Las corporaciones estatales y municipales… ¿pueden resguardar la seguridad en vías federales sin violar atribuciones?

Por: Bernardo Vera

Durante los últimos días hemos seguido la observación sobre la administración de la seguridad en la carretera 57 y la zona metropolitana por donde circula esta vía de carácter federal.

Tanto las autoridades del municipio capital como del estado, han manifestado su aprobación de colaborar de forma interinstitucional para vigilar esta zona. Sin embargo, ¿esto es legal?

De acuerdo al apartado X del artículo 4 en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, se habla de que la Secretaría de Seguridad Federal tiene la facultad de celebrar convenios de coordinación con autoridades Federales, de las Entidades Federativas y de los Municipios, que tengan por objeto prever los mecanismos que permitan la aplicación y cumplimiento de preservar la vida y la integridad física de los usuarios de las vías federales.

Nohemí Proal Huerta, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) de San Luis Potosí, amplió esta información al caso de esta vía referida, y recordó que las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad permiten los acuerdos entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Por ello, no se vulnera el marco legal sobre la responsabilidad de una u otra autoridad.

“El gobernador siempre ha involucrado tanto a los a las autoridades municipales como las federales en materia de seguridad, porque esto no es trabajo de una sola institución. La seguridad pública demanda que estén en coordinación, tanto la autoridades federales como las municipales; es la única manera de poder realmente garantizar resultados”, destacó.

La titular del SECESP manifestó que desde el Estado, el objetivo compartido de inhibir la incidencia delictiva se lleva de la mano con las corporaciones, como la División Caminos de la Guardia Civil Estatal y las corporaciones de los municipios de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y la conformación del nuevo municipio de Villa de Pozos.

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El secretario General de Gobierno estatal destacó la seguridad y modernización en la nueva infraestructura vial de San Luis Potosí

Por: Daniel Rocha

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, (SGG), anunció que la carretera Cerritos-Tula tendrá una extensión que la conectará con la carretera Matehuala, un nuevo tramo de casi 120 kilómetros que está en proceso de licitación pública nacional, con el objetivo de proporcionar más opciones seguras y modernas para los viajeros.

Torres Sánchez destacó que esta carretera es fundamental para conectar San Luis Potosí con otras ciudades, como Tamaulipas. La rehabilitación de la infraestructura vial mejora la seguridad y moderniza las opciones de movilidad para quienes transitan por el estado.

El titular de la SGG informó sobre la rehabilitación de la carretera que conecta Cerritos con Tula, un tramo de más de 50 kilómetros, en donde dos puentes importantes han sido rehabilitados, incluyendo uno que cruza las vías del tren.

Torres Sánchez explicó que el responsable de la obra cuenta con socios potosinos y de Zacatecas, tras un tiempo significativo, se lograron concientizar y ejecutar las cláusulas contractuales frente a irregularidades, incluyendo la rehabilitación de los puentes, los cuales sufrieron un derrumbe hace varios años.

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El alcalde capitalino indicó que los padres de las víctimas no están satisfechos con inhabilitaciones; pero se comprometió a que no volverán al Ayuntamiento.

Por: Daniel Rocha 

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, se mostró conforme con las sanciones impuestas por la Contraloría Municipal a cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio, derivadas de sus omisiones en la tragedia del antro “Rich” en junio.

“Yo estoy tranquilo de que sancioné, de que la Contraloría sí tuvo el valor de sancionar y yo de hacer las separaciones del cargo. El municipio cumplió”.

El alcalde capitalino afirmó que la Contraloría Municipal actuó conforme a la ley y aunque algunos consideren insuficientes las sanciones, él respalda el trabajo realizado.

El alcalde reconoció que los padres de los dos jóvenes fallecidos no están conformes con las inhabilitaciones de seis a doce meses, sin embargo aseguró que no hay sanción que pueda satisfacer completamente a los familiares.

“Yo platiqué con ellos y no hay sanción que satisfaga, no hay manera, yo les hice ver mi compromiso de sanción

El alcalde se comprometió públicamente a que los cuatro exfuncionarios inhabilitados no regresarán a su administración, aunque cumplan con las sanciones.
Finalmente, Galindo Ceballos enfatizó que esta decisión no es solo jurídica, sino también ética, y reafirmó su compromiso público de mantenerlos fuera del gobierno municipal durante los próximos tres años.

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