Estado
Alberto Rojo Zavaleta, señalado de violación de menores, obtuvo cargo en el PRI

El nuevo secretario técnico del Consejo Político Estatal fue señalado por abuso sexual contra dos migrantes menores de edad en 2013
Por: Redacción
El pasado domingo 27 de agosto se llevó a cabo la renovación del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí; proceso que ha sido cuestionado por los propios militantes del partido, autoridades electorales, y hasta el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, por supuesta falta de transparencia e irregularidades en el proceso de votación, así como la toma de decisiones de Sara Rocha Medina, actual dirigente estatal.
A ello, se suma la designación de Alberto Rojo Zavaleta como secretario técnico del partido, debido a que en 2013 fue denunciado por cometer abuso sexual de dos menores de edad migrantes.
Rojo Zavaleta fungía como delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí en ese momento, cuando se dio a conocer que dos menores de edad de nacionalidad hondureña fueron privadas de su libertad durante más de 2 semanas.
De acuerdo con el testimonio de las víctimas de 16 y 14 años, una de ellas logró escapar e interpuso la primera denuncia contra el funcionario del INM, acudiendo incluso al Consulado de Honduras en la entidad potosina. Posteriormente, se dio cuenta que el ex funcionario, aprovechando el cargo, utilizaba a las migrantes como damas de compañía o ‘escorts’.
El entonces funcionario fue retirado de la delegación luego de que estos señalamientos se hicieran públicos y huyó a los pocos meses. Luego de siete años fue hallado culpable y sentenciado a nueve años de cárcel, sin embargo siempre se mantuvo en calidad de prófugo de la justicia federal.
En enero de 2021 fue exonerado por un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Durante ese proceso, Alberto Rojo dijo que presentó las pruebas de descargo necesarias, sin embargo, un juez de distrito se negó a tomarlas en cuenta, por lo que se recurrió a la apelación de dos sentencias condenatorias que no se basaban en datos de prueba. Finalmente fue dictada la sentencia absolutoria a su favor.
También lee: PRI desecho impugnación en elección de Sara Rocha
Destacadas
En SLP, Inpojuve promueve espacios para acercarse a los jóvenes
Con la participación de más de 300 jóvenes, se realizaron sesiones en Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y en la capital
Por: Redacción
En cumplimiento al compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con las juventudes, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y en coordinación con el Congreso del Estado, promueve espacios donde las y los jóvenes son protagonistas y aportan directamente a la elaboración de una nueva Ley de la Juventud moderna y cercana a sus necesidades.
Con la participación de más de 300 jóvenes de todas las regiones, se realizaron sesiones en Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale
y en la capital, en el propio Congreso del Estado, donde se escucharon ideas y propuestas para mejorar la educación, movilidad, salud mental y alimentación comunitaria. Estas iniciativas reflejan el talento y compromiso de las juventudes potosinas y evidencian que el desarrollo de la juventud avanza sin límites hacia un futuro más justo y con mayores oportunidades.Destacadas
Detenciones contra red de huachicol alcanzan a potosino involucrado
La detención de Héctor N. ocurrió en un salón de eventos en Tampico y al momento, se reportan al menos 13 detenidos más
Por: Redacción
Trás un operativo de seguridad coordinado en varios estados por el decomiso de 10 millones de litros de combustible, un potosino, identificadocomo Héctor N., empresario originario de la Huasteca potosina y exaspirante a la alcaldía de Ébano, fue señ alado por presuntos vínculos el hecho.
El operativo, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se re alizaó de forma coordinada en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, y es considerado como uno de los más grandes golpes recientes contra las redes dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con reportes preliminares, la detención de Héctor N. ocurrió en un salón de eventos en Tampico, donde también fueron asegurados otros empresarios y exfuncionarios, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La magnitud del operativo refleja la coordinación entre fuerzas federales y estatales en el combate al huachicol, una actividad ilícita que ha tenido fuerte presencia en la zona que conecta a la Huasteca potosina con el sur de Tamaulipas.
Congreso del Estado
Congreso trabaja con municipios del Altiplano para regularización de predios
Se mantendrán reuniones previas para generar la estrategia para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo de requisitos
Por: Redacción
Dulcelina Sánchez de Lira, informó que en conjunto con el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), se estará trabajando en diversos municipios de la zona Altipla no para apoyar a la población que lo requiere en la regularización de sus predios y viviendas y con ello, brindar una certeza jurídica sobre sus propiedades.
Precisó que se iniciará con la revisión de algunos casos en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde se buscará generar una estrategia para que se puedan poner en orden estas propiedades.
“En días pasados estuvimos ahí en una reunión con el titular del Instituto de vivienda, pues hay varios municipios que tienen una condición en la cual pues la ciudadanía no cuenta con una certeza jurídica de los predios que habitan o de sus tierras. Y, se buscará trabajar de manera coordinada con el Instituto, para generar un plan o una estrategia para poder dar de esa certeza que la ciudadanía, y en este caso, el municipio de Mexquitic es uno de los municipios con mayor rezago en ese sentido”.
Dijo que se mantendrán las reuniones previas, para generar la estrategia a seguir para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo con los requisitos documentales necesarios para que la población inicie su procedimiento de regularización de su situación sobre la tenencia de sus propiedades.
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