octubre 26, 2026

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Congreso del Estado

Congreso de SLP solicitará información del Fondo para Instituciones de Seguridad Pública

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Se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informe sobre el estado de este fondo

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso en Sesión Ordinaria, un Punto de Acuerdo por el que la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la entrega, aplicación y correcta ejecución de los recursos ministrados a través del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, para el ejercicio fiscal 2023, que celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí.

Indica en la exposición de motivos, que con la reforma al artículo Quinto Transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, se determina que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establezca un Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Dicho Fondo se establece de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.

El objetivo del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad pública (FOFISP) es lograr el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización, y el equipamiento de los elementos policiales y el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas.

Indica que al entrar al análisis de los lineamientos para la entrega de las ministraciones del FOFISP, pudimos observar cómo además del cumplimiento de los objetivos plasmados en los convenios con las entidades federativas, se tiene que publicar de manera trimestral los informes sobre las actividades y entrega de los recursos, que en otras palabras, es un puntual seguimiento a la correcta aplicación de los apoyos recibidos; sin embargo, en la práctica esto no se lleva a cabo de esta forma, toda vez que al tratar de consultar la información dentro de los canales oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que no existe link ni documento alguno que contenga esta información.

Por tal motivo, se señala, resulta pertinente presentar este punto de acuerdo para que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, brinde la información actualizada sobre el estado que guarda la ministración de los recursos y su correcta aplicación, toda vez que esta Soberanía otorgó un voto de confianza a la Minuta de reforma invocada en el cuerpo de este documento, y como legisladoras y legisladores existe el compromiso de velar en todo momento por el bienestar del Estado y más en un tema tan importante y delicado como lo es la seguridad pública.

El Punto de Acuerdo también fue firmado por las diputadas Ma. Elena Ramírez Ramírez, Bernarda Reyes Hernández, y Cecilia Senllace Ochoa Limón; y los diputados Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, y José Luis Fernández Martínez. Se turnó para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

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Congreso del Estado

Congreso arrastra cerca de 30 millones en laudos y pensiones heredados

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Héctor Serrano dijo que ninguno de los laudos viene de demandas contra esta legislatura

Por: Redacción

El Congreso del Estado acumula cerca de 30 millones de pesos en laudos laborales y en separaciones de trabajadores que ya alcanzan su jubilación, dijo Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Muchísimo dinero”, respondió al preguntarle por el monto. Serrano calculó que son “como ocho laudos“, aunque aclaró que no quería dar “una cifra al aire” y que el área jurídica del Congreso tendría el dato exacto.

Según el diputado, ninguno corresponde a demandas contra la actual legislatura. “Son laudos que recibimos en esta legislatura, pero no porque sean demandas contra esta legislatura”, explicó. Se trata de obligaciones institucionales que pasan de una legislatura a otra.

Y la cuenta crece. “La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, advirtió Serrano, quien reconoció un “gran déficit económico” para pagar laudos y pensiones.

Sobre el origen de los casos, explicó que quien demanda suele alegar despido injustificado, y que a veces el Congreso pierde por “deficiencia jurídica o por desinterés jurídico” al no atender los procedimientos, lo que también implica responsabilidad. Los diputados, añadió, pueden ser sancionados por los órganos jurisdiccionales.

Estos pagos no forman parte del presupuesto asignado al Congreso porque son gastos extraordinarios. El Poder Legislativo los solicita a la Secretaría de Finanzas y recibe el dinero a lo largo del año, por eso no aparecen en el presupuesto que aprueba el pleno, algo que “a veces genera confusión”, dijo.

Para dimensionar: el presupuesto que los diputados aprobaron para el Congreso en 2027 es de 349.8 millones de pesos. Los 30 millones equivalen a casi 9% de esa cantidad.

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Congreso del Estado

Rubén Guajardo pide atender protestas del personal médico

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El diputado del PAN señaló que las inconformidades en clínicas y hospitales federalizados reflejan problemas estructurales y cuestionó la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del INSABI y las dificultades del IMSS-Bienestar

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera pidió atender a la brevedad las demandas del personal médico de clínicas y hospitales federalizados, cuyas inconformidades han derivado en marchas y bloqueos pacíficos en distintas partes del país.

El legislador señaló que las condiciones del sistema de salud han generado malestar entre los trabajadores del sector y consideró que las protestas reflejan problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas

.

Guajardo Barrera sostuvo que las deficiencias en materia de salud no son recientes, pero afirmó que se han acentuado desde el inicio de la actual administración federal. Entre los cambios que cuestionó mencionó la desaparición del Seguro Popular

, el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y las dificultades que, dijo, enfrenta el sistema IMSS-Bienestar.

El diputado recordó que la Federación asumió la responsabilidad de la política pública de salud, mientras que los gobiernos estatales dejaron de operar hospitales y mantienen principalmente funciones relacionadas con la prevención.

Ante este escenario, consideró necesario revisar de manera integral las políticas públicas implementadas para mejorar el sector, así como conocer las condiciones actuales de los servicios médicos y las responsabilidades de las autoridades involucradas.

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Congreso del Estado

Padres deberán ir a orientación obligatoria si sus hijos agreden a maestros

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El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación para atender la violencia contra el personal educativo

Por: Redacción

Cuando un estudiante agreda a un maestro o a otro trabajador de su escuela, sus madres, padres o tutores deberán participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. Así lo establece una reforma a la Ley de Educación del Estado que el Congreso aprobó por unanimidad en sesión ordinaria.

La reforma agrega el artículo 83 Bis a la ley. Además de atender la violencia contra el personal docente, obliga a las escuelas a aplicar programas de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos.

Qué deberán hacer las escuelas

En los casos en que un estudiante cometa actos de violencia contra el personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas “con enfoque educativo y restaurativo”. Se trata de que el estudiante entienda el daño y lo repare, más que de un castigo.

Si hubo daños, las autoridades deberán promover los mecanismos legales para que se reparen, conforme a la ley.

La reforma también pide a las escuelas que tengan acciones para prevenir, detectar a tiempo y atender la violencia escolar; que capaciten de forma continua a docentes y directivos en manejo de conflictos, y que tengan protocolos claros de actuación ante agresiones contra cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular contra los maestros.

Otras reformas de la sesión

En la misma sesión, el Congreso aprobó la convocatoria para la Presea al Mérito Plan de San Luis 2026 y reformas para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin necesidad de un representante legal.

También aprobó reconocer la violencia digital contra las personas adultas mayores y definir en la ley qué es un evento deportivo masivo.

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Opinión

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