México
¿Cuál es el futuro del PRD?
Este martes en el diario Excélsior, el columnista Adrián Rueda hizo un análisis sobre el futuro del PRD, sus alianzas y su esperanza en el gobernador de Jalisco, tomando en cuenta también a los legisladores sin partido.
A continuación, replicamos la colaboración de Adrián Rueda:
Hace unas cuantas semanas, en un restaurante que durante mucho tiempo fue el favorito de Carlos Ahumada cuando era muy cercano al PRD, se llevó a cabo una interesante comida que a muchos dio luz sobre el futuro del sol azteca.
En una mesa comían el líder panista Marko Cortés y el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; minutos después arribaron los invitados de alguno de estos dos personajes, aunque todos apuestan que fue del lado naranja.
Se integraron a la plática Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Luis Cházaro y Ángel Ávila: Los Chuchos en pleno. Desde ese entonces se desató una ola de especulaciones que detonó la salida de varios militantes e incluso de diputados en San Lázaro.
Quienes conocen de estos asuntos afirman que la desbandada de legisladores federales del PRD no fue sólo por congraciarse con Andrés Manuel López Obrador, sino en protesta por lo que hoy está claro: el acuerdo que Los Chuchos buscan con Enrique Alfaro.
Cuestión de ver que en la Cámara de Diputados el PRD le ha dado juego a tres diputadas identificadas con el exrector de la U de G, Raúl Padilla, a quien muchos ven cercano al gobernador Alfaro.
Ellas son Abril Alcalá Padilla —dicen que es pariente—, Mónica Almeida López y Verónica Juárez Piña, quien tomó la coordinación de la bancada luego de la renuncia de nueve de sus compañeros, que se declararon diputados sin partido.
Está claro que Movimiento Ciudadano quiere convertir a Alfaro en el gobernador contestatario a las políticas de López Obrador, y que desde ahora los naranjas quieren empezar a cocinar un acuerdo con el PRD, que podría extenderse al PAN, para 2024.
Por eso, en el sol azteca Los Chuchos han propiciado la purga de quienes les estorban en la futura alianza, dejando que se vayan los inconformes, a quienes acusan de traidores.
Cierto que Alfaro es muy conocido en el occidente del país, pero no en el territorio nacional, por lo que está buscando alianzas para extender las redes del llamado Grupo Jalisco, y en eso le está ayudando el exrector Padilla.
Este último no es ningún novato, pues, además de la rectoría, ha sido diputado por el PRD; es el creador de la FIL de Guadalajara y fungió como enlace de Ricardo Anaya con la comunidad cultural en las pasadas elecciones.
A estas alturas, todo el mundo tiene clara —bueno, a lo mejor su aliado Héctor Bautista aún no— la jugada de Los Chuchos con el MC para impulsar a Alfaro en el 24.
CENTAVITOS
Incluso, la propia Alejandra Barrales —amiga del gobernador jalisciense— teje desde hace rato con los naranjas, pues sabe que sólo en esa alianza tendría futuro político.
Con información de: Excélsior
Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril. 
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral
Por: Roberto Mendoza
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.
La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.
También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión
El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.
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