El Poder Judicial reconoció que muchos internos en SLP no han tenido audiencia; se buscará acelerar procesos mediante juicios abreviados

Por: Redacción

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Poder Judicial del Estado, reconoció que aunque los centros penitenciarios de San Luis Potosí registran un aumento constante en su población, gran parte de las personas privadas de la libertad aún no han tenido audiencia ni sentencia, debido a la saturación del sistema judicial.

Durante una entrevista, Zarazúa explicó que el incremento de internos no refleja necesariamente un avance en la impartición de justicia, si no el inicio de procedimientos que podrían tardar meses o incluso años en resolverse.

“Si la Fiscalía lo toma como un logro, significa que apenas se aprendiera; estamos apenas al inicio del procedimiento”, señaló.

La magistrada reconoció que los juzgados enfrentan una sobrecarga de audiencias orales, lo que ha generado retrasos significativos.

“Estamos saturados en cuanto a audiencias. Tenemos que buscar soluciones para que se lleven de manera más ágil y no se pospongan por cuestiones propias del juzgado”, afirmó.

El rezago judicial no solo ralentiza los procesos, sino que agrava la situación en los penales, donde crece el número de personas que permanecen en prisión preventiva sin que su caso avance. Este fenómeno contrasta con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los países a reducir el número de reclusos sin sentencia.

Ante esta situación, la presidenta del Poder Judicial anunció que se busca impulsar procedimientos abreviados y mejorar la calendarización de audiencias para desahogar los casos más antiguos.

“Habrá que hacerlo en todos aquellos que se puedan abreviar, siempre atendiendo la naturaleza del delito y las condiciones del proceso”, puntualizó.

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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la SSPCE asegura que en San Luis Potosí no hay amenazas directas a ediles o líderes religiosos

Por: Redacción

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado fin de semana, las autoridades de San Luis Potosí descartaron que existan solicitudes específicas de protección por parte de alcaldes o líderes religiosos en el estado.

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal (SSPCE), informó que la Guardia Civil Estatal mantiene presencia activa en los 59 municipios de la entidad a través de nuevas bases operativas, y que hasta el momento ningún funcionario ha reportado amenazas directas por parte de grupos delictivos.

“Lo máximo que nos han pedido es estar pendientes de sus municipios. No hay alguna situación específica de seguridad de algún funcionario”, señaló el secretario.

Juárez Hernández precisó que las peticiones más frecuentes de los ayuntamientos se centran en el refuerzo de vigilancia general, no en la asignación de escoltas personales. Mencionó que las policías municipales brindan seguridad directa a los alcaldes, mientras que la Guardia Civil apoya con patrullajes coordinados.

En cuanto a las instituciones religiosas, el funcionario reconoció que sí existe personal comisionado para brindar apoyo a Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí

durante sus traslados y actividades públicas, aunque reiteró que se trata de medidas preventivas y no de una situación de riesgo particular.

“Tenemos personal con el arzobispo, cubriendo sus necesidades de seguridad en sus traslados o eventos”, explicó.

El titular de la SSPCE destacó que en los últimos meses se han abierto nuevas bases operativas en municipios estratégicos como Villa de Arista, Venado, Santo Domingo, Villa de Ramos, Real de Catorce, Cárdenas, Villa de Reyes y La Pila, y adelantó que se planea ampliar la cobertura hacia la Huasteca sur con tres nuevas bases.

La SSPCE aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ante el contexto nacional de violencia contra autoridades municipales, donde varios alcaldes y servidores públicos han sido víctimas de ataques armados en lo que va del año.

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De 9 hospitales que supuestamente ofrecen la ILE, varios no la realizan y uno de cada tres médicos se declara objetor de conciencia

Por: Redacción

Hace un año, San Luis Potosí celebraba un avance histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el derecho a decidir sigue siendo, para muchas mujeres y personas gestantes, un privilegio y no una garantía.

La colectiva ILE San Luis Potosí presentó un balance sobre el acceso real a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), resultado de una investigación basada en solicitudes de información pública y visitas directas a hospitales.

De acuerdo con los datos oficiales entregados por los Servicios de Salud del Estado, solo nueve hospitales o unidades médicas realizan el procedimiento de ILE en todo San Luis Potosí. El problema, denuncian las activistas, es que varios de esos hospitales no brindan el servicio en la práctica, pese a figurar en los registros institucionales.

Por ejemplo, el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que opera bajo el esquema IMSS-Bienestar, se negó a ofrecer el servicio a las solicitantes, argumentando que “la mayoría del personal médico es objetor de conciencia”.

En total, la colectiva identificó que, de 107 puestos médicos en hospitales habilitados, uno de cada tres profesionales se niega a realizar el procedimiento. En el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de 17 médicos y enfermeros se reportaron como objetores.

“Esta objeción de conciencia institucionalizada es una forma de negar derechos. Si el personal no está capacitado o se niega, la ley se vuelve letra muerta”, advirtieron.

El segundo hallazgo de la investigación es la falta de transparencia

en los registros de los Servicios de Salud. De acuerdo con la respuesta oficial recibida el pasado 22 de octubre, desde la entrada en vigor de la despenalización —entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025— se registraron 132 interrupciones del embarazo .

Pero de ese total, el 100% corresponde a causales médicas, es decir, ninguno fue catalogado como interrupción voluntaria, pese a que la ley permite esta opción desde hace un año. De las 132 interrupciones, 127 fueron por riesgo a la salud de la madre y cinco por malformación congénita.

“Sabemos de casos de mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria y que sí fueron atendidas, pero en los registros oficiales se invisibiliza su decisión. Esto muestra la resistencia institucional para reconocer el aborto como un derecho y no solo como una emergencia médica”, explicó la colectiva.

La Secretaría de Salud, además, omitió responder a la solicitud sobre el número de quejas o denuncias presentadas por usuarias ante la negativa o mala atención en los hospitales.

El panorama que presentan las activistas revela una brecha profunda entre la ley y la realidad. Aunque el aborto es legal en San Luis Potosí desde octubre de 2024, las instituciones no garantizan su acceso pleno, ni difunden información suficiente, ni aseguran personal capacitado y no objetor.

La colectiva ILE sostiene que los obstáculos no son casuales, sino estructurales. Desde la falta de capacitación, la omisión de registros voluntarios, hasta la opacidad informativa, todo apunta a una resistencia institucional para implementar un derecho conquistado por años de lucha feminista.

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