Falta de agua, violaciones a los derechos humanos, corrupción y pésimo desarrollo social son sus verdaderos resultados

Por: Ana G Silva

Ayer, en un evento donde se le impidió el acceso a la prensa, Xavier Nava Palacios rindió su tercer y último informe de gobierno como alcalde de San Luis Potosí, en el que posterior a ello, presumió en sus redes sociales haber alcanzado logros y resultados en su administración:

“Valió la pena romper el silencio para entregar un San Luis con altos parámetros y criterios de transparencia y honestidad. Hoy, en el tercer Informe de Gobierno, reafirmamos a la ciudadanía que le corresponde exigir superar los logros y resultados alcanzados por esta Administración”, comentó en su cuenta de Twitter.

No obstante, La Orquesta recolectó una serie de pendientes que dejará el actual presidente municipal.

Una de las principales deudas que deja Nava Palacios es el abasto de agua, pues muchas colonias en la capital permanecieron sin agua durante meses, donde se les cobraba cantidades elevadas en su recibo y se le beneficiaba a colonias en el poniente de la ciudad. Enrique Rivera Sierra, conocido por su activismo en defensa de la Sierra de San Miguelito, acusó que agua de El Realito solo está garantizada para unos cuantos fraccionadores.

Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, indicó que la inseguridad en San Luis Potosí se ha desbordado, en la que destacó que se debía tener mínimo 200 policías más, también debían otorgarles el armamento suficiente, capacitarlos de manera adecuada, contratar elementos jóvenes y verificar que no abusaran por su posición. Se debe agregar que con la salida de Nava del Ayuntamiento, la capital se quedará solo con 4 patrullas para cuidar una ciudad con más de un millón de ciudadanos.

Xavier Nava había prometido garantizar transparencia en su gestión, aunque deja temas pendientes como: la inversión de 50 millones de pesos del primer círculo del alcalde capitalino en la construcción de un Hotel-Campamento en la Sierra de Álvarez (revelada por La Orquesta y bautizada como el Campamento del Terror), la desaparición de 7.8 millones de pesos que anunció el tesorero Rodrigo Portilla en donde apenas hay un detenido, el apoyo a los especuladores de suelo que junto con el gobierno federal entregar mil 800 hectáreas en la Sierra de San Miguelito, obras entregadas sin licitación, etcétera.

Nava tuvo un rechazo a integrar a las comunidades indígenas que mostró durante poco más de dos años de gobierno y que estuvo a punto de llevarlo a juicio político en dos ocasiones; además violó la Ley de Consulta para Pueblos y Comunidades Indígenas de San Luis Potosí. También tuvo violaciones a los derechos humanos, como el caso de Teresa Carrizales, quien en el 2019 fue agredida por policías municipales a cargo de Nava, que con uso excesivo de la fuerza la desalojaron de su oficina, comerciantes del Centro Histórico desalojados violentamente y el caso de una vendedora de flores a la que inspectores de comercio municipales le destruyeron su mercancía y la agredieron.

En cuanto a desarrollo social, el alcalde fracaso en temas como la integración de las ciclovías, en donde hasta una persona perdió la vida; también no concretó programas como: el acercamiento a la ‘ciudad digital’, la instalación de los botones de pánico, la nula atención a los problemas de violencia hacia las mujeres.

En los últimos días de gestión, el alcalde ha llevado a cabo obras en distintos puntos de la ciudad, los cuales heredará a Enrique Galindo, en total son 25; se le acusó de adeudar 650 mil pesos que tomó de los recursos para la Cruz Roja; además, hasta hace poco tuvo que retirar el sistema de bicicletas instaladas en el centro de la ciudad al no ser utilizadas y también ser robadas.

El propio Enrique Galindo ha mencionado que se recibirá “un Ayuntamiento en pésimas condiciones”.

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Fue liberado del delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero todavía tiene otras acusaciones como el enriquecimiento ilícito y una solicitud de extradición a EU

Por: Redacción

Por falta de elementos para procesar, José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de lo Penal radicado en Ciudad Victoria, dictó un auto de libertad en favor del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución legal se dio como parte del proceso 67/2017.

