diciembre 3, 2025

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CIDH responsabiliza a EU por muerte de inmigrante potosino

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Fue golpeado y electrocutado por agentes fronterizos mientras estaba esposado; el fallo es histórico, pues es la primera vez que la CIDH declara a EU responsable por una ejecución extrajudicial

Por: Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución sin precedentes al responsabilizar internacionalmente al Gobierno de Estados Unidos por la muerte del inmigrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien falleció en 2010 tras ser golpeado brutalmente por agentes de la Patrulla Fronteriza.

En una conferencia de prensa celebrada en San Diego, los abogados de la familia de Hernández Rojas anunciaron el fallo, considerado histórico por ser la primera vez que la CIDH declara a Estados Unidos responsable por una ejecución extrajudicial.

“Los agentes de la CBP torturaron y mataron a Anastasio, y después no se investigó de forma completa ni imparcial”, señaló Roxanna Altholz, abogada del caso y directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, tenía más de 20 años viviendo en San Diego y era padre de cinco hijos estadounidenses. Fue detenido en la garita de San Ysidro y, ya esposado, fue sometido por al menos doce agentes que lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas. Videos grabados por testigos muestran al hombre suplicando ayuda, mientras oficiales se arrodillaban sobre su cuello y espalda. Su muerte fue clasificada como homicidio por el forense local.

Su viuda, María Puga, agradeció públicamente a la CIDH por haber creído en su familia: “Hoy queda claro que Anastasio fue asesinado. Esta resolución, un día antes de su cumpleaños 57, es su regalo hasta el cielo”.

Andrea Guerrero, directora de la organización Alianza San Diego, subrayó que el fallo de la CIDH expone no solo el asesinato, sino el encubrimiento posterior por parte de las autoridades estadounidenses. Aunque la CBP exoneró a los agentes implicados, el Departamento de Justicia indemnizó a los hijos menores del inmigrante, todos ciudadanos estadounidenses.

Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, destacó la lucha de más de una década por parte de la familia y organizaciones civiles para lograr justicia: “Este caso es un parteaguas. Marca una hoja de ruta para otros abusos cometidos en la frontera”.

La abogada Altholz recordó que la CIDH aún tiene en revisión otros casos de muertes similares a manos de agentes fronterizos, y que el caso de Hernández Rojas podría sentar un precedente en la rendición de cuentas internacional.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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