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¿Cómo pasó Gallardo de estar en el lugar 32 al noveno de Consulta Mitofsky?
Los analistas Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo hacen una revisión del cambio a partir de la estrategia de comunicación y las políticas públicas del gobernador
Por: Ana G Silva
El ranking de Consulta Mitofsky “Gobernadores y Gobernadoras de México” ubicó a Ricardo Gallardo Cardona, mandatario estatal de San Luis Potosí, en el top diez entre quienes tienen los mayores niveles de aprobación ciudadana; no solo eso, el gobernador potosino pasó de estar el sitio 32 al noveno en solo nueve meses. La Orquesta consultó con Israel LM Elizondo y Oswaldo Ríos, analistas políticos para conocer sus opiniones sobre este tema y qué tan confiable es el instrumento de medición. Ambos indicaron que el jefe del ejecutivo estatal sí ha mejorado su aprobación entre la ciudadanía y la clave de ello ha sido ocupar todos los espacios de la agenda pública.
Israel LM Elizondo destacó que el gobernador llegará muy fuerte a su primer informe de gobierno, pues ha tenido una buena relación con la prensa y acercamiento apropiado con la ciudadanía a través de sus redes sociales: “Con Twitter con un poco más de seriedad y en Facebook ha mostrado cercanía cuando escribe ‘ahijados, ahijadas’”.
Oswaldo Ríos indicó que las acciones realizadas por Ricardo Gallardo han sido efectivas y se nota “un cambio radical” respecto a la administración pasada, encabezada por Juan Manuel Carreras. Coincidió en que llegará fortalecido a su primer informe de gobierno, ya que ha implementado políticas públicas de alto impacto que alcanzan a los sectores intermedios de la sociedad: “Gallardo tiene un esquema de gobernanza muy eficaz, con el Congreso y con los ayuntamientos ni se diga, con el propio Galindo”.
Los analistas concordaron en que el gran tema en el que se debe de trabajar es el de la seguridad, debido a que existe un fenómeno criminológico que se vive en todo el estado gracias a la delincuencia organizada 
“Gallardo con la Guardia Civil y la adquisición de patrullas, equipo armamento, la convocatoria con nuevos elementos ha hecho un esfuerzo y lamentablemente el gobierno federal no le está entrando al tema en San Luis y eso está provocando que haya una dinámica muy complicada en materia de seguridad. Le afecta esta política fallida de López Obrador de “Abrazos no balazos”, que está teniendo saldos desastrosos y no solo en San Luis Potosí, en todo México y eso afecta en la percepción de las entidades federativas”, remarcó Ríos.
LM Elizondo agregó que también llama la atención el tema de las finanzas públicas, pues pareciera que se está endeudando y espera que esto sea responsabl 
“No supieron ser sensibles con el tema de la ciclovía y con el tema de los árboles, en una de sus declaraciones hizo una fuerte crítica a la ciclovía, pero parecía un tema personal con Nava. Creo que esta visión de Gallardo y Galindo de priorizar el coche les falló en la lectura que para las nuevas generaciones el tema del medio ambiente y la movilidad es prioritario, tienen conciencia ecológica como centennials y millennials, y más porque es un representante del Partido Verde”.
Al cuestionar a los analistas sobre las tres cosas más representativas del gobierno de Gallardo: Israel LM Elizondo resaltó la remodelación del Parque Tangamanga I, al crear un espacio público para jóvenes y niños, además de que las personas pueden hacer ejercicio durante la noche; la segunda será concretar el puente Rocha Cordero, ahora avenida Potosí; y la tercera, la realización de la Feria Nacional Potosina, que puede resultar exitosa: “En ese aspecto a la gente le gustaría un tema de transparencia, porque traer a esos artistas no sale nada económico”.
Por su parte, Oswaldo Ríos destacó el tema de la creación del Consejo Potosí, porque marca una nueva manera de hacer política en el estado, especialmente por la deficiencia que tenían los grupos empresariales hacia el gobernador; el segundo tiene que ver con la política social, pues implementa programas que generan una nueva relación con el gobierno y la ciudadanía, particularmente con los sectores más vulnerados de la sociedad; y la tercera tendría que ver con el tema de la obra pública:
“Hace muchísimo que un gobernador no realizaba esta cantidad así de obra en la capital, hace años que los gobernadores no le metían un peso a la capital y eso es muy importante, la coordinación y la obra pública”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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