El ex mandatario fue detenido hace casi cuatro años, en octubre de 2017, y actualmente está en prisión en un penal en el Estado de México.

El documento fue firmado el 17 de septiembre por José Guadalupe de la Cruz Bocanegra y va dirigido al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle del Estado de México.

“Por medio del presente, comunico a usted, que en la causa penal número 67/2017, instruida en contra de Eugenio Javier Hernández Flores, por lo delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos en agravio de la sociedad y patrimonio del estado de Tamaulipas, con esta propia fecha se dictó auto de libertad y absoluta y auto de libertad por falta de elementos para procesar a su favor”.

Se añade que por lo anterior se ordenó su inmediata libertad, considerando se encuentra privado de su libertad por estos hechos en ese centro, “sin perjuicio de que continúe detenido por causa distinta o autoridades diversas que lo reclamen”.

Así, el ex gobernador de Tamaulipas es liberado del delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por las mil 600 hectáreas en Altamira, derivado del amparo que promovió y ahora se le da cumplimiento, pero todavía tiene otras acusaciones como el enriquecimiento ilícito y una solicitud de extradición a Estados Unidos.

En octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que Hernández Flores, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de mil 600 hectáreas, ubicadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado.

Con información de Milenio

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La activista feminista conversó con La Orquesta sobre la decisión del Tribunal Electoral de retirarle su diputación

Por: Ana G Silva

Este lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) resolvió que Morena tendrá solo tres diputaciones plurinominales en el Congreso de San Luis Potosí y entregó una más al Partido Verde, este movimiento dejó fuera a Marcela García quien ocupaba la cuarta posición en el listado de legisladores de su partido. La activista feminista conversó sobre esta decisión de las autoridades electorales: “tenía muchas ganas y mucha agenda”.

Marcela García consideró que en el estado no se ha llegado a una paridad sustantiva, pues queda un Congreso conformado por 14 hombres y 13 mujeres: “No se han tomado en cuenta las aristas de la desigualdad histórica que se ha tenido en el Congreso de nunca ser paritario, hoy no lo tenemos pese a que venimos de la elección de la paridad, San Luis Potosí sigue teniendo un Congreso dominado por hombres, muchas posiciones de mujeres han sido impuestas por hombres y van a cumplir agendas de hombres”.

Por otro lado, Marcela García señaló que hay contradicciones en ley electoral en el artículo 413, pues hay un vacío y una contradicción que tiene que ser atendida en la próxima reforma electoral; además de la conformación numérica del Congreso que al ser de 27 “hace que no podamos avanzar en el tema de paridad, impiden que haya una legislatura más equilibrada”.

“Por lo que vimos en la sesión atiende a la cuestión del artículo 413 de cómo sugiere que se distribuyen las posiciones, finalmente lo que sucede ahí es que nos quitan una posición a Morena, nos quedamos con tres, pero también ahí había una falta, pese a que la Suprema Corte habla de que sí está aplicando el principio de paridad, no lo aplica porque deja un congreso de mayoría de hombres y pese a que la propuesta de la magistrada Soto era en el sentido de reponer la posición de nosotras”.

García dijo que hay poderes fácticos de hombres “que representan al patriarcado, quienes han movido, a partir del poder económico y político que tienen, las piezas y las leyes a su favor, por lo que se queda un vacío en la agenda del Congreso, de representación de la sociedad civil de las mujeres, como la que veníamos impulsando”.

La activista detalló se agotaron las instancias para impugnar la resolución, pues hoy quedó definido el legislativo con la toma de protesta: “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, agotamos todas las instancias, agotamos todos los recursos, tuvimos seis alegatos con magistrados y magistradas y creo que sí surtió efecto, porque al final de cuentas el trabajo que se hizo logró que quedara esta conformación nueva”.

Finalmente, Marcela García reiteró que ni ella ni su partido tomarán alguna acción para manifestar su descontento con lo ocurrido: “creo que hay que darle vuelta a la página y hay que continuar en los proyectos que ya traíamos con estos grupos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, no queda más que exigirle al Congreso que no abandone las causas de las mujeres y que cumpla con la deuda histórica que tienen con los derechos de las mujeres”.

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