Congreso del Estado
Congreso de SLP solicitará información del Fondo para Instituciones de Seguridad Pública
Se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informe sobre el estado de este fondo
Por: Redacción
El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso en Sesión Ordinaria, un Punto de Acuerdo por el que la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la entrega, aplicación y correcta ejecución de los recursos ministrados a través del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, para el ejercicio fiscal 2023, que celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí.
Indica en la exposición de motivos, que con la reforma al artículo Quinto Transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, se determina que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establezca un Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Dicho Fondo se establece de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.
El objetivo del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad pública (FOFISP) es lograr el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización, y el equipamiento de los elementos policiales y el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas.
Indica que al entrar al análisis de los lineamientos para la entrega de las ministraciones del FOFISP, pudimos observar cómo además del cumplimiento de los objetivos plasmados en los convenios con las entidades federativas, se tiene que publicar de manera trimestral los informes sobre las actividades y entrega de los recursos, que en otras palabras, es un puntual seguimiento a la correcta aplicación de los apoyos recibidos; sin embargo, en la práctica esto no se lleva a cabo de esta forma, toda vez que al tratar de consultar la información dentro de los canales oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que no existe link ni documento alguno que contenga esta información.
Por tal motivo, se señala, resulta pertinente presentar este punto de acuerdo para que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, brinde la información actualizada sobre el estado que guarda la ministración de los recursos y su correcta aplicación, toda vez que esta Soberanía otorgó un voto de confianza a la Minuta de reforma invocada en el cuerpo de este documento, y como legisladoras y legisladores existe el compromiso de velar en todo momento por el bienestar del Estado y más en un tema tan importante y delicado como lo es la seguridad pública.
El Punto de Acuerdo también fue firmado por las diputadas Ma. Elena Ramírez Ramírez, Bernarda Reyes Hernández, y Cecilia Senllace Ochoa Limón; y los diputados Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, y José Luis Fernández Martínez. Se turnó para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
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Congreso del Estado
Proponen reforma para sancionar fraudes parentales
Son aquellas que distorsionan deliberadamente la verdad biológica para generar consecuencias jurídicas indebidas
Por: Redacción
La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar un tipo penal específico que sancione la atribución indebida de la paternidad o las obligaciones de filiación a un tercero, cuando medie dolo, engaño o aprovechamiento indebido de las circunstancias.
Ello no sólo responde a una necesidad de justicia material, sino que se alinea con el principio de proporcionalidad, al equilibrar la protección de los derechos de la niñez con los derechos patrimoniales y personales de quienes resulten afectados por estas conductas, manifestó la diputada proponente.
Expuso la legisladora que la propuesta no pretende, en modo alguno, debilitar el principio del interés superior de la niñez
, sino fortalecerlo mediante la correcta identificación de los sujetos obligados, garantizando que las responsabilidades recaigan en quien verdaderamente corresponde conforme al vínculo biológico o jurídico.“Esta reforma se inscribe en una tendencia contemporánea del derecho comparado orientada a reconocer y sancionar las denominadas conductas de fraude o engaño parental, entendidas como aquellas que distorsionan deliberadamente la verdad biológica para generar consecuencias jurídicas indebidas”, señaló.
La legisladora Martínez Vázquez afirmó que “es necesario y jurídicamente impostergable dotar al ordenamiento penal de herramientas que permitan sancionar estas conductas, proteger el patrimonio de las personas afectadas y reforzar la certeza en las relaciones de filiación, contribuyendo así a un sistema jurídico más equitativo, coherente y garantista”.
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Congreso del Estado
Aprueban reformas a la ley en favor de las personas con espectro autista
El objetivo es que puedan encontrar un mejor camino en su atención, en conjunto con las instancias públicas: diputado Gama
Por: Redacción
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado, iniciativa que fue presentada por la diputada María Antonia Castro Castañeda.
El objetivo es buscar el respaldo, apoyo y el desarrollo de las personas con espectro autista, para que pueden encontrar un mejor camino en su atención, o si fueron detectadas de manera tardía, se pueda retomar su caso y encontrar un buen cauce para su atención, dijo el presidente de la Comisión diputado Marco Antonio Gama Basarte.
Se define transversalidad como diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, -que es lo que se agrega-, así como para la gestión y provisión de servicios públicos que exige articulación bilateral o multilateral dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, con el objeto de dar cumplimiento a la ley, a la presente ley, deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes
conforme a los programas aplicables y con perspectiva de género, que es lo que se propone agregar.De igual manera, el artículo 7, para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, las dependencias y entidades de la administración pública, estatal y municipal, formularán respecto de los asuntos de su competencia las propuestas de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones con perspectiva de género, así como para sus provisiones presupuestales.
Y en el artículo 9, se agrega que el estado cuenta una coordinación interinstitucional conformada por diversas instituciones de la administración pública. Esta coordinación tiene como objetivo aglutinar y garantizar la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la condición de espectro autista que se realiza de forma coordinada y con perspectiva de género.
El artículo 22 establece que los servicios que garantizan los derechos de las personas con la condición de espectro autista, deberán ser acordes con estos con perspectiva de género y con las necesidades que se generen.
En el dictamen se agregan nuevas definiciones que son: perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, para ajustar la homologación a la reforma general en la materia aprobada en el Senado de la República; el dictamen será sometido a consideración del Pleno para su votación.
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Congreso del Estado
Aprobada reforma en materia de inclusión social de las mujeres
Se incluye la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas de desarrollo social
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria la reforma al artículo 33 y adición a la fracción XIII Bis al artículo 6°, y el artículo 43 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en materia de inclusión laboral de las mujeres.
En relación a la perspectiva de género, se establece la inclusión de una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.
Con ello, se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.
Además, con la finalidad de impulsar el combate a la pobreza y la desigualdad social, los ayuntamientos podrán celebrar convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado.
El fin es diseñar e implementar programas de capacitación con perspectiva de género, garantizando así la participación e integración de las mujeres en el mercado laboral a través de la enseñanza de oficios productivos asegurando una mejor calidad y expectativas de vida personal
, familiar, social y laboral.Se indica que, cuando una mujer accede al mercado laboral con capacitación adecuada, el beneficio se multiplica en su entorno familiar y comunitario, por lo cual con la reforma aprobada se asegura que las mujeres potosinas pasen de la supervivencia a la integración productiva, garantizando mejores expectativas de vida personal y social, en alineación con los objetivos de la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional en la materia.
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