipalización sigue pendiente en el Congreso del Estado, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.
El funcionario explicó que los diputados han manifestado la intención de legislar en favor del organismo, pero enfrentan un obstáculo: no pueden incluir montos específicos en el decreto porque eso implicaría obligar a los ayuntamientos a realizar un gasto que posiblemente no tengan contemplado en su presupuesto
“La intención está, pero al final no le pueden poner cantidad, no le pueden poner monto al decreto o a la ley
Mientras la Ley de Bomberos permanece sin avance concreto, el Cuerpo de Bomberos opera con déficit de personal y recursos, y no hay una fecha tentativa para que el tema sea retomado en el próximo periodo ordinario del Congreso.
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