A los acompañantes de Alejandro N se les permitió el acceso a una sala privada durante el desarrollo de su audiencia en el Centro de Justicia Penal en La Pila

Por: Ana Dora

El juez Juan David Ramos determinó vincular a proceso a Alejandro N., por su presunta participación en la violación de un menor que, presuntamente, se encontraba bajo resguardo del DIF estatal en San Luis Potosí.

Durante casi doce horas se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma en donde el abogado defensor Rafael Aguilar y la Fiscalía General del Estado, representada por Juana María Castillo Ortega, desahogaron pruebas documentales; sin embargo, el juez consideró que había elementos suficientes para iniciar juicio y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Alejandro N., fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) el miércoles 23 de octubre en el Club Deportivo Potosino al poniente de la cuidad, y horas después fue traslado al Centro de Reinserción Social de La Pila, donde permanecerá recluido durante la investigación complementaria y el juicio, para el caso en que no solicite un procedimiento abreviado.

El ahora imputado se desempeñó como titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal hasta su detención, también es fundador de la asociación civil Instituto Para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, y fue galardonado por el Congreso del Estado en el año 2012 con la Presea al Mérito Plan de San Luis y fungió como enlace entre asociaciones civiles y el DIF Estatal.

Tratamiento VIP para la familia del acusado

Por: Redacción

Durante las casi 12 horas que duró la audiencia de vinculación a proceso, a los acompañantes de Alejandro N se les permitió acceder a una sala privada en el Centro Integral de Justicia Penal, ubicada en el C entro de Readaptación Social de La Pila y asignada a la Fiscalía General del Estado, según un rótulo en el marco de la puerta. 

Hace unos meses, este medio pudo atestiguar cómo esa misma sala se abrió para albergar a los familiares de un joven asesinado el 5 de mayo de 2017 en el exclusivo Fraccionamiento Campestre.

Aunque en aquel caso, el grupo de familiares y abogados se ubicó en la posición de la víctima; ambos tienen en común el poder económico, así como lazos con figuras del poder público, lo que hace notorio el trato diferenciado que se recibe en instancias públicas de acceso a la justicia en el estado. 

Para la presunta víctima, condena social; para el acusado, hasta misa

Desde que se dio a conocer la detención del exfuncionario del gobierno estatal, a través de redes sociales, usuarios cercanos a su familia y la de su esposa, así como una asociación civil fundada por él, han emprendido una campaña de defensa utilizando como argumento la labor social por la que, incluso, ha recibido reconocimientos de los diferentes órganos de gobierno.

A ello se suman también convocatorias a través de WhatsApp para realizar misas en su honor, presuntamente convocadas por autoridades eclesiásticas radicadas en la capital del estado.

También a través de ese servicio de mensajería, un familiar directo de Alejandro N, habría hecho circular un mensaje en el que acusó a la presunta víctima de ser un delincuente juvenil con la intención de causarle daño al exfuncionario público, quien a partir de ahora permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila en San Luis Potosí.

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