Congreso del Estado
Congreso analiza retirar carta de no antecedentes penales de los requisitos para ser chofer
La iniciativa presentada por el Partido Verde y el PT está dirigida al transporte público
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, Edgar Alejandro Anaya Escobedo y Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputados locales de San Luis Potosí e integrantes del Partido Verde Ecologista , así como René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Salvador Isaís Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado, que cambiaría los requisitos a cumplir por los operadores del transporte público ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para eliminar la carta de no antecedentes penales, y en su lugar, aprobar un examen médico, toxicológico y de capacidad visual.
Los diputados encargados de esta iniciativa expusieron que se deberá de “tener en cuenta que hay temas a corregir derivado que constitucionalmente resultan contrariados con los tiempos que hoy vivimos. Hasta hace unos meses, las líneas de transporte público que operan en la zona metropolitana de San Luis Potosí enfrentaban un severo déficit de personal, pues se opera al 70% de las plantillas laborales, de acuerdo con fuentes dedicadas a este sector”.
Los y las legisladoras establecieron que al inicio de la contingencia sanitaria se redujo la flotilla de operadores, no obstante, a lo largo de los últimos meses se ha recuperado y se ha buscado integrar nuevamente el personal, pero no se han logrado cubrir las vacantes. 
Las y los congresistas agregaron que la porción normativa “de no tener antecedentes penales” contraría el derecho de igualdad por varias razones: En primer lugar, la norma viola el derecho a la reinserción social, debido a que la finalidad de la reinserción implica que las personas que salen de la cárcel puedan acceder a un empleo, por lo que el Estado no debe negar el acceso al empleo a quienes hayan cumplido con una sentencia salvo que se justifique plenamente.
En segundo lugar, la mayoría apuntó que la norma viola el derecho de igualdad, debido a que introduce una diferencia injustificada que excluye del cargo a todas las personas que tengan hasta un “mínimo antecedente penal”. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.
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Con esto no solo se fortalecerá la economía de nuestro Estado, sino que además, se fortalece la identidad y el orgullo potosino
Por: Redacción
Con el objetivo de impulsar el distintivo “Hecho en San Luis Potosí” o también identificado como “Made in San Luis Potosí”, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó la reforma al artículo 58 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y Competitividad del Estado de San Luis Potosí.
La reforma establece que la Secretaría de Desarrollo Económico promueva la utilización del distintivo “Hecho en S an Luis Potosí”
La iniciativa fue promovida por el diputado Luis Emilio Rosas y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.
Con esto, se indica en la iniciativa, no solo se fortalecerá la economía de nuestro Estado, sino que además, se fortalece la identidad y el orgullo potosino, realzando el valor y calidad de los productos hechos en San Luis Potosí y fomentando la unidad de los potosinos.
Congreso del Estado
Diputados preparan reunión con la presidenta de la CEDH para revisar presupuesto 2026
Buscan fortalecer la atención a víctimas y descentralizar los servicios de derechos humanos en el estado
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) deberá fortalecer sus protocolos de atención a víctimas y descentralizar sus servicios hacia los municipios más importantes del estado, por lo que diputadas y diputados ya preparan una reunión con la presidenta del organismo, informó el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
El legislador señaló que resulta esencial dialogar con la ombudsperson Giovanna Argüelles Moreno para conocer a detalle el presupuesto proyectado para 2026, así como los objetivos y acciones contempladas para el próximo ejercicio fiscal. Subrayó que este acercamiento permitirá que la ciudadanía conozca con claridad cómo se aplicarán los recursos y cuáles son las metas del organismo.
Gama Basarte destacó que, en un ejercicio de transparencia, es necesario evaluar lo que se ha hecho y lo que se pretende realizar: “Hay que encausar adecuadamente cada una de las demandas y mejorar los protocolos de atención a víctimas y de seguimiento a las recomendaciones emitidas”, afirmó.
El diputado agregó que existe una oportunidad real de mejorar la atención de derechos humanos en todo el estado, mediante un enfoque que permita ampliar la cobertura y atender eficazmente los casos en cada región de San Luis Potosí.
Asimismo, insistió en la importancia de revisar los protocolos de atención, dar seguimiento puntual a los casos y conocer el destino de cada recomendación emitida por la CEDH. Reiteró que la reunión con la presidenta del organismo es fundamental para avanzar en estos objetivos.
Finalmente, Gama Basarte enfatizó que se debe garantizar una atención integral a las víctimas, orientada a su bienestar y a la construcción de soluciones reales. Afirmó que el Congreso del Estado está dispuesto a modificar, adecuar o crear leyes que fortalezcan la protección de los derechos humanos en San Luis Potosí.
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La propuesta busca impulsar la adopción como alternativa de cuidado ante la creciente vulnerabilidad infantil
Por: Redacción
La diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa para reformar el cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia y, en ausencia de ésta, garantizar su incorporación a un núcleo familiar mediante la adopción.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que, aunque el derecho a vivir en familia y el principio del interés superior de la niñez están contemplados en normas internacionales, nacionales y estatales, persiste una significativa vulnerabilidad entre menores que carecen de un entorno familiar
Citó a UNICEF, organismo que establece la obligación del Estado de ofrecer alternativas de cuidado y protección, entre ellas la adopción, considerada un instrumento clave para asegurar que la niñez acceda a un entorno adecuado para su crecimiento y ejercicio pleno de derechos.
La diputada también presentó cifras del informe “Adopciones de niñas, niños y adolescentes en México (a junio de 2025)”, elaborado por REDIM, que señala que entre 2014 y 2024 el DIF Nacional recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales solo 147 fueron concluidas, es decir, 19.5%. Asimismo, se reporta que hasta el 23 de junio de 2025 existían 2,268 adopciones concluidas en todo el país.
Advirtió que, según datos de la Fundación Unido, para noviembre de 2024 más de 64 mil niñas, niños y adolescentes permanecían en centros de asistencia social, reflejando la urgencia de fortalecer los mecanismos para su integración familiar.
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