Congreso del Estado
Congreso analiza retirar carta de no antecedentes penales de los requisitos para ser chofer
La iniciativa presentada por el Partido Verde y el PT está dirigida al transporte público
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, Edgar Alejandro Anaya Escobedo y Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputados locales de San Luis Potosí e integrantes del Partido Verde Ecologista , así como René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Salvador Isaís Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado, que cambiaría los requisitos a cumplir por los operadores del transporte público ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para eliminar la carta de no antecedentes penales, y en su lugar, aprobar un examen médico, toxicológico y de capacidad visual.
Los diputados encargados de esta iniciativa expusieron que se deberá de “tener en cuenta que hay temas a corregir derivado que constitucionalmente resultan contrariados con los tiempos que hoy vivimos. Hasta hace unos meses, las líneas de transporte público que operan en la zona metropolitana de San Luis Potosí enfrentaban un severo déficit de personal, pues se opera al 70% de las plantillas laborales, de acuerdo con fuentes dedicadas a este sector”.
Los y las legisladoras establecieron que al inicio de la contingencia sanitaria se redujo la flotilla de operadores, no obstante, a lo largo de los últimos meses se ha recuperado y se ha buscado integrar nuevamente el personal, pero no se han logrado cubrir las vacantes.
Las y los congresistas agregaron que la porción normativa “de no tener antecedentes penales” contraría el derecho de igualdad por varias razones: En primer lugar, la norma viola el derecho a la reinserción social, debido a que la finalidad de la reinserción implica que las personas que salen de la cárcel puedan acceder a un empleo, por lo que el Estado no debe negar el acceso al empleo a quienes hayan cumplido con una sentencia salvo que se justifique plenamente.
En segundo lugar, la mayoría apuntó que la norma viola el derecho de igualdad, debido a que introduce una diferencia injustificada que excluye del cargo a todas las personas que tengan hasta un “mínimo antecedente penal”. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.
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Congreso del Estado
Destaca Frinné Azuara perfil y capacidad de diálogo de Ángeles Rodríguez como Secretaria General
Subraya su formación, experiencia y compromiso con la atención ciudadana
Por: Redacción
La diputada local Frinné Azuara Yarzábal reconoció el nombramiento de la Ingeniera Ángeles Rodríguez Aguirre como Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al considerar que su perfil garantiza una conducción institucional con apertura, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.
La legisladora resaltó la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos de Rodríguez Aguirre, así como su experiencia en distintas áreas de la administración municipal, lo que le permite tener una visión integral de las necesidades de la Capital y de la operación del gobierno.
Azuara Yarzábal señaló que la nueva Secretaria General cuenta con una formación sólida y una vocación de servicio que serán fundamentales para fortalecer la coordinación institucional y atender con eficacia las demandas de la población, por lo que confió en que su desempeño dará resultados positivos para San Luis Potosí.
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Congreso del Estado
Exhorta Congreso a organismos operadores de agua a mayor participación social
Tambien se exhorta a la CEA para que brinde apoyo, asesoría, seguimiento y supervisión a las instancias municipales
Por: Redacción
La diputada Nancy Jeanine García Martínez, impulsa un Punto de Acuerdo con la finalidad de exhortar a las instancias responsables de los servicios de agua potable, para que integren y pongan en funcionamiento los consejos consultivos como órganos de participación social y ciudadana, con el propósito de fortalecer la articulación de las políticas públicas en la materia.
Asimismo, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado, en su carácter de autoridad normativa, para que brinde apoyo, asesoría, seguimiento y supervisión a las instancias municipales y organismos operadores descentralizados, a fin de garantizar la adecuada integración y el funcionamiento efectivo de los consejos consultivos.
En su exposición de motivos la legisladora – presidenta también de la Comisión legislativa del agua- señala que está establecido en la Ley General de Aguas, que los tres órdenes de gobierno deberán promover la participación de todos los sectores sociales involucrados en el manejo y cuidado del agua, así como establecer mecanismos de participación ciudadana incluyentes, públicos y transparentes.
Asimismo, que las autoridades están obligadas a proporcionar información de manera oportuna, accesible, completa, gratuita y comprensible, a fin de garantizar el derecho a la participación en la gestión del agua, facilitando el diálogo y condiciones equitativas.
Congreso del Estado
Congreso busca sancionar pesca ilícita y combatir contaminación
En la Zona Huasteca es escenario de métodos depredatorios de pesca y el río Axtla sufre de contaminación indiscriminada
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de dotar al Estado de instrumentos penales específicos y reforzados para combatir la contaminación, la modificación ilícita de cauces y la pesca ilícita en ríos y cuerpos de agua interiores, con énfasis en la Huasteca potosina y en particular en la cuenca del río Axtla, sin perder de vista el conjunto de ríos y sistemas acuáticos que bañan a los municipios de la región.
Con esta reforma, se busca desalentar el uso de métodos de pesca depredatorios, promover el respeto a las vedas establecidas para especies como la acamaya, proteger la biodiversidad acuática y garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que la región huasteca es reconocida a nivel nacional e internacional por sus ríos de aguas claras, cascadas y atractivos ecoturísticos, entre los que sobresalen los sistemas de los ríos Axtla, Tampaón, Gallinas y Moctezuma, que constituyen un patrimonio natural fundamental para el Estado y para el país.
Dentro de este sistema hídrico, la cuenca del río Axtla se ha convertido en un caso emblemático por la creciente presión que enfrenta, no solo por descargas y contaminación, sino también por prácticas de pesca indiscriminada y métodos depredatorios empleados por particulares en sus márgenes y afluentes. Diversas notas periodísticas y reportes ciudadanos recientes han documentado mortandad de peces, deterioro de la calidad del agua y preocupación social por las afectaciones al río Axtla, lo que ha motivado incluso la instalación de comités de cuenca e intervenciones de autoridades ambientales para atender la problemática.
La iniciativa contempla incorporar un tipo penal de pesca ilícita dentro del Capítulo relativo a los delitos contra el ambiente, como artículo 295 Bis, a continuación del actual artículo 295 que ya tutela cuerpos de agua, humedales y cauces. Asimismo, se propone una reforma al artículo 295 para visibilizar de forma expresa la protección reforzada que merecen los ríos, lagunas, humedales y cuerpos de agua de la región Huasteca Potosina, sin alterar el catálogo de conductas punibles ya previstas en dicho artículo.
Las sanciones propuestas en el nuevo artículo 295 Bis —uno a cuatro años de prisión y trescientos a dos mil días multa en su tipo básico; tres a ocho años de prisión y mil quinientos a cuatro mil días multa en los supuestos agravados— guardan proporcionalidad con el resto de los delitos ambientales previstos en el Código Penal estatal y con el estándar federal para delitos contra la biodiversidad.
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