Aquellos funcionarios que enfrenten un juicio político podrían ser acreedores a sanciones como inhabilitación para ejercer cargos públicos

Por: Redacción

Oscar Vera Fábregat, diputado del Congreso del Estado, propuso reformar la Constitución Política del Estado para ampliar el catálogo de servidores públicos que podrán ser sujetos de juicio político en San Luis Potosí.

La reforma al párrafo primero del artículo 126, establece que en el Estado podrán ser sujetos de juicio político los diputados, el gobernador, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los consejeros de la Judicatura del Estado, los jueces de primera instancia, los jueces menores, los secretarios de despacho.

Además, el titular de la Auditoría Superior del Estado; el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; el Fiscal General del Estado, los fiscales especializados, en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y en delitos electorales; los subsecretarios, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, de las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.

Asimismo, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac); los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip); el consejero presidente y los Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

; los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos.

“De ese modo, se propone ampliar el catálogo de servidores públicos que podrán ser sujetos de juicio político en el Estado, de acuerdo con sus similares en el ámbito federal, de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como incluir aquellos que por la relevancia del cargo y facultades constitucionales, tienen funciones de tal importancia que sus actos pueden afectar los intereses públicos fundamentales de la colectividad y puedan ameritar una sanción que consista su destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”, finalizó Vera Fábregat.

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