Estado
Aytos de SLP y Soledad deben trabajar juntos vs la violencia: diputado
Por: Abelardo Medellín
El incremento en la violencia delictiva en la zona metropolitana de San Luis Potosí se debe “a la poca prevención del secretario de Seguridad Pública estatal, que recae en Jaime Ernesto Pineda “, esta fue la respuesta del diputado vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, que habló sobre las nuevas cifras de violencia y delitos rebeladas por el Secretariado Ejecutivo Federal.
El legislador afirmó que Pineda no ha dado la cara ante el incremento a la violencia: “lo han tenido que hasta perseguir ayer saliendo de Palacio”.
De acuerdo con Guajardo Barrera la actitud de poca rendición de cuentas del secretario Pineda es “lamentable, pero también tiene su responsabilidad la Procuración de Justicia a cargo del fiscal, y vemos las cifras que se dan a conocer con datos fríos, y es reprobable que el ejecutivo no tome ninguna acción relacionada con la seguridad pública preventiva”.
Por otro lado, el diputado dijo que estaban fuera del lugar las declaraciones del secretario g eneral de Gobierno del Estado, Alejandro Leal Tovías, 
“Tenemos que ver como datos de otros estados se contrastan con el nuestro, las condiciones geográficas y políticas son distintas a lo de otros lados, pero culpar a las redes sociales no tiene nada que ver con la realidad que muestran los datos” aseguró.
Al respecto de que la mayoría de los delitos en el estado hayan ocurrido en la zona metropolitana de la capital, el legislador Guajardo Barrera dijo que es responsabilidad de los alcaldes de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, coordinar acciones precisas para la prevención de la violencia, puesto que hasta ahora “sólo se ve que cada uno tiene su propia agenda y en un tema tan sensible como este se debe trabajar en conjunto”.
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El diputado aseguró que la normativa está perfectamente tipificada, y ya le corresponde a las autoridades de justicia determinar los casos en que sea violada
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano fue cuestionado con respecto de la apodada “Ley Serrano”, después de que en los últimos días, se realizaran varios arrestos por el presunto uso indebido de contenido realizado con inteligencia artificial (IA).
El legislador aseguró que la normativa está perfectamente tipificada para que las autoridades de justicia (no el Congreso) determinen si se realiza una violación legal mediante el uso de estas herramientas.
Explicó que abarca cuando se pone una voz distinta en un video a la del material de origen, se generan imágenes alteradas o construidas enteramente con IA con el objetivo de crear incertidumbre o una falsa idea en la sociedad.
Recalcó que será cuestión de la procuraduría determinar si se hace una mala utilización de la inteligencia artificial o no, contando con los elementos necesarios para poder llegar a una resolución.
Dentro de la ley, se establece el término de “alarma social
Afirmó desconocer los pormenores de los casos recientes que involucraron el arresto de algunas personas, remarcando que ese es un proceso que le corresponde a los entes judiciales.
Señaló que el objetivo de la iniciativa era proteger la seguridad pública y la integridad de los potosinos, aunque subrayó que se hizo respetando la libertad de expresión.
Asimismo, destacó que no fue una propuesta que únicamente fuera autorizada por él, sino que se fue a la votación correspondiente, donde fue aprobada por la mayoría del Congreso del Estado.
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Piden a estudiantes y familias denunciar formalmente los casos, el director dijo que la institución solo puede aplicar sanciones administrativas
Por: Redacción
Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach), aseguró que durante la actual administración se han separado de sus cargos a 16 docentes y trabajadores administrativos por conductas indebidas, principalmente relacionadas con hostigamiento y acoso sexual.
El funcionario afirmó que el subsistema implementó una política de “cero tolerancia” ante este tipo de casos y sostuvo que actualmente buscan fomentar entre estudiantes y padres de familia una mayor cultura de la denuncia.
Centeno Trejo explicó que, aunque algunas recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos continúan abiertas por los procesos en curso, todas han sido atendidas por la institución.
“Somos la institución que más docentes y administrativos hemos separado”, declaró al señalar que las sanciones aplicadas corresponden principalmente a casos de hostigamiento y acoso sexual detectados dentro de los planteles.
El director del Cobach reconoció que en administraciones anteriores pudo existir mayor permisividad frente a este tipo de conductas, pero sostuvo que actualmente la postura institucional es distinta y busca actuar de manera inmediata cuando existen señalamientos.
Asimismo, indicó que el Colegio de Bachilleres únicamente puede aplicar sanciones administrativas o ceses laborales, mientras que las investigaciones penales deben ser impulsadas por las familias ante las autoridades correspondientes, debido a que en muchos casos las víctimas son menores de edad.
“Impulsamos a las alumnas, alumnos y padres de familia a que continúen con las denuncias”, expresó.
Finalmente, reiteró que el objetivo es garantizar espacios escolares más seguros y prevenir cualquier conducta que vulnere la integridad de las y los estudiantes dentro de los planteles educativos.
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Existen varias propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios, incluida la formalizada por Morena
Por: Redacción
En el contexto del debate nacional sobre la verificación de la probidad de candidaturas, el diputado Héctor Serrano Cortés en San Luis Potosí señaló que diversas iniciativas locales siguen una línea similar a la planteada a nivel federal, aunque deberán analizarse dentro de los tiempos legales establecidos.
Explicó que actualmente existen varias propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios, incluida una iniciativa formalizada por Morena, además de una previamente promovida por el CEPAC y aprobada desde noviembre. Indicó que el dictamen ya votado en comisiones se enfoca en atender el veto del gobernador y aspectos de temporalidad relacionados con la igualdad sustantiva.
El legislador precisó que las iniciativas en discusión buscan aplicarse en una legislación que entre en vigor en 2027.
En ese marco, subrayó que una de las principales preocupaciones es la posible infiltración del crimen organizado en espacios políticos
Aclaró que el planteamiento sobre la probidad no está relacionado con señalamientos en medios o plataformas digitales, sino con un tema de institucionalidad. En ese sentido, sostuvo que el Estado mexicano cuenta con las herramientas necesarias para realizar revisiones, aunque existe desconfianza por tratarse de instituciones vinculadas al poder.
Finalmente, afirmó que su postura es distinta, al considerar que las instituciones son resultado de procesos históricos y deben ser fortalecidas para garantizar procesos electorales más confiables.
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