julio 12, 2026

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Congreso del Estado

Congreso de SLP solicitará información del Fondo para Instituciones de Seguridad Pública

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Se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informe sobre el estado de este fondo

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso en Sesión Ordinaria, un Punto de Acuerdo por el que la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la entrega, aplicación y correcta ejecución de los recursos ministrados a través del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, para el ejercicio fiscal 2023, que celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí.

Indica en la exposición de motivos, que con la reforma al artículo Quinto Transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, se determina que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establezca un Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Dicho Fondo se establece de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.

El objetivo del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad pública (FOFISP) es lograr el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización, y el equipamiento de los elementos policiales y el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas.

Indica que al entrar al análisis de los lineamientos para la entrega de las ministraciones del FOFISP, pudimos observar cómo además del cumplimiento de los objetivos plasmados en los convenios con las entidades federativas, se tiene que publicar de manera trimestral los informes sobre las actividades y entrega de los recursos, que en otras palabras, es un puntual seguimiento a la correcta aplicación de los apoyos recibidos; sin embargo, en la práctica esto no se lleva a cabo de esta forma, toda vez que al tratar de consultar la información dentro de los canales oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que no existe link ni documento alguno que contenga esta información.

Por tal motivo, se señala, resulta pertinente presentar este punto de acuerdo para que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, brinde la información actualizada sobre el estado que guarda la ministración de los recursos y su correcta aplicación, toda vez que esta Soberanía otorgó un voto de confianza a la Minuta de reforma invocada en el cuerpo de este documento, y como legisladoras y legisladores existe el compromiso de velar en todo momento por el bienestar del Estado y más en un tema tan importante y delicado como lo es la seguridad pública.

El Punto de Acuerdo también fue firmado por las diputadas Ma. Elena Ramírez Ramírez, Bernarda Reyes Hernández, y Cecilia Senllace Ochoa Limón; y los diputados Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, y José Luis Fernández Martínez. Se turnó para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

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Congreso del Estado

Congreso busca proteger las áreas naturales de SLP

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Iniciativa busca conservar los ecosistemas sin afectar el turismo de aventura, privilegiando un desarrollo sustentable y responsable: Dip. Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez

Por: Redacción

Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio natural del estado, la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, a fin de regular la circulación de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas y ecosistemas de especial importancia.

La legisladora explicó que San Luis Potosí posee una riqueza ambiental única, con regiones como la huasteca, la Sierra de San Miguelito, la zona altiplano y la zona media, donde la biodiversidad representa un patrimonio que debe preservarse para las presentes y futuras generaciones.

La propuesta surge ante los impactos ambientales que puede ocasionar la circulación indiscriminada de cuatrimotos, motocicletas y otros vehículos recreativos en zonas ecológicamente sensibles, afectando la vegetación, los suelos, los cuerpos de agua y la fauna silvestre.

Martínez Vázquez subrayó que la iniciativa no pretende prohibir ni afectar el turismo de aventura, una actividad que genera desarrollo económico para muchas familias potosinas, sino establecer reglas claras que permitan la convivencia entre las actividades recreativas y la conservación del medio ambiente.

El objetivo no es detener el turismo, sino garantizar que pueda seguir desarrollándose de manera responsable, respetando nuestros ecosistemas y asegurando que las futuras generaciones también puedan disfrutar de ellos”, señaló.

Entre las principales propuestas de la iniciativa destacan la restricción de la circulación de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas, la creación de un padrón de empresas

prestadoras de este servicio, el establecimiento de rutas autorizadas para su operación, la capacitación obligatoria de los prestadores de servicios y el fortalecimiento de las atribuciones de los ayuntamientos para inspeccionar, regular y sancionar las actividades que incumplan la legislación ambiental.

Asimismo, la iniciativa encuentra sustento en el derecho humano a un medio ambiente sano reconocido por la Constitución, en diversos instrumentos internacionales y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han reconocido la validez de adoptar medidas preventivas cuando exista riesgo para ecosistemas de alto valor ambiental.

Finalmente, la diputada Gabriela Martínez reiteró que proteger la naturaleza no significa frenar el desarrollo, sino hacerlo compatible con la conservación del patrimonio ambiental de San Luis Potosí.

“Nuestro estado es uno de los destinos más importantes del país para el turismo de aventura. Precisamente por ello tenemos la responsabilidad de cuidarlo. La naturaleza no es un recurso infinito; es el legado que recibimos y la herencia que dejaremos a las próximas generaciones”, concluyó.

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Congreso del Estado

Reforma electoral aprobada; proceso 2027 arranca en noviembre

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García Castillo informó que el proceso electoral local arrancará en noviembre de 2026, una vez aprobada la reforma a la legislación electoral

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó una reforma a la legislación electoral que fija el inicio del proceso local 2026-2027 para el mes de noviembre, informó el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Las reformas a la Ley Electoral ya quedaron aprobadas y quedaron establecidas las reglas del juego para el 2027“, afirmó García Castillo. Señaló que cualquier ciudadano que desee registrarse como candidato podrá hacerlo, “siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley.”

El diputado indicó que la reforma otorga certeza tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales sobre los tiempos de organización del proceso.

La definición del calendario electoral coincide con los tiempos que algunos partidos ya manejan internamente. El PRI informó esta semana que definirá sus candidatos hasta noviembre, mismo mes en que arranca formalmente el proceso.

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Congreso del Estado

Congreso activa comisión especial para periodistas, pero admite vacíos en su arranque

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La comisión presentó un plan de trabajo con foros y propuestas legislativas, aunque sus propias integrantes reconocieron no tener diagnóstico de violencia ni haber escuchado antes las demandas laborales del gremio

Por: Redacción

La LXIV Legislatura instaló la Comisión Especial de Atención a Periodistas con un plan de trabajo que prevé espacios de capacitación, foros de análisis y propuestas legislativas para fortalecer la protección al gremio periodístico.

La comisión quedó presidida por la diputada María Dolores Robles Chairez, con Sara Rocha Medina como secretaria y Marco Antonio Gama Basarte como vocal. Robles Chairez señaló que el objetivo es “generar espacios de diálogo entre el Congreso del Estado, el gremio periodístico, las instituciones públicas, la academia, los organismos especiales y la sociedad civil”. El plan contempla además reuniones de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, al ser cuestionada tras la sesión, Rocha Medina reconoció que la comisión arranca con vacíos importantes: no cuentan con un diagnóstico sobre la situación de violencia contra periodistas en el estado, y fue la primera vez que escuchó la demanda del gremio sobre derechos laborales. “Es la primera vez que lo escucho. Pero sin ningún problema, si presentan alguna iniciativa, le damos el trámite necesario”, afirmó.

La diputada precisó además que la comisión es de carácter temporal y no ha contemplado convertirse en permanente. “No se ha pensado nada, es la primera instalación”, indicó. En la sesión estuvieron presentes Verónica Onofre Serment, coordinadora de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras, y Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.

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Opinión

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