julio 24, 2026

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Alcalde de Mexquitic se lava las manos respecto a prepa secuestrada

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Mexquitic

El alcalde de Mexquitic dijo que la SEP es la responsable de la preparatoria tomada por integrantes de Antorcha Campesina y no él

Por Redacción

El presidente municipal de Mexquitic de Carmona, Rafael Pérez Rojas, aseguró hoy que “es una equivocación, un error, yo no tengo nada que ver con la preparatoria”. Y añadió, “la nota está mal informada, que investiguen bien como está la situación”, respecto a la nota principal de La Orquesta, de este lunes, que muestra que una escuela en ese municipio fue tomada por Antorcha Campesina.

Pérez Rojas dijo: “Los ayuntamientos no son responsables de los centros educativos, sino la Secretaría de Educación Pública”. Asimismo dijo que es necesario que se tomen en cuenta ambas versiones “del director de la escuela y de los involucrados”.

Además dijo que “no tienen ninguna prueba de que yo esté interviniendo” y reiteró, que no tiene ninguna facultad dentro de las instituciones educativas “jurídicamente a los ayuntamientos no nos corresponde atender a los alumnos ni tenemos el control escolar, eso depende de la Secretaría de Educación Pública”.

La Orquesta preguntó en qué situación o estatus se encuentra actualmente la institución que la nota hace referencia, a lo que respondió “no estoy enterado, yo no me meto en los problemas internos de las escuelas”.

Pérez Rojas dijo que las escuelas están trabajando normalmente y que esa preparatoria en especial “está funcionando y hay clases: vayan a entrevistar al director y alumnos que están ahí”.

Por su parte, en el mismo tema, el diputado Pedro Carrizales Becerra, señaló que está pendiente una reunión con su “compañera” la diputada Patricia Silva Celis, para tratar el tema de las agrupaciones sociales que han intentado apropiarse a la fuerza de viviendas en el distrito VIII, que le corresponde a “Mijis”.

El legislador recordó los hechos suscitados en el mes de julio en el fraccionamiento Olinda de Villa Pozos, donde varios sujetos, al parecer de la agrupación Antorcha, intentaron apoderarse de las viviendas con uso de la fuerza y quemando vehículos: “tú sabes que Olinda está en mi distrito y ahí se quisieron apropiar de viviendas, ellos dicen que no son antorchistas”.

El diputado comentó que después de aquellos hechos, ha procurado estar al tanto de ese vecindario: “Estoy al pendiente” y añadió “vamos a colocar cámaras de seguridad y botones de pánico”, aunque eso aún no se concreta: “Estoy pendiente de llevárselos”.

Sin embargo, señaló que la situación con Antorcha Campesina es un tema pendiente, que dejará en manos de sus asesores porque por el momento “estoy enfocado a mi distrito y por lo de mi comisión, les voy a decir a mis asesores, porque yo me voy a enfocar en lo de mi comisión”.

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Ciudad

Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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