La iniciativa también establece que las autoridades del sector salud y los ayuntamientos deberán proporcionar información de manera periódica para alimentar el registro

Por: Redacción

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó un dictamen para crear un Registro Estatal de Personas con Condición del Espectro Autista, con el objetivo de contar con información que permita diseñar políticas públicas dirigidas a este sector de la población.

La propuesta, presentada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, plantea reformar diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con el dictamen, el registro sería administrado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), utilizando la infraestructura existente del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

La iniciativa también establece que las autoridades del sector salud y los ayuntamientos deberán proporcionar información de manera periódica para alimentar el registro, mediante reportes trimestrales y semestrales, según corresponda.

Castro Barrón señaló que contar con información sobre la población con condición del espectro autista permitiría al estado identificar sus necesidades en las distintas regiones de S an Luis Potosí

El dictamen contempla además un apartado de prohibiciones y responsabilidades para prevenir posibles vulneraciones a los derechos de las personas con condición del espectro autista y sus familias.

Entre las conductas que se busca prohibir están rechazar su atención en clínicas y hospitales públicos o privados; negar orientación para acceder a un diagnóstico y tratamiento; impedir o desestimar su traslado a instituciones especializadas cuando el personal no cuente con los conocimientos necesarios; así como actuar con negligencia o poner en riesgo su salud.

También se plantea prohibir la aplicación de terapias consideradas riesgosas, la sobremedicación que altere el grado de la condición y los internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas.

El dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado, donde deberá ser analizado y, en su caso, aprobado para que las reformas puedan avanzar en el proceso legislativo.

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La reforma prohíbe hacer público el nombre de la víctima que denuncie

Por: Redacción

La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar los artículos 25 y 40 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el que busca fortalecer las medidas de protección para mujeres víctimas de acoso u hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

La propuesta, promovida por la diputada Brisseire Sánchez López, busca garantizar la seguridad, permanencia y estabilidad laboral de las mujeres que enfrenten este tipo de violencia, y evitar que sean presionadas para abandonar sus empleos o sufran actos de revictimización. Plantea además que en ningún caso se haga público el nombre de la víctima que haya presentado una denuncia.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina, presidenta de la comisión, dijo que cuando las agresiones ocurran en el ámbito laboral, además de las órdenes de protección ya previstas en la ley, deberán implementarse acciones para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su seguridad, permanencia y estabilidad en el trabajo.

La reforma se sustenta en los principios de igualdad sustantiva, no discriminación, perspectiva de género y trabajo digno, en concordancia con la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El dictamen fue turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación.

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Existen muchos antecedentes en los que las mujeres han sido procesadas por el delito de homicidio o de lesiones en contra de su agresor

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la fracción IV del artículo 28 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de establecer la presunción de legítima defensa, cuando quien la ejerza sea una mujer, y al momento de desplegar la conducta, exista antecedente de ser víctima de violencia de género, o se encuentre en peligro inminente de ser víctima de violencia física, sexual, o feminicida.

Asimismo, cuando quien ejerza la legitima defensa sea una persona que actúa en auxilio de una mujer que en el acto sea víctima de violencia física, sexual, o feminicida con el objeto de repeler el acto violento en contra de la mujer; estableciéndose además que no se considerará exceso en la defensa, cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo.

Se establece que existen muchos antecedentes en los que las mujeres han sido procesadas penalmente por el delito de homicidio o de lesiones causadas en contra de su agresor, aún y cuando actuaron en defensa de su propia vida e integridad, esto debido a la falta de aplicación de la perspectiva de género en las actuaciones de las autoridades de procuración e impartición de justicia, lo que ha llevado a las mujeres a su revictimización y criminalización.

Con esta reforma, los jueces están obligados a considerar el historial de violencia que sufren las mujeres, así como su estado emocional, psicológico y mental en el momento de los hechos. Esto permite una comprensión más integral de las circunstancias que llevaron a las víctimas a actuar en defensa propia, evitando que se les penalice por homicidio o exceso en la legítima defensa sin tomar en cuenta su situación.