noviembre 8, 2026

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Congreso del Estado

Congreso del Estado aprueba el Paquete Económico 2025

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Habrá mayor inversión pública, ya que se refleja un incremento de mil mdp al pasar de 11 mil mdp en 2024 a 12 mil millones en 2025

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó el Paquete Económico 2025, diseñado para fortalecer áreas clave como la educación, desarrollo social, desarrollo económico, salud, seguridad pública, campo e infraestructura, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y garantizando finanzas públicas sanas y estables.

Así lo afirmó la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, quien resaltó que el Paquete Económico 2025 responde a las demandas de los potosinos, con recursos suficientes para continuar con la construcción del nuevo San Luis Potosí, priorizando sectores estratégicos y atendiendo las necesidades más apremiantes. Este presupuesto incluye propuestas de los diputados, quienes detectaron áreas de oportunidad para optimizar los recursos de manera justa con beneficio directo a la sociedad.

Dijo que habrá mayor inversión pública, ya que se refleja un incremento de mil millones de pesos al pasar de 11 mil millones de pesos en 2024 a 12 mil millones de pesos en 2025, que serán destinados para obras prioritarias para el Estado, asegurando un impacto positivo en infraestructura y servicios.

Habrá incrementos en áreas prioritarias como educación con un 9.9 por ciento que representan mil 583 millones de pesos adicionales. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP tendrá un incremento del 3.8 por ciento, con 102 millones de pesos adicionales para fortalecer la educación superior. El presupuesto para los municipios incrementará mil 590 millones de pesos, equivalente a un 17.5 por ciento más para impulsar el desarrollo local.

Se prevé una asignación específica de 194 millones de pesos en reserva dentro del presupuesto educativo para el tema de telesecundarias.

Congreso del Estado

Gámez se reunió con Canadevi para impulsar vivienda de interés social

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El diputado dijo que se busca un crecimiento ordenado y acceso a vivienda de calidad para las familias potosinas

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, se reunió con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en San Luis Potosí (Canadevi), Luis Fernando Lárraga Escobedo, para sumar esfuerzos en la creación de vivienda de interés social para los trabajadores potosinos.

En la reunión se reiteró la importancia de coordinar al Poder Legislativo con el sector de promoción de vivienda, para lograr un crecimiento ordenado y facilitar el acceso a vivienda de calidad para las familias potosinas.

Gámez Macías dijo: «Los legisladores debemos redoblar esfuerzos para crear instrumentos normativos más facilitadores del desarrollo de este mercado». Señaló que hay que pensar en que los trabajadores alcancen su vivienda, «porque representa un patrimonio que podamos heredar a nuestras familias», y pidió revisar que lo que presenten los municipios en valores catastrales «no afecten el bolsillo de los trabajadores».

Precisó que en las próximas semanas se revisarán las propuestas de valores unitarios de suelo y construcción de los 59 municipios para evitar incrementos desproporcionados. También se vigilará lo relacionado con los organismos operadores del agua, para la autorización de fraccionamientos en la factibilidad de tomas de agua.

Por su parte, Lárraga Escobedo dijo que es importante trabajar en coordinación con el Poder Legislativo para fortalecer la vivienda económica en el estado, que enfrenta un déficit de alrededor de 80 mil viviendas de este tipo, de acuerdo con el reporte del INEGI.

«Debemos trabajar de manera conjunta también con municipios, con el Congreso para poder homologar las nuevas leyes en esta materia que vienen de la federación, y alcanzar las metas que tenemos en el sector», expresó.

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Congreso exhorta al IMSS-Bienestar a garantizar desconexión digital de su personal

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El Punto de Acuerdo de la diputada Sara Rocha pide un protocolo para que la capacitación se haga dentro del horario laboral

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina que exhorta a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí a implementar medidas que garanticen los derechos laborales y eviten presiones al personal para atender actividades y comunicaciones fuera de su jornada de trabajo.

El exhorto plantea un Protocolo Institucional de Capacitación Virtual y Desconexión Digital, para que las actividades de actualización y formación se programen formalmente, se notifiquen por canales oficiales y se realicen estrictamente dentro del horario laboral.

Rocha Medina destacó que también se busca que se investiguen, vigilen y sancionen las conductas de mandos medios y superiores que incurran en presiones indebidas, hostigamiento laboral o amenazas de retirar apoyos económicos o bonos, o de aplicar sanciones, al personal por no atender comunicaciones fuera de horario o por aplicaciones de mensajería no oficiales, como WhatsApp.

El Punto de Acuerdo contempla además auditorías e inspecciones en materia de la NOM-035-STPS-2018

para evaluar los niveles de estrés y violencia laboral relacionados con las cargas de trabajo digitales e informales en los centros de trabajo.

La diputada advirtió que la falta de regulación formal y la normalización del uso de herramientas digitales informales vulneran los derechos de las y los trabajadores. Expuso que la capacitación, cuyo propósito debe ser fortalecer la productividad y el desarrollo humano del personal, no puede convertirse en un mecanismo para aprovechar indebidamente el tiempo libre.

Consideró inadmisible que, con el argumento del uso de nuevas tecnologías, se justifiquen prácticas laborales que eliminen los límites entre el tiempo de trabajo y el que corresponde a la vida personal, familiar y social de los empleados.

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Congreso alista reglas para veterinarios en favor del bienestar animal

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El dictamen de la Comisión de Ecología también crea un comité técnico y obliga a llevar expedientes clínicos

Por: Redacción

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí para fijar reglas a quienes ejercen la medicina veterinaria. Un dictamen es el documento con el que una comisión aprueba una propuesta antes de que la vote el Pleno.

La reforma la impulsaron la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y el médico veterinario Antonio Muñoz Ramos. Busca que la protección de los animales “no se limite a sancionar el maltrato una vez que ocurre, sino también prevenir el sufrimiento y promover una atención veterinaria responsable”, explicó la legisladora.

Obligación de avisar

Si se aprueba, los veterinarios tendrían que informar a las autoridades cuando detecten posibles casos de maltrato o crueldad animal, siempre que tengan elementos objetivos para sostenerlo. También tendrían que reportar las enfermedades de notificación obligatoria, que son las que deben avisarse a las autoridades sanitarias por el riesgo de contagio, y los posibles casos de usurpación de funciones, es decir, personas que ejercen la profesión sin estar autorizadas.

Además, deberían mantener actualizados sus conocimientos y expedir documentos solo sobre procedimientos que hayan hecho o verificado.

Expedientes y consentimiento

El dictamen contempla el consentimiento informado, que es la autorización que da el dueño del animal después de que se le explica un tratamiento, y la obligación de integrar y conservar expedientes clínicos.

También prohíbe prácticas veterinarias que impliquen maltrato, crueldad o sufrimiento innecesario, sin impedir tratamientos o cirugías médicamente necesarios.

Un comité técnico

La reforma crea un Comité Técnico para el Bienestar Animal y el Ejercicio Profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, ligado al Consejo Consultivo Mixto que ya existe en la ley. Podrá aportar conocimientos, promover capacitación y emitir recomendaciones, pero no podrá expedir cédulas, inspeccionar establecimientos ni imponer sanciones.

El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación.

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