Más de mil 500 habitantes podrán recibir terapias sin trasladarse fuera del municipio

Por: Redacción

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, en coordinación con el DIF Estatal, inauguró la primera Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del municipio, con una inversión de nueve millones de pesos. La obra beneficiará a más de mil 500 habitantes, principalmente personas con discapacidad y sus familias, que antes debían trasladarse a otros municipios para recibir atención.

La presidenta concejal, Paty Aradillas Aradillas, encabezó la inauguración. La acompañaron la directora del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado; la directora del DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, María del Pilar Cardona Reyna, y la senadora Ruth González Silva.

Aradillas Aradillas destacó que la obra responde a una necesidad que por años permaneció sin atender. Informó que la UBR, construida a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Institucional, ofrecerá servicios de medicina general

, atención dental, fisioterapia, hidroterapia, equinoterapia, terapia ocupacional y de lenguaje, con equipo profesional y personal especializado.

La unidad tiene una superficie de 3 mil 808 metros cuadrados, distribuidos en consultorios, cubículos de tratamiento, áreas de terapia, patio central, ruedo, caballerizas y módulos de servicios. Según la presidenta concejal, la infraestructura fue diseñada para garantizar condiciones de accesibilidad y atención de calidad.

Finalmente, Aradillas Aradillas señaló que la apertura de la primera UBR representa esperanza, oportunidades y tranquilidad para cientos de familias. Refrendó el compromiso de construir un municipio donde nadie se quede atrás.

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El presidente municipal aseguró categóricamente que el gobierno capitalino no ha recibido un solo peso adicional que provenga del estado. Consideró que el gobernador está desinformado

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que demuestre que el estado entregó recursos adicionales al Ayuntamiento. Si le prueban, por ejemplo, que en 2026 recibió 100 millones de pesos, dijo, “hasta pido una disculpa”, aunque sostuvo “categóricamente” que no hay un peso adicional.

Galindo respondió así a la intención del gobernador de solicitar una auditoría para saber qué se hace con el recurso que, según Gallardo, se entrega a la capital. Afirmó que no sabe a qué recurso se refiere y consideró que el gobernador está desinformado.

Explicó que el recurso que recibe el municipio es federal, que pasa por el gobierno del estado y se transfiere, y que no es un recurso adicional estatal: “absolutamente nada en cinco años”, dijo.

Sostuvo que no hay nada que auditar, porque el recurso ordinario d el municipio ya fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación

, y que no le preocupa que llegue otra revisión. Pidió que el gobernador diga cuánto dinero envió y a qué cuentas se refiere, y que se audite.

Sobre posibles retrasos en el recurso federal, dijo que el año pasado los hubo, pero que este año ha llegado de manera normal, porque está muy regulado.

Galindo señaló que el reparto se hace con una fórmula que está en manos del gobierno del estado, que decide a quién le da y a quién le quita. Como ejemplo, dijo que, tras la creación de Villa de Pozos, se le quitó recurso a la capital para enviarlo a ese municipio, más de lo que preveían las fórmulas y los cálculos. Afirmó que a Pozos le incrementaron la población para que le tocara más dinero y que no tiene la población con la que se calcula la fórmula. “Si es para ayudar a Pozos, que le den”, dijo.

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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