octubre 29, 2026

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CIDH responsabiliza a EU por muerte de inmigrante potosino

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Fue golpeado y electrocutado por agentes fronterizos mientras estaba esposado; el fallo es histórico, pues es la primera vez que la CIDH declara a EU responsable por una ejecución extrajudicial

Por: Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución sin precedentes al responsabilizar internacionalmente al Gobierno de Estados Unidos por la muerte del inmigrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien falleció en 2010 tras ser golpeado brutalmente por agentes de la Patrulla Fronteriza.

En una conferencia de prensa celebrada en San Diego, los abogados de la familia de Hernández Rojas anunciaron el fallo, considerado histórico por ser la primera vez que la CIDH declara a Estados Unidos responsable por una ejecución extrajudicial.

“Los agentes de la CBP torturaron y mataron a Anastasio, y después no se investigó de forma completa ni imparcial”, señaló Roxanna Altholz, abogada del caso y directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, tenía más de 20 años viviendo en San Diego y era padre de cinco hijos estadounidenses. Fue detenido en la garita de San Ysidro y, ya esposado, fue sometido por al menos doce agentes que lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas. Videos grabados por testigos muestran al hombre suplicando ayuda, mientras oficiales se arrodillaban sobre su cuello y espalda. Su muerte fue clasificada como homicidio por el forense local.

Su viuda, María Puga, agradeció públicamente a la CIDH por haber creído en su familia: “Hoy queda claro que Anastasio fue asesinado. Esta resolución, un día antes de su cumpleaños 57, es su regalo hasta el cielo”.

Andrea Guerrero, directora de la organización Alianza San Diego, subrayó que el fallo de la CIDH expone no solo el asesinato, sino el encubrimiento posterior por parte de las autoridades estadounidenses. Aunque la CBP exoneró a los agentes implicados, el Departamento de Justicia indemnizó a los hijos menores del inmigrante, todos ciudadanos estadounidenses.

Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, destacó la lucha de más de una década por parte de la familia y organizaciones civiles para lograr justicia: “Este caso es un parteaguas. Marca una hoja de ruta para otros abusos cometidos en la frontera”.

La abogada Altholz recordó que la CIDH aún tiene en revisión otros casos de muertes similares a manos de agentes fronterizos, y que el caso de Hernández Rojas podría sentar un precedente en la rendición de cuentas internacional.

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Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos

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Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto

Por: Ana G Silva

El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.

Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.

Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.

Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%

del monto.

La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.

Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.

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Ciudad

En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento

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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.

Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.

El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.

Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días

para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.

Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.

Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.

Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.

Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.

También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo

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Segam reconoce que mide solo parte de la calidad del aire

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Sonia Mendoza dijo que el aire se complica en horas pico y que el frío puede acumular contaminantes

Por: Redacción

Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), reconoció que el monitoreo de la calidad del aire en San Luis Potosí da “un panorama incompleto” del estado.

Según ella, con la información disponible, el estado ha tenido buena calidad del aire este año. La excepción son las horas pico: por la mañana, cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, y a la hora de salida del trabajo.

Hoy el estado opera cinco casetas de monitoreo. En su Quinto Informe, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó 2.1 millones de pesos este año para mantenerlas y operarlas. También reportó 1.1 millones para la primera etapa del ProAire, el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

Para 2027, Segam pidió dos casetas

más, de unos 6 millones de pesos cada una. Forman parte de un aumento presupuestal que Mendoza Díaz estimó en alrededor de 30 millones.

Las cámaras empresariales piden lo mismo. A mediados de octubre, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dijo que lo que más preocupa a los empresarios en la mesa ambiental con el Gobierno del Estado es que se instale otra estación de monitoreo.

Sobre la temporada de frío, la funcionaria advirtió que en esos meses la contaminación se estabiliza y puede acumularse. “Esperemos que no tengamos mala calidad del aire en estos tiempos”, dijo.

También lee: “El tema no se trata de multas”: Sedeco ante propuestas ambientales de empresarios

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Opinión

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