La propuesta de la diputada Brisseire Sánchez se aprobó en sesión del Pleno del Congreso del Estado

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo de la diputada Brisseire Sánchez López para exhortar a los ayuntamientos a fortalecer y promover, dentro de sus atribuciones y de su presupuesto disponible, acciones de adopción responsable de animales de compañía, con prioridad en su bienestar, protección y trato digno.

El exhorto también pide a los municipios fortalecer la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones protectoras de animales, rescatistas, centros de atención animal y demás agrupaciones dedicadas al bienestar animal, para organizar campañas de información, jornadas de adopción y mecanismos de entrega responsable que procuren hogares adecuados y permanentes.

La diputada señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar la protección y el cuidado de los animales, una responsabilidad que, dijo, debe asumirse de manera compartida entre autoridades, sociedad civil y ciudadanía.

Expuso que los animales en situación de calle, el abandono y la reproducción sin control de perros y gatos afectan el bienestar animal, la salud pública, la convivencia social y el entorno urbano. De acuerdo con estimaciones de activistas, en el estado habría alrededor de 400 mil perros en situación de calle.

Para la legisladora, la adopción responsable es una herramienta para dar una segunda oportunidad a animales abandonados, rescatados o resguardados en centros de control, asociaciones protectoras o por personas dedicadas al rescate. Consideró que fomentarla no debe limitarse a jornadas ocasionales o a publicar animales disponibles, sino que debe promoverse una cultura en la que las personas conozcan las obligaciones de llevar un animal a su hogar.

Sánchez López explicó que adoptar implica proporcionar alimento, atención veterinaria, vacunas, esterilización cuando corresponda, alojamiento adecuado, ejercicio y atención, así como garantizar una vida libre de maltrato, abandono y negligencia. Propuso que los ayuntamientos realicen acciones permanentes de sensibilización y promoción de la adopción en sus medios institucionales, redes sociales y espacios públicos.

También reconoció el trabajo de las organizaciones civiles, asociaciones protectoras y rescatistas, y planteó que los municipios refuercen la colaboración con ellas mediante campañas permanentes, jornadas de adopción, difusión de animales disponibles y actividades de concientización.

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La reforma también define como persona adulta mayor a toda persona de 60 años o más, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.

La reforma también busca armonizar el concepto de persona adulta mayor con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Establecería que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de 60 años o más, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.

Exposición de motivos

En su exposición de motivos, la legisladora señala que el envejecimiento de la población es uno de los f enómenos sociales más significativos del siglo XXI y que plantea desafíos para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico en entidades como San Luis Potosí. Indica que este sector ha enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.

Sostiene que hoy las personas adultas mayores tienen dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, por la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión del personal de atención. Según la iniciativa, esto las deja en desventaja.

Por ello plantea que permitirles acudir acompañadas facilitaría la comprensión del procedimiento y les brindaría seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, ya que la presencia de un acompañante puede ser determinante para que ejerzan sus derechos de manera informada.

Siguiente paso

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.

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La Fiscal manifestó su disposición para comparecer en una fecha posterior; la normatividad establece que sería dentro de los 30 días posteriores a la entrega

Por: Redacción

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado, a cargo de María Manuela García Cázares, conforme al artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, recibió el documento, que detalla el trabajo realizado por la Fiscalía durante el último año. Dijo que, de acuerdo con la normatividad, el informe debe entregarse en la primera quincena de noviembre, y que será analizado para después ver si se realiza una comparecencia en la que los diputados puedan “desahogar inquietudes”.

Posible comparecencia

Vázquez Hernández precisó que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega del informe escrito.

García Cázares manifestó su disposición para comparecer, con motivo de la glosa del informe, en una fecha posterior.

Quiénes estuvieron presentes

En la entrega también estuvieron las diputadas Dolores Robles Chairez, Aranzazu Puente y Jacquelinn Jáuregui; los diputados Héctor Serrano Cortés, Marco Antonio Gama Basarte, César Lara y Cuauhtli Badillo, y la vicefiscal jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.

Contexto

El 14 de noviembre de 2025, García Cázares entregó su informe anual a la misma comisión, y la diputada Vázquez Hernández dijo entonces que había 30 días naturales para su comparecencia. En noviembre de 2024, la Fiscal compareció ante el Congreso.

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