agosto 23, 2026

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Congreso del Estado

Congreso de SLP solicitará información del Fondo para Instituciones de Seguridad Pública

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Se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informe sobre el estado de este fondo

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso en Sesión Ordinaria, un Punto de Acuerdo por el que la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la entrega, aplicación y correcta ejecución de los recursos ministrados a través del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, para el ejercicio fiscal 2023, que celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí.

Indica en la exposición de motivos, que con la reforma al artículo Quinto Transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, se determina que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establezca un Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Dicho Fondo se establece de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.

El objetivo del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad pública (FOFISP) es lograr el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización, y el equipamiento de los elementos policiales y el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas.

Indica que al entrar al análisis de los lineamientos para la entrega de las ministraciones del FOFISP, pudimos observar cómo además del cumplimiento de los objetivos plasmados en los convenios con las entidades federativas, se tiene que publicar de manera trimestral los informes sobre las actividades y entrega de los recursos, que en otras palabras, es un puntual seguimiento a la correcta aplicación de los apoyos recibidos; sin embargo, en la práctica esto no se lleva a cabo de esta forma, toda vez que al tratar de consultar la información dentro de los canales oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que no existe link ni documento alguno que contenga esta información.

Por tal motivo, se señala, resulta pertinente presentar este punto de acuerdo para que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, brinde la información actualizada sobre el estado que guarda la ministración de los recursos y su correcta aplicación, toda vez que esta Soberanía otorgó un voto de confianza a la Minuta de reforma invocada en el cuerpo de este documento, y como legisladoras y legisladores existe el compromiso de velar en todo momento por el bienestar del Estado y más en un tema tan importante y delicado como lo es la seguridad pública.

El Punto de Acuerdo también fue firmado por las diputadas Ma. Elena Ramírez Ramírez, Bernarda Reyes Hernández, y Cecilia Senllace Ochoa Limón; y los diputados Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, y José Luis Fernández Martínez. Se turnó para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

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Congreso del Estado

Se busca desde el Congreso fortalecer atención integral a pacientes de Alzheimer

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La iniciativa contempla adicionar diversas fracciones , así como incorporar el denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”

Por: Redacción

Con el propósito de visibilizar el Alzheimer y fortalecer la atención integral de las personas que viven con esta condición, la diputada Frinne Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

 

La iniciativa plantea incorporar un marco jurídico específico para la atención del Alzheimer y otras demencias, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y acompañamiento integral; además de brindar mayor protección a las personas que enfrentan estas enfermedades y a quienes se encargan de su cuidado.

 

La legisladora explicó que la ausencia de disposiciones específicas limita la capacidad de respuesta del Estado y contribuye a mantener en la invisibilidad a quienes viven con estas condiciones, por lo que consideró que la reforma representa un acto de justicia, humanidad y visión de futuro para avanzar hacia un sistema de salud más solidario, preparado y digno.

 

La legisladora Azuara Yarzábal puntualizó que la iniciativa contempla adicionar diversas fracciones a los artículos 4, 13, 23 y 25, así como incorporar el Capítulo X Bis, denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”, con los artículos 67 Sexties 1, 2, 3, 4 y 5.

 

 

Dentro de las modificaciones propuestas se establece una definición de la enfermedad de Alzheimer como un trastorno neurocognitivo mayor, progresivo y degenerativo que afecta la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía funcional.

 

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Congreso del Estado

Congreso analiza endurecer sanciones a funcionarios por corrupción

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La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años

Por: Redacción

El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.

La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.

Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.

El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.

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Congreso del Estado

Iniciativa busca fomentar la creación de centros de recuperación y albergues de animales

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Es necesario fortalecer la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o abandono: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en relación a la creación de Centros de Recuperación y albergues de protección animal en los municipios del estado.

Señala que en la mayoría de los municipios del Estado, los Centros de Recuperación y los albergues previstos por la ley, no existen o funcionan de manera insuficiente, debido principalmente a la ausencia de asignaciones presupuestales permanentes y a la falta de incorporación expresa de estas funciones dentro de la estructura competencial de los Municipios.

El principal obstáculo para la ejecución efectiva de las políticas públicas de bienestar animal no radica en la inexistencia de obligaciones legales, sino en la falta de armonización entre la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ya que mientras la legislación especial impone obligaciones específicas a los municipios, la legislación orgánica no incorpora de manera expresa dichas atribuciones dentro de las competencias municipales, situación que dificulta su ejecución.

Por ello, la iniciativa propone establecer como facultad de los ayuntamientos, el implementar o mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, sus C entros de Recuperación Animal para la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales

en situación de calle o abandono conforme a la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí.

Se indica que todos los municipios en el Estado, podrán realizar el “Programa Animal Comunitario” mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, y de manera permanente y con el fin de garantizar el bienestar de los animales en situación de calle o abandono.

La legisladora señala que de aprobarse esta reforma, se contribuirá a reducir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante métodos éticos de control poblacional; disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas, mordeduras y accidentes relacionados con animales abandonados; fortalecer la salud pública y mejorará las condiciones de convivencia comunitaria.

Asimismo, permitirá que la protección animal deje de depender de decisiones administrativas aisladas para convertirse en una obligación institucional permanente, susceptible de planeación, evaluación y fiscalización.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Régimen Interno y Asuntos Electorales.

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