mayo 12, 2026

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Congreso del Estado

Congreso de SLP solicitará información del Fondo para Instituciones de Seguridad Pública

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Se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informe sobre el estado de este fondo

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso en Sesión Ordinaria, un Punto de Acuerdo por el que la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la entrega, aplicación y correcta ejecución de los recursos ministrados a través del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, para el ejercicio fiscal 2023, que celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí.

Indica en la exposición de motivos, que con la reforma al artículo Quinto Transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, se determina que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establezca un Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Dicho Fondo se establece de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.

El objetivo del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad pública (FOFISP) es lograr el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización, y el equipamiento de los elementos policiales y el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas.

Indica que al entrar al análisis de los lineamientos para la entrega de las ministraciones del FOFISP, pudimos observar cómo además del cumplimiento de los objetivos plasmados en los convenios con las entidades federativas, se tiene que publicar de manera trimestral los informes sobre las actividades y entrega de los recursos, que en otras palabras, es un puntual seguimiento a la correcta aplicación de los apoyos recibidos; sin embargo, en la práctica esto no se lleva a cabo de esta forma, toda vez que al tratar de consultar la información dentro de los canales oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que no existe link ni documento alguno que contenga esta información.

Por tal motivo, se señala, resulta pertinente presentar este punto de acuerdo para que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, brinde la información actualizada sobre el estado que guarda la ministración de los recursos y su correcta aplicación, toda vez que esta Soberanía otorgó un voto de confianza a la Minuta de reforma invocada en el cuerpo de este documento, y como legisladoras y legisladores existe el compromiso de velar en todo momento por el bienestar del Estado y más en un tema tan importante y delicado como lo es la seguridad pública.

El Punto de Acuerdo también fue firmado por las diputadas Ma. Elena Ramírez Ramírez, Bernarda Reyes Hernández, y Cecilia Senllace Ochoa Limón; y los diputados Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, y José Luis Fernández Martínez. Se turnó para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

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Congreso del Estado

Congreso propone reforma para reparación de daño en delitos vs intimidad sexual

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Se establece una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización

Por: Redacción

Con el fin de declarar la reparación integral en delitos contra la intimidad sexual, la  diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 187.

La legisladora explicó que actualmente el artículo 187 del Código Penal del Estado, tipifica la difusión ilícita de imágenes íntimas, para quien, transmita, publique, o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, que pueden o no contener texto, obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión.

Se establece una pena de tres a seis años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización. Con la iniciativa propuesta, se busca la reparación del daño, el cual comprenderá, además de lo previsto en las reglas generales, una indemnización compensatoria que tome en cuenta la persistencia del contenido en la red.

En su exposición de motivos, Sánchez de Lira menciona que esta iniciativa responde a la extensión del daño moral dentro de la esfera íntima de la víctima, reconociendo no solo su afectación en el ‘dolor emocional’, sino también el daño al proyecto de vida y la naturaleza técnica del delito.

 

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Congreso del Estado

Apreuba Congreso iniciativa de Gallardo para sustituir SEDUVOP por INREVIS

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De esta manera, se obliga a la SEDUVOP a transferir expedientes e información al INREVIS al avalarse una reforma técnica

 

Por: Redacción

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona, para sustituir a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) por el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS) como autoridad encargada de ejecutar el Decreto Legislativo No. 410 de 2005, para dar certeza jurídica a lotes de personas de escasos recursos en Matehuala.

 

De esta manera, se obliga a la SEDUVOP a transferir expedientes e información al INREVIS al avalarse una reforma técnica y de armonización normativa, que no modifica el contenido sustantivo del decreto original, pero corrige la autoridad competente para permitir la conclusión efectiva de los procesos y evitar vicios legales, informó el presidente de la Comisión, diputado Héctor Serrano Cortés.

 

Se mantienen intactos: la superficie, lotificación, registro y elementos técnicos del decreto original; se incorporan disposiciones para concluir trámites pendientes de regularización y escrituración; se atienden casos de sucesiones (beneficiarios fallecidos), transmisión de posesión y diversas situaciones no previstas.

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Congreso del Estado

Congreso busca autonomía financiera como derecho de mujeres víctimas de violencia

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El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia

Por: Redacción

Con el objetivo de incorporar la autonomía financiera como derecho y como eje de acción programática, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

La iniciativa propone establecer que las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera, que les permitan generar ingresos propios y fortalecer su independencia.

La legisladora indicó que esta propuesta responde a una re alidad concreta

, ya que no basta con proteger, es necesario generar condiciones para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas con independencia y seguridad, por lo que este enfoque permite avanzar hacia una igualdad sustantiva y no solo formal.

El fortalecimiento de l a autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia, ya que estudios recientes han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor

, lo que revela la importancia de no limitar las acciones del Estado a medidas de protección, sino avanzar hacia estrategias de empoderamiento sostenido.

Agrega que experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. Esto no solo mejora su calidad de vida, también tiene efectos positivos en sus familias y comunidades.

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