Estado
Comisiones en el Congreso aprueban reformar artículo 96 Constitucional de SLP
Con dicha reforma se obligaría al titular del Poder Ejecutivo a presentar una nueva terna para el magistrado del Poder Judicial si la primera es rechazada por el Congreso
Por: Redacción
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso aprobaron el dictamen de la iniciativa mediante la que se plantea reformar el artículo 96 en sus párrafos segundo y tercero de la Constitución de SLP para evitar actos autoritarios e imposiciones del titular del Poder Ejecutivo y obligarlo a presentar una nueva terna para el el magistrado del Poder Judicial si es que la primera no ha sido aprobada por el Congreso.
El dictamen turnado en su momento al Pleno del Poder Legislativo para ser analizado y discutido, se propone que en caso de que el Congreso del Estado rechace la propuesta, el Gobernador del Estado presentará una nueva en los términos del párrafo anterior, en la que de ninguna manera podrá incluirse a las personas propuestas en la primera; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado.
Además, cuando cese o concluya el ejercicio de una magistratura por cualquier causa, el Ejecutivo presentará al Congreso las respectivas propuestas, cuando menos 60 días antes del cese o conclusión del encargo. 
“Que se especificará el significativo de nueva terna, es decir, cuando el pleno no acepte la que envió el Ejecutivo, no bastará con que sustituya un perfil no aceptado, sino que debería enviar una totalmente nueva, con tres propuestas distintas a la original y de esta manera, los legisladores podrán tomar una decisión, dejando de lado cualquier tipo de presión o imposición” fue lo aprobado por dichas comisiones.
En la exposición de motivos dice que “la presente reforma propone que el texto anterior al darse la hipótesis de una segunda terna el ejecutivo puede imponer a funcionarios o personas que ya fueron rechazadas en una terna anterior y coaccionar o presionar al legislativo a elegir respecto de personas que resultaron no ser aptas en una elección anterior, pero que sin embargo se nos presiona a elegir de una imposición bajo el argumento de que si no elegimos el ejecutivo tiene la facultad de elegirlo”.
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La iniciativa de Sara Rocha plantea sanciones por pasear animales sin correa, no recoger sus heces y omitir medidas de seguridad
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para establecer multas a propietarios de animales de compañía que incumplan las medidas de seguridad e higiene en espacios públicos de San Luis Potosí.
La propuesta busca reformar los artículos 16 y 17 de la Ley de Protección a los Animales del Estado y contempla sanciones de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes no cumplan las disposiciones sobre el manejo de sus mascotas al transitar por espacios públicos.
Entre las obligaciones planteadas está llevar a los animales sujetos con collar y correa. En el caso de aquellos considerados agresivos o entrenados para el ataque, también se exigiría el uso de bozal.
La iniciativa establece además multas de 10 a 50 UMAs para quienes no recojan las heces de sus animales en la vía pública. Las personas responsables tendrían que portar papel, un contenedor u otro accesorio para cumplir con esta obligación.
Rocha Medina señaló que tener un animal de compañía, domesticado o de asistencia implica asumir responsabilidades permanentes sobre su salud, bienestar y seguridad. La propuesta también contempla cumplir con las medidas sanitarias correspondientes y precisa que las multas no excluirían posibles responsabilidades civiles o penales ni la reparación de daños derivados de algún incidente.
Asimismo, plantea que las personas sancionadas que no cuenten con recursos económicos para pagar las multas puedan acceder a una conmutación por arresto o trabajo en favor de la comunidad, conforme a la normatividad aplicable.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, donde será analizada. Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de una disposición aprobada.
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El morenista rindió protesta durante la sesión del Consejo Nacional, en la que 17 representantes estatales asumieron esta responsabilidad
Por: Redacción
Elí César Cervantes Rojas rindió protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, en la que 17 coordinadores estatales asumieron esta responsabilidad.
La toma de protesta estuvo a cargo de Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, quien llamó a los nuevos coordinadores a privilegiar el interés colectivo sobre las aspiraciones personales, fortalecer la unidad del movimiento e integrar a los distintos liderazgos.
Durante el encuentro, Durazo también destacó la importancia del diálogo y la colaboración, al señalar que el trabajo político debe tener como prioridad al pueblo.
Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, subrayó la necesidad de reforzar la organización territorial, mantener la cercanía con las comunidades y promover la formación política.
En representación de San Luis Potosí acudió Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quien ha llamado a sumar esfuerzos y mantener abiertas las puertas del movimiento a quienes comparten sus principios y causas.
Con este nombramiento, Cervantes Rojas asumirá la coordinación de los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en territorio potosino, con énfasis en la organización, el diálogo y la participación colectiva.
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La iniciativa de Cuauhtli Badillo plantea incorporar el delito de ecocidio al Código Penal estatal, con multas de hasta 10 mil UMAs y sanciones mayores cuando haya daños en áreas naturales protegidas o participación de servidores públicos
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de San Luis Potosí, con penas de seis a 14 años de prisión y multas de cinco mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se provoquen daños graves, sustanciales o irreparables al medio ambiente.
La propuesta busca sancionar conductas que ocasionen la destrucción de ecosistemas, la alteración de sus funciones ecológicas, la afectación de especies endémicas o en peligro de extinción y la contaminación de cuerpos de agua o suelos con sustancias y residuos peligrosos.
De acuerdo con la iniciativa, se consideraría ecocidio la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie igual o mayor a 10 hectáreas, así como las afectaciones que alteren sustancialmente sus funciones ecológicas durante al menos cuatro meses continuos.
El proyecto también contempla sanciones para quienes dañen el hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción, cuando la afectación ponga en riesgo su supervivencia o su viabilidad genética y poblacional. Asimismo, incluye la contaminación de aguas superficiales, subterráneas, acuíferos o suelos mediante descargas o depósitos no autorizados de sustancias peligrosas.
Las penas podrían incrementarse hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, así como en zonas declaradas de restauración ecológica.
En caso de que un servidor público cometa, permita o encubra el ecocidio, con conocimiento de la ilegalidad o de la inminencia del daño, la iniciativa plantea aumentar las penas hasta en una mitad, además de su destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La propuesta establece también que las personas físicas o jurídicas responsables estarían obligadas a la reparación integral del daño ambiental, con prioridad en la restitución y restauración de los ecosistemas afectados, independientemente de las sanciones penales y económicas.
Badillo Moreno argumentó que la falta de esta figura penal en la legislación local deja al medio ambiente vulnerable ante actividades de explotación que pueden ocasionar la pérdida de la riqueza biológica del estado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis.
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