Los trabajadores inconformes adelantaron más movilizaciones y no descartaron frenar actividades en los hospitales

Por: Redacción

Los trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron la nueva propuesta de aumento salarial de 8% que anunció este miércoles el director del Instituto, Zoé Robledo. “Ese 8% para nosotros es una burla”, dijo Rubio Arteaga, trabajador del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Valles.

La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos, aceptó la propuesta. Olivos dijo que el acuerdo “equilibra las aspiraciones de la base trabajadora con la viabilidad financiera de la institución”. El sindicato no ha informado si someterá el acuerdo a consulta de los trabajadores, como ocurrió con la oferta anterior.

Rubio Arteaga se presentó como uno de los “37 más uno” que organizan el movimiento a nivel nacional y dijo que representa a la sección 18. Aseguró que no pertenece a ningún partido y que no busca ningún cargo.

“4% no sirve absolutamente para nada”

Según su versión, el 8% se divide en 4% al tabulador, que es el sueldo base y el que cuenta para la pensión, y 4% a las prestaciones del llamado Concepto 11. “El 4% no sirve absolutamente para nada, no es significativo, seguimos en lo mismo”, dijo. La base, recordó, exige 10% directo al tabulador como mínimo. El IMSS no ha detallado públicamente cómo se reparte el aumento.

El 14 de octubre, los trabajadores sindicalizados rechazaron en consulta la primera propuesta, de 6.8%: 2.9% al tabulador y 3.9% al Concepto 11.

Congreso Extraordinario y más movilizaciones

Rubio Arteaga dijo que el salario no es la única demanda. Los inconformes exigen que el SNTSS convoque a un Congreso Nacional Extraordinario, su máximo órgano de decisión, para frenar la reforma al artículo 136 bis, que llamaron “ley mordaza”. También piden que la aportación a las Afores se vaya directo al salario y que se retiren los dirigentes “que no nos representan”.

Adelantó más marchas y otras acciones que no quiso detallar “porque el gobierno va a decir”. Sobre si podrían frenar actividades en los hospitales, respondió: “Sí, puede ser también, porque nos están obligando”. Por ahora, dijo, siguen atendiendo a los pacientes porque “privilegiamos la vida”.

Medicamentos: “que hagan auditoría a los jefes”

Ante señalamientos de que personal médico se lleva medicinas, pidió auditar a funcionarios y jefes, que, dijo, manejan los medicamentos “a discreción”. También pidió revisar a los proveedores del Instituto.

Sobre la reciente visita de la delegada a Ciudad Valles, dijo que fue una “avanzada” para preparar una visita de la Presidenta y “maquillar” las supervisiones.

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Jesús Juárez puso como ejemplo a dos policías municipales de San Vicente detenidos con un arma que no es de cargo

Por: Redacción

La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien pidió a los ayuntamientos asumir su parte.

Al preguntarle en qué se basa, respondió que en los análisis de la mesa de coordinación y en las estadísticas. La Guardia Civil Estatal suma miles de detenciones, sobre todo de personas dedicadas a la venta de droga, mientras que la mayoría de los municipios no hace ese tipo de arrestos: «hay unas honrosas excepciones», dijo.

En la zona metropolitana, y sobre todo en la capital, lo que más pesa en las estadísticas son delitos del fuero común: violencia familiar, riñas, robo a transeúntes y robo al interior de vehículos. Juárez Hernández dijo que también son responsabilidad del Estado, pero que atenderlos le toca sobre todo a la policía municipal.

«Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo. Advirtió que si los municipios no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales».

Reconoció que las corporaciones de la zona metropolitana han logrado buenas detenciones de personas dedicadas a la venta de drogas. Pero sostuvo que, con mejor coordinación, se podría hacer mucho más, sobre todo contra la violencia familiar.

Como ejemplo de lo que cuestiona, citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo. Según el secretario, uno de ellos está contratado formalmente y el otro no. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por eso, entre las propuestas que dejó al Congreso después de su comparecencia por la Glosa del Quinto Informe, planteó crear soportes jurídicos para obligar a los alcaldes y a los directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Explicó que en los municipios alejados el tiempo y la distancia le impiden al Estado sostener una base operativa completa, y que esa tarea la podrían cubrir los ayuntamientos.

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Jesús Juárez dijo que el grupo que llegó a confrontar al grupo local pudo entrar por una brecha desde Veracruz, aunque no lo aseguró

Por: Redacción

Pablo Jonguitud, alcalde de Tanquián de Escobedo, sería llamado a declarar por los dos vehículos asegurados tras los enfrentamientos del sábado 17 de octubre. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El propio alcalde reconoció que esos vehículos estaban en su posesión.

«Seguramente, al estar el señor presidente reconociendo que tenía en posesión esos dos vehículos, será llamado a rendir su declaración», dijo. Al preguntarle si el alcalde tiene relación con los hechos, respondió que él no podría decirlo y que eso le corresponde a las fiscalías.

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) investigará la agresión, a los detenidos, el origen de los vehículos y su relación con los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, que es delito federal. Juárez Hernández explicó que la SSPC es una corporación preventiva: su actuación terminó con la detención y la puesta a disposición mediante un Informe Policial Homologado (IPH).

Según el secretario, hubo dos hechos. En el primero se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas largas, un lanzagranadas y cuatro vehículos, todos con impactos de bala. Los vehículos quedaron asegurados como indicios del delito.

Juárez Hernández describió lo ocurrido como el choque entre un grupo local y otro que intentó confrontarlo, y dijo que la presencia de la Guardia Civil Estatal evitó una tragedia. Sobre el origen del segundo grupo, dijo que la percepción de la SSPC es que pudo entrar «por alguna brecha desde Veracruz». Aclaró que no lo asegura con certeza y que lo determinarán las investigaciones de la Policía de Investigación

Aun así, consideró que la Huasteca no tiene focos rojos. Explicó que el Escudo Potosí y los grupos operativos tácticos trabajan en los límites con Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas. En la colindancia con Veracruz, frente a El Higo, Tempoal y Tantoyuca, hay patrullajes y un punto de atención ciudadana en el camino de San Vicente a El Higo.

El Escudo Huasteco, en cambio, «no será permanente al 100%», dijo. Explicó que se diseñó por una situación focalizada y que podrá reconsiderarse una vez que baje la incidencia y se desarticulen más células. El Escudo Potosí sí está pensado para todo el estado. El 11 de septiembre, el propio Juárez Hernández había confirmado que el Escudo Huasteco, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se volvería permanente en Ciudad Valles y la Huasteca.

El 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el Gobierno del Estado asumió la seguridad de Tanquián. Según dijo entonces, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que policías municipales y personal del Ayuntamiento participarían en el grupo local.

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