Congreso del Estado
Congreso analiza la creación de una brigada de Protección Civil para sismos
La brigada estaría integrada por el personal que labora en los edificios legislativos que será capacitada para aplicar los protocolos debidos
Por: Redacción
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado analizará la creación de una Brigada Interna de Protección Civil, que actuará cuando se presenten contingencias como las recientes por los sismos que tuvieron presencia en San Luis Potosí.
José Luis Fernández Martínez, presidente de la Jucopo, dijo que la brigada estaría integrada por el person al que labora en los edificios legislativos, que será capacitada y estará lista para aplicar los protocolos dictados por Protección Civil. 
El diputado también dio a conocer que el próximo lunes 26 de septiembre, el gobernador José Ricardo G allardo Cardona acudirá al Congreso del Estado a entregar su Primer Informe de Gobierno como lo establece la Constitución Política del Estado. 
Posteriormente, la Junta de Coordinación Política tomará un acuerdo para llamar a comparecer a los funcionarios que considere pertinentes, entre ellos, los titulares de la Secretaría de Educación, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Obras y de la Secretaría de Salud, entre otros que se determinen.
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La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.
Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.
El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos
Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.
Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.
Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.
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Diputada plantea reformas para castigar discriminación y explotación contra jornaleros, migrantes y personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación en el ámbito laboral, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas, o que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado y al Código Penal del Estado.
La legisladora señaló que es indispensable fortalecer la protección de estos grupos debido a que están expuestos a diversos abusos laborales, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, porque históricamente han sufrido discriminación o porque enfrentan alguna discapacidad.
De esta manera, se propone reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, para establecer como obligaciones de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y en materia laboral, garantizar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen cualquier tipo de discriminación, así como el ac oso y el hostigamiento de carácter sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención.
Esto, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas
También se propone adicionar el artículo 350 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el apartado de protección de los derechos laborales, dentro del capítulo denominado Delitos contra el Derecho de los Trabajadores. Este artículo tipifica conductas realizadas por el patrón como entregar cantidades inferiores al salario mínimo legal; pagar salarios en mercancías; retener, total o parcialmente, los salarios como sanción económica o por cualquier motivo no autorizado legalmente; u obligar a los trabajadores a realizar jornadas sin descanso que excedan los límites establecidos por la ley.
En este sentido, la iniciativa propone incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando la víctima sea persona trabajadora del campo, migrante, persona con discapacidad, persona indígena o afromexicana, o pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.
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Congreso del Estado
Proponen centros de cuidado infantil gratuitos cerca de parques industriales de SLP
El objetivo es que el salario alcance más, reducir la pobreza laboral y facilitar que madres y padres continúen trabajando
Por: Redacción
Con el objetivo de incentivar la creación de centros de cuidado infantil en zonas de alta densidad industrial, la diputada Sara Rocha Medina propuso iniciativa de modificación a la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
La legisladora señala que se busca incentivar que las empresas, en coordinación con el Estado, instalen centros de cuidado en o cerca de las zonas industriales, estableciendo mecanismos para que el personal operativo no tenga que pagar por estos servicios, permitiendo que su salario rinda más para alimentación y otras necesidades básicas.
La legisladora señaló que resulta importante asegurar que la ubicación de estos centros en zonas industriales sea validada bajo criterios estrictos de Protección Civil, evitando riesgos por la actividad fabril colindante.
“Al subsidiar o hacer gratuitos estos servicios en zonas industriales, el Estado de San Luis Potosí no solo estará cumpliendo con el derecho humano a la educación inicial, sino que estará implementando una política de combate a la pobreza efectiva, directa y que fortalece la competitividad de nuestras empresas
La inversión en servicios públicos de cuidado de la primera infancia tiene beneficios a corto y largo plazo. En el corto plazo, estos servicios permiten a las madres tener un trabajo remunerado fuera del hogar, mientras que en el largo, contribuyen al desarrollo integral infantil.
Uno de los gastos más onerosos para las familias trabajadoras es el cuidado infantil. La falta de opciones accesibles y cercanas a los centros de trabajo no solo merma la economía familiar, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral y aumenta el ausentismo en las empresas.
La iniciativa contempla también incorporar el concepto de pobreza laboral, reconocido como el indicador que permite estimar el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al valor monetario de una canasta alimentaria.
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